En medio de una crisis económica sin precedente, atribuida a la pasividad del gobernador Armando López Nogales, en Sonora grandes empresarios buscan que en sus próximas elecciones internas el PRI o el PAN los escojan como sus candidatos a la gubernatura.
Hermosillo, Sonora.—Parecen haber quedado atrás los años de gloria del estado de Sonora, cuya agricultura y ganadería eran orgullo nacional. Hoy, la entidad está sumida en un estancamiento económico y político, a grado tal que el gobernador priista Armando López Nogales –en su quinto año de ejercicio—perdió el control incluso dentro de su partido.
A un año de entregar el mandato y frente a la posibilidad de una alternancia en la gubernatura, López Nogales maniobra para imponer a su sucesor, lo que le ha creado una confrontación con algunos grupos económicos.
“Es el gobernador más gris que hemos tenido, tanto que ni siquiera genera odio”, advierte Adalberto El Pelón Rosas, que fue candidato del Partido Alianza Social y líder del PAN estatal durante casi 30 años.
Igual de gris se ve la economía: Sin promoción del gobierno, la inversión foránea apenas creció 5.7% desde 94 a la fecha –vigencia del Tratado de Libre Comercio–, frente un incremento de un 21.4% en Baja California o 18.4 en Chihuahua; la incipiente industria maquiladora perdió 40 mil empleos de agosto del 2001 a la fecha; no hay crédito para la producción del campo, de la cual depende el 48% de la población, confirman varios entrevistados.
Y la engorda de ganado para exportación, que en el pasado le dio fama nacional, alrededor del 50% de la carne que se consume aquí es de importación, según calcula el Colegio de Sonora.
En bancarrota muchos y en bonanza pocos, los empresarios y los agricultores buscan ahora el poder político. En las semanas siguientes PRI, PAN y PRD elegirán a sus candidatos a gobernador para las elecciones del 6 de julio del 2003.
El PRI elegirá a su candidato el próximo 29 de septiembre, por medio de votación directa de sus militantes y simpatizantes. El dirigente estatal, Manuel Robles Linares, dice que esperan una participación de 100 mil votantes, quienes elegirán candidato de entre el senador Eduardo Bours, el diputado federal Guillermo Hopkins, Alfonso Molina Ruibal y el exdiputado local Héctor Cáñez.
El 6 de octubre, el PRD elige a su candidato entre los aspirantes Jesús Zambrano Grijalva, exsecretario nacional del partido, José Guadalupe Curiel, alcalde de Navojoa, y la senadora Leticia Burgos. El CEN del PRD aplicará una encuesta, y el que gane, así sea por un punto, recibirá el apoyo de los otros.
El senador Ramón Corral y Francisco Búrquez Valenzuela, alcalde de Hermosillo, son los dos contendientes en el PAN. Su elección será el 13 de octubre, mediante votación en siete “urnas electrónicas” que se ubicarán en las principales ciudades; esperan una afluencia de unos 8 mil militantes.
Si bien en todos los partidos hay tensión, es el PRI donde se asoman signos de ruptura, principalmente por el apoyo del gobierno a Molina Ruibal, exsecretario de Planeación de López Nogales.
Durante su registro, el miércoles 11, Héctor Cáñez acusó a Molina de utilizar “recursos oficiales para la compra de votos”. El mismo día, el periódico local El Imparcial, dio a conocer la existencia de un “Manual Operativo del Programa Estatal de Promoción del Voto”, al que se destinarán 13 millones 470 mil pesos.
Molina ha negado que sea “el candidato oficial” y el gobernador dijo que no hay desvío de recursos públicos a su favor, a pesar de que se comprobó el uso de aviones del gobierno del estado para reunirse con priistas para organizar su precampaña.
Los empresarios o agricultores que buscan la nominación dentro de sus partidos, son: Por el PRI, el senador Bours, cuya familia es propietaria del consorcio Bachoco, una de las diez productoras de pollo más importantes del mundo –según su página de Internet—, la cual no está asentada en Sonora, sino en el Bajío, y el diputado federal Hopkins, agricultor fuerte en la zona de Magdalena de Kino. Por el PAN están el senador Corral, involucrado en la rama restaurantes, en la distribución de aparatos de refrigeración, así como en almacenaje, en tanto que el alcalde Búrquez proviene de negocios de autoservicios, la rama de la construcción, la ganadería y la avicultura.
El presidente del Consejo de Promoción Económica del Estado, el empresario Javier Gándara Magaña, está vinculado a la rama automotriz con el poderoso grupo Fernández y con el molino harinero “La Fama”. Por sus vínculos familiares con Ramón Corral, sus opositores consideran que estaría apoyando la campaña del senador panista. Su hermano Ernesto trabaja en Los Pinos con el secretario particular del presidente Vicente Fox, Alfonso Durazo, frustrado aspirante a la candidatura del PAN.
“Hay apellidos de tradición, de pedigrí, que eran los hombres de empresa del pasado, cuya fuente de ingresos se ha agotado, no atinan a trascender esas actividades y todo indica que el mecanismo para mantener sus ingresos es la política”, advierte Alvaro Bracamonte Sierra, coordinador general académico del Colegio de Sonora (Colson).
Recuerda cómo en el debate entre candidatos al ayuntamiento de Hermosillo en el 2000, el actual alcalde, Búrquez, fue acusado por Gándara de ser un “empresario fracasado”, que se metía a la política porque “pretendía sanear las finanzas personales”.
El Pelón Rosas, expulsado del PAN en 97, sostiene que “estos empresarios no tienen mística política. Es gente que sólo obedece a la oligarquía que desea el poder”.
Tras calificarlos como “trasvestis políticos, que cambian de ropaje cuando la mesa ya está servida”, Rosas denuncia que “existen gastos exagerados en la precampaña y una presencia en televisión y radio que agobia. Parece que quieren comprar la gubernatura”.
Rosas formuló una denuncia ante Secretaría de la Contraloría y las cámaras de diputados y senadores, al considera que algunos aspirantes “usan sus cargos como senadores, diputados o presidentes municipales para promoverse con recursos públicos, siendo que sus responsabilidades deben ser irrenunciables”.
Juan Poom Medina, investigador de Estudios Políticos y de Gestión Pública del Colson, advierte que “Sonora vive un parteaguas en la elección del 6 de julio, ya que luego de la tradición de partido único –PRI—, en los próximos comicios existe la posibilidad de que haya una alternancia en la gubernatura”.
Considera un problema es que la ley electoral aún establece que la calificación de la elección corresponde al Congreso del Estado, contraria a la tendencia nacional de órganos calificadores autónomos.
Los nubarrones
Para entender por qué Sonora entró en una etapa de estancamiento económico, Alvaro Bracamonte Sierra, del Colegio de Sonora, explica que ni el gobierno ni los empresarios se prepararon para la competencia internacional, se canceló el crédito, ya que el estado está entre las diez más grandes carteras vencidas del país y no hubo promoción del gobierno estatal.
Además, el gobernador ha tenido una actuación muy desdibujada: “López Nogales es un gobernador menos activo del que previamente se tuvo, Manlio Fabio Beltrones, quien se envolvió de una aureola de hiperactividad política”.
Aclara que Beltrones tuvo una coyuntura más favorable de acceso al crédito, su administración adquirió una deuda de alrededor de 2 mil 160 millones de pesos, hubo inversión canadiense en el sector minero y entre 1995 y 1996 los precios internacionales de los granos alcanzaron promedios históricos nunca registrados, “sin embargo, López Nogales entró con las manos atadas y tuvo que administrar el pago de la deuda”.
Desde 1995 se desaceleró la economía local: “En 1996 el Producto Interno Bruto nacional fue de 7% frente al 3.8 de la entidad y si consideramos que ese 7% nacional se basó en el crecimiento maquilador e industrial de toda la frontera, eso da una idea del rezago de Sonora. En el 2000, permanecía el 7% nacional, frente a una recuperación de 4.73% estatal.
“Y ni gobierno ni empresarios atinan aún a definir cuál es el rumbo y la nueva vocación de Sonora. La agricultura dejó de ser el pivote de crecimiento.”
En este ramo está involucrado el 48% de la población y existen 700 mil hectáreas cultivables, dice Rosas. En tanto, Bracamonte advierte que la brecha de rentabilidad se estrechó.
En 1996, por ejemplo, la tonelada de trigo se comercializaba en 2 mil pesos, mientras el costo de producción ascendía a 3 mil 500 por hectárea. Actualmente, producir una hectárea de trigo cuesta 6 mil pesos y se comercializa en mil 150 pesos.
Para atraer inversión externa, explica, el gobierno de López Nogales creó el Consejo de Promoción Económica del Estado, presidido por Gándara Magaña, “que utilizó el puesto no para la promoción de la entidad, sino para su promoción política, porque quiere ser alcalde o gobernador”.
Según Bracamonte tampoco el sector productivo está preparado para la competencia. Un estudio elaborado por el Colson sobre la entrada en vigor del TLC, arrojó que “mientras para empresarios de Baja California y Chihuahua el TLC representaba una enorme oportunidad para los negocios, en Sonora representaba una amenaza. Eso da una idea de la cultura empresarial, sin experiencia con la competencia, sino que eran empresarios, sobre todo del sector agropecuario, apoyados y protegidos por el estado. Eso hizo del 94 y 95 una experiencia desastrosa para la entidad”.
Mario Aguirre, representante del sector maquilador de Sonora, advierte que viven un período difícil, como el resto de la frontera, aunque considera que se agudiza para las empresas asentadas en la entidad por las altas temperaturas que obligan a usar sistemas de refrigeración que incrementan 300% los costos.
Así se han perdido 40 mil empleos directos de la industria maquiladora –textil, de piezas electrónicas y manufactura– de agosto del 2001 a la fecha. Las ciudades más perjudicadas son Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, donde el 80% de la economía local depende de esa industria.
Aguirre explica que la promoción del estado se ha visto afectada debido a la falta de una ley de fomento económico que permita garantizar incentivos al inversionista foráneo.
No se olvida
Para el sector maquilador de Sonora, la participación de empresarios en la política es un signo alentador, dice Aguirre, porque “es lo que necesita el estado. Necesitamos un gobierno que maneje y administre las cosas con sentido empresarial, ya que la vocación de Sonora es producir y manufacturar para exportar”.
Adalberto Rosas discrepa de esta opinión, ya que sería lo mismo que sucede con el gobierno federal, donde los funcionarios “son los que se ponen sueldos millonarios y sólo obedecen a la oligarquía, alejados del pueblo. Fracasaron en los negocios y ahora quieren mamar de la política”.
Además, dice, “estos aspirantes piensan que en Sonora existe falta de memoria colectiva sobre sus pasados, pero quizá a los jóvenes sonorenses convendría darles una recordada de quiénes son estos personajes que hoy buscan su voto”.
Recuerda, por ejemplo, que Bours está involucrado en la investigación que el IFE hace del Pemexgate. En enero último, el perredista Pablo Gómez presentó una queja ante la Comisión de Fiscalización del IFE, para investigar los recursos –alrededor de 900 millones de pesos—que recibió la campaña del PRI en el 2000, según una declaración periodística del propio Bours (Reforma, 24, enero 2002).
Antes Bours participó en el rescate financiero de los grandes deudores del IPAB-Fobaproa, mediante la Unidad Coordinadora de Adeudos Bancarios Empresariales (Ucabe), que salvó de la ruina a grandes empresas, al negociar más de 10 mil millones de dólares, con quitas extraordinarias y tratos preferenciales y, previamente, participó como interventor de Del Monte, por lo cual le correspondió manejar la venta de esa empresa (Proceso 1233).
Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, Bours fue el representante de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (Coece) en el área agropecuaria, la cual privilegió la desgravación acelerada de las mercancías mexicanas y extranjeras, que hoy tienen sumido al campo en el desastre (Proceso 919). Su coordinador de precampaña es el empresario Ricardo Mazón, cuyo nombre aparece en las listas del Fobaproa.
A Molina Ruibal lo persigue también el pasado. En 1982, cuando fue diputado federal, la oposición descubrió su participación en un presunto fraude electoral. La controversia llegó a la tribuna de la Cámara de Diputados, donde Molina reconoció haber participado en el robo de urnas, “pero no fueron tantas” como la oposición decía.
