Manuel Robles
En extensas zonas apartadas del territorio nacional conviven la cultura de la pobreza y la cultura del tráfico de estupefacientes, a tal grado que los narcos vuelven prácticamente imposible la aplicación de los programas de asistencia social.
En casi 300 municipios –incomunicados y de alta marginación — es prácticamente imposible aplicar los programas sociales del gobierno federal, debido principalmente a la presencia del narcotráfico, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El problema se presenta fundamentalmente en 15 estados, en los que se dan “condiciones favorables” –clima, vegetación, extensión territorial– para el cultivo y el tráfico de drogas. Lo mismo en municipios de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, en el norte, que en Jalisco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas…
En algunos de esos municipios se ha detectado, además, la presencia de “grupos guerrilleros”, lo que también obstaculiza la aplicación de los programas sociales.
La secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, reconoció que “la presencia de grupos de narcotraficantes en zonas marginadas del país, ha impedido que los programas contra la pobreza lleguen hasta esos lugares”.
El 21 de agosto, en una entrevista con El Universal, Vázquez Mota dijo que quienes “se involucran en negocios ilícitos no lo hacen por voluntad propia, sino porque no hay alternativas”. Explicó que “a la delincuencia organizada le conviene mantener aislados y sin acceso a la infraestructura los poblados que domina”.
No obstante, para legisladores, alcaldes, dirigentes campesinos y organizaciones de derechos humanos, el problema radica principalmente en la “corrupción e ineptitud” del gobierno para atender las zonas marginadas del país.
“Decir que el narcotráfico inhibe la aplicación de los programas sociales es un pretexto para no ayudar a la gente”, afirma Juan Bautista Valle, presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de Guerrero.
“En muchas ocasiones, los narcos han impedido que los pobres se mueran de hambre”, dice Minerva Nora Martínez, del Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”.
“El problema se debe a la falta de información sobre los municipios marginados y a los programas ineficaces”, considera el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero, quien puntualiza: “Los programas no llegan porque los más pobres de los pobres no existen en las estadísticas”.
El mapa de la pobreza
De acuerdo con un mapa elaborado mediante el cruce de datos de dependencias federales, el gobierno ubicó a unos 300 “municipios problemáticos”, con base en 10 variables: Grado de marginación, topografía, lejanía de vías de comunicación, tipo de vegetación, extensión territorial, índice de dispersión poblacional, áreas naturales protegidas, zonas de desastres naturales, zonas de acción de grupos guerrilleros y rutas del narcotráfico.
El sistema permite establecer los “riesgos sociales” –por la “pobreza, desesperación, inestabilidad y guerrilla”— principalmente en esos municipios, en los que no hay escuelas, clínicas, bancos, jueces, teléfonos, ministerios públicos…
Con ese método, se tiene detectada la presencia de “grupos guerrilleros” en varias zonas, como la Huasteca Potosina, el sur de Puebla y el norte de Oaxaca; sur-centro de Veracruz; Coyuca de Benítez, Guerrero, incluido el EZLN en Chiapas.
Además, de los 2,446 municipios del país, mil 334 –donde viven aproximadamente 20 millones de personas– están considerados como de “alta marginación”.
Según Vázquez Mota habría una solución: crear incentivos para superar los apoyos otorgados por los “grupos ilegales”, es decir, “ofrecer a los pobres de esas regiones inaccesibles propuestas serias de proyectos productivos y cumplirles sus demandas de crear más caminos”.
Consultados al respecto, alcaldes de Michoacán denuncian: “El problema no es del narcotráfico, sino que la entrega de recursos no es pareja, el dinero prometido no llega y los programas no aterrizan”.
Irineo Mendoza, alcalde perredista de Aguililla, “municipio problemático” por la presencia de narcotraficantes y guerrilla, señala: “Gente de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) quiere jinetear el dinero de los programas. Y si nosotros no presentamos un proyecto de vida, es lógico que la gente se dedique al narcotráfico”.
De acuerdo con Agustín Bautista Espinoza, Elías López Mendoza y Eleazar Flores Sesmas, alcaldes de Coalcomán, Coahuyana y Tuzantla, respectivamente, es mentira que el narcotráfico frene la ayuda a los pobres.
Bautista Espinoza dice que la ayuda oficial “se ha utilizado muchas veces con fines políticos”, y lamenta que eso pase en una entidad como Michoacán, en la que el 70% de la población –de 3 millones 985 mil habitantes– no tiene derecho a los servicios básicos de salud y 1 millón vive en la pobreza extrema.
Flores Sesmas se queja: “En todo esto hay una serie de contradicciones y trabas. A nosotros nos hacen llenar dos o tres veces los formatos para pedir la ayuda. Y no hacemos obras porque el dinero no llega. Sin embargo, en Tuzantla no hay problema con los narcos”.
El delegado de la Sedesol, Luis Mejía Guzmán, niega también que los narcos hayan frenado la aplicación de los 17 programas sociales que, dice, se aplican “normalmente” en los 113 municipios michoacanos.
Precisa: “Los recursos se entregan en municipios de alta y muy alta marginación, la mayoría en la zona del narcotráfico y nunca nos han puesto trabas o impedimentos”.
Con él coincide Armando Croda de la Vequía, delegado de la Sedesol en Veracruz –entidad que ocupa el cuarto lugar de pobreza en México–, quien dice: “Aquí no hay focos rojos”.
Admite, empero, que “hay problemas” en las sierras de Zongolica, en Uxpanapa y en la Huasteca Alta, principalmente, aunque afirma que la delegación a su cargo opera con “éxito” en 22 microrregiones del estado.
Para el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, y Juan Bautista Valle, presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, el problema se debe al “olvido del gobierno, información incompleta sobre las comunidades marginadas y los programas ineficaces para combatir la pobreza”.
A su juicio, esto ha provocado el crecimiento del narcotráfico en Guerrero, estado que ocupa el segundo lugar nacional de producción de enervantes.
Sin embargo, ambos rechazan que el narcotráfico sea un freno para aplicar los programas sociales en la entidad.
Miembro de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Barrera Hernández puntualiza: “Desde hace 40 años, por lo menos, en la región de la Montaña se cultivan estupefacientes. Y es que la población no ha encontrado respuesta a su miseria. La falta de acceso a los programas sociales se debe a la elaboración deficiente del mapa de la pobreza.
“Antes de que le cambiaran el nombre a Progresa, nosotros advertimos que la Sedesol aplicaba o no sus programas con base en la información incompleta del INEGI, que no tiene un claro registro de poblaciones de menos de 300 habitantes, como en el caso de las comunidades Xalatzala, Tlacuiloya y Santa María Tonaya, de Tlapa. Por esa razón, éstas poblaciones no fueron incluidas en los programas”.
Advierte el antropólogo: “El problema podría extenderse a los otros 17 municipios de la Montaña, la región más pobre del estado, mayoritariamente habitada por indígenas. Este es el talón de Aquiles de la Sedesol. Los programas sociales no llegan porque los más pobres de los pobres no existen en las estadísticas”.
Insiste: “Y no es cierto que el narcotráfico impida el desarrollo del país. De ser así, la secretaria Vázquez Mota estaría reconociendo que en México hay un proceso de colombianización y que los narcotraficantes controlan municipios aislados. Eso implicaría que el Estado no controla esas regiones y un grado de descomposición muy grave”.
Subraya: “Es difícil de aceptar, pero las comunidades indígenas del estado son subsidiadas por el narcotráfico y los migrantes. Eso pasa en Tlapa, el municipio con más servicios públicos, donde hay enormes colas en las casas de cambio, más que en la presidencia municipal”.
Bautista Valle cuestiona, por su parte, el hecho de que los campesinos miembros de organizaciones defensoras de los bosques de la región, hayan sido objeto de “discriminación política” y, por ende, excluidos de los beneficios sociales.
El dirigente ecologista asegura: “El gobierno y los militares están detrás del aumento del narcotráfico en la sierra de Guerrero. Sin embargo, afirmar que los narcos inhiben la aplicación de los programas sociales, no es más que un pretexto para no ayudar a los pobres. Yo, personalmente, he realizado gestiones en Chilpancingo y Petatlán, pero nunca me han hecho caso”.
Competencia desigual
Delegados de la Sedesol en diversos estados admiten que, en “casos aislados”, el narcotráfico ha frenado la aplicación de programas sociales, como “Oportunidades”, “Procampo” y “Vivah”, que forman parte de “Contigo”, la nueva estrategia de desarrollo social del gobierno foxista.
Alejandro Higuera Osuna, delegado en Sinaloa, entidad considerada como sede de cárteles de la droga, afirma que la mayoría de los programas se ha aplicado sin problemas en las zonas rurales.
Sin embargo, revela que, en el caso del programa “Empleo Temporal”, dirigido a generar oportunidades en las comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes, la gente no encuentra mayores incentivos, debido a que recibe menos del salario mínimo vigente en la entidad.
Dice: “Sin embargo, en la cosecha de mariguana y otros narcóticos, la gente recibe unos 500 pesos al día. Me pregunto: ¿Cómo podemos competir nosotros con ellos? En esas comunidades no se ha podido aplicar el programa de Empleo Temporal”.
Advierte que otro programa, “Centros Comunitarios Estratégicos”, con el que se pretende llevar servicios públicos a las regiones inaccesibles, también podría enfrentar problemas: “Esto le va a hacer ruido al narco, porque se trata de un programa para microrregiones, con el que se harán caminos, escuelas y se instalarán teléfonos”.
En Villahermosa, Tabasco, el delegado de la Sedesol, Juan Jacobo Pérez Cornelio dice que no hay “evidencias” de que recursos de programas sociales se utilicen para el cultivo de drogas, y aunque reconoce que en el estado ha aumentado el número de pobres, sostiene que “la gente no ha optado por el narcotráfico”.
Explica que como reflejo de la creciente pobreza en la entidad cuatro de los 17 municipios tabaqueños –Centla, Jonuta, Tacotalpa y Huimanguillo–, figuran ahora como “localidades de alta marginación”.
Helidoro Díaz Escárcega, secretario de Protección Ciudadana en la ciudad de Oaxaca, sostiene: “Cuando los programas sociales no llegan a los pueblos, se debe única y exclusivamente a que los recursos son limitados. Primero habría que resolver la problemática agraria y generar un desarrollo sustentado en las comunidades, para que la gente no sea presa fácil de los narcotraficantes”.
Minerva Nora Martínez, del Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, coincide: “No hay elementos para afirmar que los narcos obstaculizan los programas sociales. Al contrario, en muchas ocasiones ellos han impedido que los pueblos se mueran de hambre. Decir eso puede ser una justificación del gobierno para esconder su ineptitud”.
Abunda: “Sucede que muchos de los recursos se entregan a pseudolíderes y éstos se quedan con ellos. Es el caso, por ejemplo, de Domingo García Mijangos, quien obliga a los habitantes de Ozolotepec a firmar documentos y no les entrega el dinero o sólo les da una parte”.
El delegado de la Sedesol en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, cuenta que, en comunidades de la llamada zona del conflicto –donde la población se identifica como bases de apoyo del EZLN–, “la gente se ha declarado en resistencia contra el gobierno federal, por lo que lo recursos federales no son aceptados, con el argumento de que primero deben cumplirse los Acuerdos de San Andrés”.
Tras el levantamiento armado del EZLN, en 1994, cuando el gobierno federal anunció que se haría la mayor derrama económica en materia de desarrollo social, los índices de pobreza y marginación, lejos de disminuir, han empeorado: Más de 50% de la población aún cocina con leña; 32% no tiene agua potable; 12% carece de energía eléctrica; 37% no tiene drenaje, y el 38 habita en viviendas con pisos de tierra…
Ahora se habla de otro “ambicioso programa” para sacar de la pobreza a municipios de la Selva Lacandona, Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano, La Independencia, La Trinitaria, Marqués de Comillas…
El desinterés
–Aquí, la señora Josefina (Vázquez Mota) ha venido como dos veces –cuenta José Luis Dibildox, obispo de la Tarahumara. Y agrega al referirse a la aplicación de los programas sociales en esa deprimida región del estado de Chihuahua: “¡Aquí no hay nada! Yo diría que hay un total desinterés”.
En entrevista telefónica, Dibildox, lamenta que el presidente Fox, quien “desde un principio prometió combatir la pobreza, no se haya parado por la región. No lo hemos visto por acá… Prefirió viajar a Africa. Me hubiera gustado que se diera una vuelta por esta zona de extrema pobreza”.
Y sobre la situación en la sierra, explica: “Aquí hay que distinguir entre el mundo mestizo y el indígena. Desgraciadamente, es una realidad que los mestizos, principalmente, caigan en la tentación de la narcosiembra. Y es que es algo fácil, que les deja mucho dinero. En cambio, los indígenas, que son los más pobres, normalmente no se meten en esas actividades. Se conforman con sembrar sus tierras para sobrevivir. Por eso es difícil que los proyectos se realicen en la zona”.
–Se dice que el narcotráfico frena la ayuda a los pobres.
–Se trata de un circulo vicioso: hay narcotráfico porque no hay otro medio de subsistencia, y mientras no se rompa ese círculo, será difícil erradicarlo. Un ejemplo: hace 50 años que el Ejército patrulla la sierra y el narcotráfico no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Esto quiere decir que la presencia del Ejército no es la solución.
Cree que programas sociales, como el de “Proyectos Productivos, “ayudaría a muchísimas familias de la Tarahumara. En la zona serrana es necesario poner esos proyectos al alcance de la gente. Además, urge evitar un severo problema: el burocratismo, eso sería de gran ayuda para nuestra gente”.
Obispo de una miserable región en la que viven cerca de 90 mil indígenas y 220 mil mestizos, Dibildox no ve de plano ningún cambio social en el gobierno actual: “Todo México sabe de la situación de extrema pobreza que hay en la Tarahumara. Tengo esperanzas de que el gobierno tome mayor interés en la región y se haga un estudio serio para ver cómo pueden ser efectivos los proyectos”. (Con información de Francisco Castellanos, Armando Guzmán, Gloria Leticia Díaz, Isaín Mandujano, Regina Martínez y Pedro Matías).
