El parque Mirador, en el extremo norte de la calzada Independencia y a la orilla de la barranca de Huentitán, acaba de sufrir el más grave atentado en sus cuatro décadas de existencia. Durante el fin de semana del 5 y el 6 de noviembre, en ese magnífico espacio de recreación popular comenzó la tala de cientos de árboles adultos y sanos. Con el consentimiento y la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, el ecocidio fue perpetrado por el grupo empresarial que trae entre manos un proyecto singularmente anómalo: la edificación en un parque público, visitado sobre todo por personas de escasos recursos, de un pretendido museo de arte moderno cuyos gastos de construcción, operación y mantenimiento serían pagados casi en su totalidad con el dinero de los contribuyentes, aun cuando su manejo quedaría en manos de particulares: los falsos mecenas tapatíos.
El derribo de árboles se hizo siguiendo la perversa táctica del sabadazo, es decir, aprovechando el sigilo y la sorpresa que permite un fin de semana, ya sea para cometer una fechoría o un acto que se quiere ocultar en el momento de su realización; así, para cuando la opinión pública se entera, el daño ya está hecho y es irreversible. No otra cosa sucedió hace 31 años, cuando a instancias del entonces rector de la Universidad de Guadalajara (Enrique Zambrano Villa, irónicamente arquitecto de profesión) fue demolida la antigua Escuela de Música, una finca contemporánea del Paraninfo y estéticamente tanto o más agraciada que éste, lo cual se explica por el hecho de que ambas obras fueron concebidas por el mismo arquitecto: Alfredo Navarro Branca. Este atentado también se dio durante un fin de semana y, para más señas, cuando la UdeG se hallaba en el periodo de vacaciones de fin de año.
Otra coincidencia, este añejo atentado al patrimonio arquitectónico tapatío fue cometido también en nombre de la cultura, pues en la cerca perimetral con que quiso ocultarse la destrozada Escuela de Música se pintó la leyenda: “Próximamente, Centro Cultural Universitario”. Aparte del crimen perpetrado en nombre de las musas, lo único que quedó de esa falsa promesa artística es el rimbombante nombre impuesto a la mole que desde hace tres décadas ocupa el lugar de la desaparecida finca patrimonial: “Edificio Cultural y Administrativo”, aun cuando sólo se trata de una edificación común y corriente, concebida para albergar oficinas, con la sola excepción de una sala de cine en uno de los sótanos.
Pero si la desaparición de la Escuela de Música a fines de 1980 fue obra de una sola persona (el susodicho arquitecto Zambrano Villa), la paternidad del atentado que se viene cometiendo contra el parque Mirador Independencia es múltiple, pues se halla repartida entre los integrantes de la asociación civil Guadalajara Capital Cultural y autoridades estatales y municipales que a lo largo de siete años han gastado recursos públicos en un proyecto descocado: edificar, sobre el más vistoso parque público tapatío, un pretendido museo de arte moderno que ni siquiera contaría con una colección propia.
La idea de construir una casa de las musas a la orilla de la barranca de Huentitán fue de Víctor Manuel Contreras, autor de la escultura en bronce que se localiza en la parte central de la plaza Tapatía y cuyo nombre oficial es La inmolación de Quetzalcóatl, aun cuando, vox populi, sea conocida como el sacacorchos o el rabo de Porky. A finales de 2003, Contreras trajo a Guadalajara al entonces director de la Fundación Guggenheim, Thomas Krens, a quien había conocido en Cuernavaca y presentó con varios empresarios tapatíos, con el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, con el alcalde saliente de Guadalajara (Fernando Garza Martínez) y hasta con el electo (Emilio González Márquez).
Krens propuso a sus anfitriones tapatíos inscribir la candidatura de Guadalajara para contender por la primera sede latinoamericana del museo Guggenheim, luego de que Río de Janeiro renunciara a tal “privilegio” por lo costoso que resultaba el proyecto. El fácil entusiasmo cundió entre funcionarios y negociantes tapatíos. Algunos de estos últimos, entre ellos Aurelio López Rocha, ahora secretario de Turismo, convencieron a principios de 2004 al recién estrenado alcalde tapatío, Emilio González Márquez, para que el gobierno municipal pagara la mitad de los 2 millones de dólares del estudio de factibilidad (el resto sería cubierto, eventualmente, por el gobierno estatal y los propios promotores del proyecto). El dato anecdótico fue que, para completar la parte del ayuntamiento, el alcalde echó mano del presupuesto asignado para uniformes y equipo de la Policía de Guadalajara.
El estudio de factibilidad se concluyó ya avanzado 2005, cuando González Márquez preparaba su separación de la alcaldía con el fin de contender por la gubernatura de Jalisco. El resultado del estudio fue que sí era factible la construcción de una sucursal del Guggenheim a la orilla de la barranca, específicamente en la zona de Huentitán el Bajo, como desde el principio habían sugerido Víctor Manuel Contreras y Thomas Krens (Público, 15 de mayo de 2004).
Cabe señalar, sin embargo, que para ese entonces aún no se decidía que el soñado Guggenheim tapatío se construyera sobre el parque Mirador Independencia. Eso ocurrió después. A raíz de que en julio de 2006 el panista Alfonso Petersen Farah ganó la alcaldía de Guadalajara, los promotores del proyecto (entre otros, Carlos Álvarez del Castillo, dueño del diario El Informador, y el ya mencionado Aurelio López Rocha, a la sazón director del World Trade Center de Guadalajara) se acercaron al nuevo alcalde para proponerle que el ayuntamiento tapatío donara el parque Mirador Independencia a fin de edificar ahí el Guggenheim por venir. Petersen Farah accedió y, con el acuerdo del cabildo, el 27 de abril de 2007 hizo la donación a Guadalajara Capital Cultural con una condición: si el museo no se construía en un plazo de tres años, el terreno sería devuelto a la comuna.
Para septiembre de 2009 se anunció la cancelación definitiva de la sede tapatía del Guggenheim, proyecto al que sólo había apoyado de dientes para afuera el gobierno federal (tanto el de Vicente Fox como el de Felipe Calderón). Y ante la perspectiva de tener que devolver el parque Mirador Independencia a sus legítimos dueños (los tapatíos), los socios de Guadalajara Capital Cultural se apresuraron a presentar un proyecto alternativo (el llamado Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo), para lo que pidieron les fuera ratificada la posesión del parque. Esto hizo, el 23 de diciembre de 2009, el alcalde interino panista Juan Pablo de la Torre, y así lo ratificó el pasado 2 mayo el actual alcalde priista, Aristóteles Sandoval. Así vino a consumarse el atraco que terminó privatizando un parque público a cambio de la promesa de un bien incierto: las supuestas legiones de turistas que serían atraídas por un “museo” sin colección propia, y sin pies ni cabeza.
Y ahora que organizaciones ecologistas y vecinos de la zona lograron detener el derribo de árboles, no ha faltado el editorialista oficioso que se diga “sorprendido” por la oposición a esa tala y asegure, sin dar ningún argumento, como es el caso de Diego Petersen Farah, que “el Museo (a la orilla de la Barranca) no sólo es algo que la ciudad ha soñado (sic) y necesita, sino que será sin duda un gran detonador de la zona” (El Informador, 11 de noviembre). Es decir, según el menor de los Petersen Farah, a “la ciudad” la conforman los promotores y fans del cacareado museo barranqueño, y la opinión del resto de tapatíos, cuando no es objeto de sospecha, vale tanto como un cero a la izquierda.
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