Señor director:
Coincido con lo que manifiesta Marta Lamas en su artículo El miedo nos mata en silencio que, publicado en Proceso 1828, comenta otro de Samuel Máynez Champion difundido en la edición 1827 bajo el título de Agresión acústica.
Si bien ambos textos se refieren al ruido que nos rodea, quiero referirme a un espacio ruidoso que no fue mencionado por ninguno de los dos autores: el Metro de la Ciudad de México.
Quienes usamos este medio de transporte debemos padecer a los vendedores ambulantes de discos compactos de música, los cuales la reproducen a volúmenes que exceden cualquier umbral tolerable, con dos agravantes: una, que sus discos son de procedencia ilícita, porque como música pirata no pagan derechos, o se trata de artículos robados, lo que explica su bajo precio; y dos, que los vendedores gozan no sólo de la tolerancia, sino del apoyo de las autoridades para que realicen sus actividades en los vagones.
Así, los vendedores con discapacidad visual tienen tarjetas de cortesía que les permiten entrar al Metro gratuitamente, y lo hacen primordialmente para vender música pirata que ofrecen a niveles dolorosos para los oídos del resto de los viajeros.
Por si fuera poco, el número 9 de la página del STC establece como un objetivo el desarrollo de “corredores y espacios comerciales para vagoneros, invidentes, silentes y personas con discapacidades, así como monovisuales”. Obviamente, la práctica se extiende a muchos otros vendedores ambulantes sin discapacidades.
Somos, entonces, unos 4 millones de usuarios del Metro los que cada día estamos sometidos al suplicio de la contaminación auditiva, cifra que está muy lejos de ser superada por la que puede calcularse en los sitios ruidosos detectados por Máynez y Lamas.
Aunque el tema que nos ocupa es el ruido como un factor dañino para la salud, el problema en los vagones del Metro es más complejo. Por un lado, tenemos leyes federales que tipifican los delitos de piratería en toda la cadena de producción, así como otras que penalizan la compra y venta de artículos robados, mientras que una de las misiones expresas del Metro es “lograr un servicio de transporte de excelencia”.
Nada de esto se cumple con estos vendedores que, además de causar contaminación auditiva, forman grupos que pueden pagar cuotas monetarias a algunos funcionarios por sus permisos o brindar apoyos político-electorales a diversos aspirantes a puestos de poder.
Todo, en detrimento de quienes usamos el Metro sólo para desplazarnos de un punto a otro de la ciudad.
Propongo que se haga un reportaje a fondo sobre esta situación para que los próximos aspirantes a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal abran un debate sobre la forma de liberar a los usuarios del Metro de la diaria tortura de contaminación acústica. (Carta resumida.)
Atentamente
Lauro Urbina López
