Hace un par de meses, cuando Emilio González Márquez aún se hacía ilusiones de que podría mudarse de Casa Jalisco a Los Pinos y, en pos de ese sueño, ensayaba las más variadas formas para llamar la atención de la opinión pública sobre su persona, derrochando para ello el dinero de los jaliscienses –una de las especialidades, por lo demás, de su gobierno– hizo algo que, paradójicamente, casi pasó inadvertido tanto para los medios como para los ciudadanos: se puso en contacto con el escritor Héctor Aguilar Camín para solicitarle una propuesta sobre la manera en que un gobierno como el de Jalisco podría ayudar a resolver el grave problema nacional de tráfico y consumo de estupefacientes.
La sugerencia del director de la revista Nexos fue la de realizar un estudio sobre el que, sin ninguna duda, se ha convertido desde hace años –y particularmente durante el gobierno de Felipe Calderón– en el peor flagelo social de nuestro país. Ese estudio estaría orientado hacia cuatro aspectos particulares: 1) el consumo de “drogas ilegales” entre la población mexicana; 2) el impacto que ello ha tenido en la salud pública del país; 3) las dimensiones nacionales e internacionales de tan siniestro negocio, y 4) los resultados que hasta ahora han obtenido las autoridades con la aplicación de la legislación vigente sobre la materia.
Ya fuese porque Aguilar Camín sea de veras un discípulo aventajado de Og Mandino (si no el intelectual-vendedor más grande del mundo, sí el más ducho con el sector oficial mexicano) o porque para ciertas cosas González Márquez sea un pichón a modo, lo cierto es que, por lo visto, el primer mandatario de Jalisco quedó fascinado con la propuesta y de inmediato contrató los servicios del también fundador de la editorial Cal y Arena, a fin de que él y su equipo de la revista Nexos realizaran un estudio sobre el narcotráfico, que diera luces para salir del sangriento atolladero en el que la presidencia de Felipe Calderón ha metido al país y para que, eventualmente, el Partido Acción Nacional se pudiere mantener en el gobierno federal y, claro, para que el panamericano gobernador de Jalisco se convirtiera en el salvador de la patria y Aguilar Camín y colaboradores en los héroes intelectuales de esta historia.
El acuerdo entre ambas partes se hizo del conocimiento público el pasado 26 de septiembre, cuando en la Ciudad de México González Márquez y Aguilar Camín
–este último en su calidad de director de la revista Nexos– firmaron un contrato para que se realizara el estudio de marras. En esa ocasión se dijo que “los gastos (generados) serían absorbidos por (el gobierno) de Jalisco” y que sería “en noviembre (de 2011) cuando se tengan resultados” (Milenio Jalisco, 27 de septiembre). Sin embargo, no se dijo a cuánto ascendería el costo del estudio ni se especificó para qué alturas del mes ahora en curso estarían listos los resultados, pues tanto el patrocinador como el coordinador del estudio hablaron de otras cosas.
Aguilar Camín dijo que se trataba de “un intento de buscar opciones para reducir el daño (del narcotráfico) tanto en materia de seguridad pública y violencia, como de daños a la salud”. Por su parte, el mandatario jalisciense trató de justificar el desembolso no cuantificado que haría su gobierno para patrocinar el sobredicho estudio y aprovechó la ocasión para hacer una crítica abierta a la inamovible estrategia de combate al narcotráfico que hasta ahora ha mantenido el presidente Felipe Calderón.
González Márquez primero reconoció que en Jalisco “se incrementó el número de adictos” (lo cual alguien podría interpretar como un ejercicio de autocrítica, si bien trufado por una ambigüedad retórica), para luego cuestionar frontalmente el estado de cosas que prevalece a nivel nacional. Primero optó por ponerse “propositivo” y hasta sapiencial: “Queremos entender el fenómeno de las adicciones, del narcotráfico, para tener la información basada en la realidad que nos permita debatir, y que de este debate surjan las políticas públicas necesarias para contrarrestar el problema”. Pero enseguida cuestionó frontalmente lo hecho hasta ahora, a nivel nacional, en materia de combate al narcotráfico y que, según sus propias palabras, “no es suficiente, ya que no da resultados satisfactorios” (ídem).
No deja de ser curiosa esta abierta crítica del gobernador a la política de combate al narcotráfico ideada por el presidente Felipe Calderón, no obstante la ascendencia panista de ambos personajes. La explicación de ello habría que buscarla no tanto en esa aparente diferencia de opiniones entre correligionarios, sino en el hecho de que tal juicio crítico fue formulado por quien para la última semana de septiembre aún era aspirante a suceder a Calderón en la Presidencia de la República y calculaba que al colocarle un par de banderillas al primer mandatario del país podría ganar puntos entre el panismo nacional y, eventualmente, alzarse con la candidatura presidencial de su partido.
El problema para González Márquez fue que a los pocos días de tan severo pronunciamiento ya estaba anunciando, en otra rueda de prensa desde la Ciudad de México, que siempre no buscaría la Presidencia porque había decidido concentrarse en que marcharan las cosas bien en los Juegos Panamericanos, cuya inauguración era cosa de un par de semanas y en los cuales figuraba nada menos que como presidente del comité organizador. Desde ese momento –de lo cual hace ya más de mes y medio– el mandatario estatal no se ha vuelto a referir al estudio que encargó para ayudar a resolver el entuerto del narcotráfico.
Y por lo que hace a su contraparte, tanto a la persona física (Héctor Aguilar Camín) como a la persona moral (Nexos, S.A. de C.V.) contratadas para realizar el estudio, tampoco se ha sabido nada al respecto, aun cuando se dijo que para este mes de noviembre se tendrían ya los resultados del prometido “diagnóstico razonado” en torno al fenómeno de las drogas ilegales “en esta entidad [Jalisco] y a escala nacional”, un estudio que, a quererlo o no, van a pagar los contribuyentes.
Vale decir que éste no es el primer pago, ni el más cuantioso ni tampoco el más campanudo que Aguilar Camín recibe de dichos contribuyentes. Ese negocio cultural (con o sin comillas, al gusto del lector) sucedió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando el novelista y director de la revista Nexos figuraba entre los intelectuales favoritos del salinismo y su empresa fue favorecida con la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos de Historia, encomienda que fue asignada directamente por la Secretaría de Educación Pública sin que hubiera licitación de por medio.
Al igual que entonces, el de ahora también fue un encargo directo, con la peculiaridad de que éste es un negocio que hará a partir de un grave problema social: el del narcotráfico. En el supuesto afán de “contrarrestar” dicho problema, el gobernador González Márquez pretendía, hasta hace pocas semanas, hacer un negocio político (avanzar en su ahora abortada búsqueda de la Presidencia) y Héctor Aguilar Camín –más allá de que su contratista se haya desanimado y de la calidad del producto que fuese a entregar– ha vuelto a hacer un negocio redondo a costa de los contribuyentes.
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