En un litigio que dura ya 72 años, los ejidatarios de la humilde comunidad de San Isidro siguen luchando jurídicamente para que se les entreguen completas las tierras que les otorgó el presidente Lázaro Cárdenas del Río en un decreto de 1939. Este conflicto, que parece congelado en el tiempo a causa de la complicidad de funcionarios y empresarios, está ubicado en el paisaje al que alude el título del libro de Juan Rulfo (El Llano en llamas), pero los tribunales mexicanos lo cambiaron por un cuento de Franz Kafka: “Ante la ley”, donde un campesino desesperado jamás consigue superar al funcionario que debería darle acceso.
“
Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza”, escribió Juan Rulfo en el cuento “Nos han dado la tierra”, incluido en El Llano en llamas (1953).
La comunidad agraria de San Isidro, 160 kilómetros al sur de Guadalajara, está en ese paisaje, el Llano Grande: al pie del cerro de El Petacal, entre los municipios de San Gabriel y Tolimán. El ejido ha sido escenario de las corruptelas y la colusión entre funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y del gobierno de Jalisco con empresarios que se benefician con la apropiación ilegal de tierras.
Este es justamente el caso de la empresa trasnacional Nutrilite, que ha extendido su explotación hortícola hasta una superficie de 280 hectáreas que el ejido de San Isidro reclama como suya.
La abogada de los ejidatarios, Carmen Figueroa González, señala que en la región cada hectárea cuesta al menos 1 millón de pesos y que a lo largo de siete décadas de lucha los campesinos han cultivado la esperanza de ganar el litigio, que ella califica de histórico:
“Yo sueño que ya ganamos y que festejamos la entrega de la dotación de tierras con una fiesta en el centro del pueblito, con los campesinos, sus hijos y sus esposas. Pero todavía falta un buen tramo por recorrer.”
La litigante recuerda que el pasado 23 de agosto cumplió 72 años el decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río para otorgarle a San Isidro 536 hectáreas. No obstante, al año siguiente, el 19 de junio de 1940, sólo se le dieron 256, como los afectados hicieron constar en el expediente 350/16/2000, radicado en el Tribunal Unitario Agrario, correspondiente al distrito 16, donde está en curso su demanda para que se les entregue el área faltante.
En 1942, la dueña de la hacienda El Petacal, María Guadalupe Magdalena Rojas Manzano, afectada por la expropiación de las 280 hectáreas por el decreto de Cárdenas, promovió el certificado de inafectabilidad agrícola 03642. La mujer alegó que sus tierras estaban registradas como pequeña propiedad, aunque todos sabían que poseía más de 3 mil hectáreas en la zona donde Rulfo ubicó las historias en El Llano en llamas.
Al momento de la expropiación el latifundio superaba las mil 600 hectáreas, según documentó en 1981 el delegado de Reforma Agraria, Alfredo Haro. Su informe fue de gran importancia para que el 23 de enero de 1985 el titular de la SRA decretara nulo el certificado de inafectabilidad que había firmado el presidente Manuel Ávila Camacho en favor de la señora Rojas Manzano.
Tan pronto sucedió esto, apareció un grupo de compradores o prestanombres de Rojas Manzano, que se declararon terceros afectados. Lo raro es que en todos sus reclamos se señala que el certificado de inafectabilidad 03642 carece de validez jurídica para operaciones de compraventa y coinciden en la intención de vender sus supuestos derechos a la empresa Nutrilite.
El área que reclama el ejido San Isidro fue comprada a uno de estos supuestos terceros afectados, Juan Larios. Lauro Martín Uribe se hizo de 60 hectáreas; Manuel Abud Elías, 70; Abelardo Reyes Vargas le compró 100 hectáreas al directivo de Nutrilite Roberto Vargas Maciel; otras 70 las adquirió Fernando Ochoa Villaseñor a Rodrigo Vargas Villaseñor, hijo de Vargas Maciel. Son 300 hectáreas, 280 de las cuales están en litigio.
Juan Larios había comprado los terrenos a José Benavides, que a su vez las adquirió de Adelina Villanueva y Josefina Gómez, ambas beneficiadas con una sucesión directa de María Rojas. Toda esa superficie fue adquirida por Nutrilite, entre abril de 1992 y mayo de 1994.
En la documentación obtenida por Proceso Jalisco se cita a Roberto Vargas Maciel como uno de los compradores de 100 hectáreas del paño ejidal en disputa y que hoy está en poder de Nutrilite, según la escritura 12,349, fechada el 17 de julio de 1991 y firmada por el notario Carlos Páez Stille.
En su edición del 4 de septiembre de 2000, el diario La Jornada publicó que Blanca Narro, integrante del secretariado de la organización internacional FIAN en México –que lucha por los derechos alimentarios–, denunció que Roberto Vargas Maciel se desempeñaba como director de Nutrilite y a la vez fungía como coordinador del programa federal Procampo en la región sur de Jalisco.
La trasnacional descubrió que aquellas tierras son excelentes para la producción de hortalizas porque el microclima ofrece de manera natural una temperatura estable de 22 grados centígrados todo el año. Por eso en 1993, cuando la SRA ordenó que se completara la entrega de tierras al ejido, otras instancias federales y el gobierno estatal cerraron filas para defender a Nutrilite, una filial de Amway.
En 1994, la administración del gobernador Carlos Rivera Aceves promovió la compra del predio Paso de los Cedros para responder a la demanda de los ejidatarios de San Isidro, pero la maniobra quedó inconclusa porque no se les tomó parecer a los campesinos. El pleito siguió.
En ese documento, fechado el 17 de febrero, Rivera Aceves reconoció el conflicto entre Nutrilite y el núcleo agrario de San Isidro, en ese entonces afiliado a la Unión Campesina Democrática (UCD), que dirigía el exdiputado local Gerardo Ávalos Lemus. Este líder campesino fue asesinado en 1999, en Lomas de Zapopan, y el caso nunca se aclaró.
Funcionarios y empleados
El 15 de febrero de 1994, reunidos en el Club de Industriales de Jalisco, un grupo de funcionarios y de empresarios llegó al insólito acuerdo de no entregar las 280 hectáreas a San Isidro.
En la copia del documento de ese aquelarre se cita entre los asistentes al entonces delegado de la SRA, Alejandro Díaz Guzmán; el secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Arturo Gil Elizondo; al delegado de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Industrial, Gustavo Martínez Güitrón; el subgerente de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, Rafael Hidalgo Reyes.
Nutrilite envió a David Tuttle y Roberto Vargas Maciel, éste también de la empresa Exportag, y a sus abogados Enrique Romero Anaya y Adriana de Aguinaga, además de Sergio Vargas Maciel, hermano de Roberto. Entre todos, empleados federales, estatales y de Nutrilite, elaboraron un documento en el que “el delegado agrario, Alejandro Díaz Guzmán, se comprometía a suspender cualquier intento de ejecución de tierras a favor del ejido San Isidro, en el municipio de Venustiano Carranza (hoy San Gabriel)”.
El texto del acuerdo menciona una acción concertada “entre el gobierno federal y local” para sustituir las tierras reclamadas de la hacienda El Petacal, desde entonces ya ocupadas por Nutrilite, a cambio de un terreno de “más de 300 hectáreas” de El Potrero Grande o Paso de los Cedros. Pero esta entrega tampoco se hizo nunca.
En el expediente aparecen nombres y rúbricas de 11 personas (funcionarios, industriales y litigantes de la trasnacional), ninguna de las cuales representa a los ejidatarios, pues se trató de una maniobra a sus espaldas.
En 1998, en otra “acción concertada” entre industriales y burócratas para detener la lucha jurídica de los campesinos, el entonces gobernador Alberto Cárdenas Jiménez le pidió a la SRA que expropiara las 280 hectáreas en disputa, ubicadas en Puerta de El Petacal.
En su solicitud, registrada con el número de expediente 122/98 y fechada el 31 de marzo de ese año, se reconoce que el área pertenece al ejido San Isidro, pero se informa que será destinada al desarrollo de un complejo agroindustrial para producir alfalfa, berro, perejil y “otros vegetales ricos en nutrientes”.
Cárdenas Jiménez aseguró que por ello la iniciativa se basaba en una “causa de utilidad pública”, y destacó que Nutrilite contribuiría a combatir la pobreza en la región; además, prometía la generación de 500 empleos (300 directos y 200 indirectos) para los lugareños.
Pero 13 años después los números no cuadran. Según su propio sitio en internet, la empresa sólo aporta 170 empleos de tiempo completo y 40 para acciones complementarias. Además, los campesinos se quejan de que se les quitaron las tomas de agua que bajan del Nevado de Colima para atender las necesidades de la industria, y denuncian que el caudal que les queda está contaminado.
Para la abogada Carmen Figueroa, la situación muestra que en el país aún prevalece la idea porfiriana de “aplastar al pobre” y beneficiar al poderoso con el argumento de que el apoyo a la industria promueve el desarrollo.
Asegura que los ejidatarios han documentado en expedientes y oficios el reclamo de sus tierras durante siete décadas y que incluso, en 1966, 32 esposas de campesinos encarcelados por esa lucha le mandaron una carta al presidente Gustavo Díaz Ordaz.
En la misiva solicitaban la intervención del mandatario para liberar a los ejidatarios que estaban presos por defender la tierra que les había entregado Lázaro Cárdenas, mientras que sus familias enfrentaban una situación catastrófica y de miseria aplastante. El 10 de agosto de 2000 la organización internacional FIAN acusó a Nutrilite de despojar de sus terrenos a 300 familias de San Isidro.
En su informe Empresa trasnacional roba tierras y agua al ejido San Isidro, en el estado de Jalisco, FIAN denunció que la empresa se apoderó ilegalmente de 280 hectáreas ejidales desde 1992, mediante amenazas y presiones sobre los campesinos “al grado de asesinar a uno de sus dirigentes (Gerardo Ávalos Lemus)”.
La organización internacional destacó que ante la suma de agravios las autoridades no cumplieron sus funciones: “No hubo ninguna acción judicial en contra de la compañía, ni por el asesinato ni por la desviación de agua”. Añadió que de esa manera se forzó a los campesinos a salir de las ambicionadas tierras.
Al respecto, la abogada Figueroa aclara que Ávalos Lemus en realidad nunca llevó la defensa legal de los campesinos.
El pasado 18 de octubre, los ejidatarios y su defensora se reunieron, “no para festejar el aniversario del decreto presidencial de 1939:
“Para nosotros no hubo fiesta. Se reunieron cerca de 100 personas en la plaza principal de San Gabriel. Allí dieron frijoles de la olla, chicharrones, tortillas y chile para los hombres, las mujeres y niños que nos acompañaron para ir con el juez a la espera de la celebración de una diligencia que no se pudo desarrollar por los errores y omisiones del juzgado de distrito. Yo nunca los convoqué, pero ellos siempre me acompañan en ese tipo de asuntos.”
San Isidro es un una de las comunidades más pobres de San Gabriel. La migración afecta a 80% de su población. La gente huye del hambre, se va a buscar trabajo a Estados Unidos y quienes lo consiguen mandan algo de dinero para apoyar al ejido en el litigio. Otra forma de financiarse es la cooperativa de producción de nopal orgánico que formaron hace años.
La abogada dice que en 2011 se abre una nueva fase de lucha jurídica, a fin de exhibir la negligencia, las omisiones y los “errores” de mala fe que se cometen contra estos campesinos.
Ejido fantasma
Carmen Figueroa sostiene que en una ocasión los funcionarios de la SRA no completaron la entrega de tierras porque argumentaron que la superficie afectable ya había sido otorgada al ejido El Petacal, aunque este supuesto núcleo agrario sólo existe en la mente de los funcionarios, como se puede comprobar en el Plano Proyecto Complementario de Dotación aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario el 20 de abril de 1988.
La abogada destaca que actualmente los campesinos promueven una queja administrativa contra el juez Óscar Arturo Murguía Mesina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, ya que sus errores y omisiones provocan demora en la ejecución de una inspección judicial y obligan a retrasar los peritajes necesarios en el proceso.
La resolución de 1939 establece que las 536 hectáreas que quedan a disposición de los ejidatarios se conforman con la propiedad de Leandro Benavides, con 192 hectáreas de temporal, más 64 de agostadero; a ello se suman 168 de temporal y 112 de agostadero ubicadas en la hacienda El Petacal y pertenecientes a María Rojas, quien defendió su propiedad de 280 hectáreas con el ya mencionado certificado de inafectabilidad de 1942.
A esta mujer, los campesinos viejos de San Isidro la describen como un personaje escapado del otro libro célebre de Juan Rulfo, Pedro Páramo: aseguran que la antaño poderosa hacendada María Guadalupe Magdalena Rojas terminó sus días deambulando por las calles, la plaza y el mercado de Ciudad Guzmán.
“Después de vender las tierras que ya habían sido entregadas al ejido San Isidro, en poco tiempo acabó con sus riquezas y terminó pidiendo limosna en la plaza y el mercado”, confirma Carmen Figueroa.
Nada fantasmales son quienes sucedieron a la señora Rojas en la posesión de la tierra, quienes hasta ahora han tenido el apoyo de los tres niveles de gobierno.
