Los miembros de la Asociación Psicoanalítica Mexicana hemos decidido expresar públicamente nuestra posición como comunidad profesional y nuestra honda preocupación por una serie de sucesos que se han venido dando en relación con la polémica acerca del aborto, la disminución de la edad penal y las manifestaciones de intolerancia ante el ejercicio de la libertad de expresión.
Toda la discusión acerca del aborto se ha presentado en un cargado clima emocional, lo que ha llevado a la radicalización y dogmatización de las posiciones. Surgen así actitudes fundamentalistas, cuyos proponentes presentan sus propios valores y opiniones como si fueran los únicos posibles y aceptables, y buscan imponerlos a toda la comunidad. Esta situación resulta contraproducente y perjudicial para la vida social, y la única solución posible consiste en recuperar la capacidad de reflexión, que nos permite una mayor comprensión del problema, tomando en cuenta los puntos de vista de todas las partes.
No ponemos en duda el derecho de cualquier grupo u organización religiosa a sostener que la vida humana es el valor supremo al que deben supeditarse todos los demás, y que dicha vida existe desde el momento de la concepción. Tampoco puede restringirse su derecho a difundir esta visión y a exigir su acatamiento por parte de aquellas personas que deseen formar parte de su comunidad. Lo que sí cuestionamos es el intento de imponer estos valores y normas a todas las demás personas o grupos que formamos parte de la sociedad. En esto las autoridades deben ser siempre equitativas y actuar en función de toda la sociedad a la que representan, y no sólo de alguno de sus sectores.
En estos problemas no hay otra solución que el cumplimiento estricto de la ley. A ninguna mujer puede obligársele a abortar en contra de su voluntad, pero tampoco puede impedírsele en aquellos casos en los que la ley le otorga el derecho de hacerlo. Lo único que podemos esperar es alcanzar una solución compatible con los fundamentos de nuestro sistema jurídico, en términos de la mayor tolerancia y aceptación de las diferencias.
Ciertamente cualquier solución viable deberá tomar en cuenta los derechos de la mujer, pero no puede ignorar por ello la participación de su pareja y de la comunidad en una decisión que será siempre dolorosa y que no dejará de traer consecuencias para todos. Creemos, por ejemplo, que la posición antiabortista ha ignorado sistemáticamente el punto de vista y los derechos de la mujer, pero que los defensores del derecho de la mujer a decidir han tendido a ignorar los del padre.
El varón es siempre un participante activo en la concepción y el embarazo. Ésta es la razón por la cual se le exige responsabilizarse por la vida y el cuidado de sus hijos. Sería una contradicción, entonces, negarle el derecho a participar también en la decisión de abortar o continuar el embarazo.
Lo que está actualmente en discusión es el antiguo problema de hasta qué punto puede intervenir el Estado en la vida privada de las personas y cuáles son los límites entre lo privado y lo público. Desde la perspectiva de un Estado laico, el aborto debe considerarse como un problema de salud pública, por lo que debe buscar e instrumentar aquellas soluciones que reduzcan al mínimo la mortalidad y la morbilidad en la población afectada. Cualquier otra consideración deberá ubicarse en el respeto de las personas y los grupos para que vivan de acuerdo con sus propios valores y preserven su intimidad, en tanto no entren en conflicto con el bien común.
El Estado tiene el derecho y la obligación de legislar en términos tales que ponga un límite a la radicalización de estos conflictos y a la aparición de posturas fundamentalistas. Ningún funcionario público, grupo o individuo puede impedir que una mujer ejerza un derecho que le otorgan las leyes del país.
Es llamativo que quienes exigen que se legisle para coartar los derechos de las mujeres, con el argumento de la defensa de la vida, han pugnado por la reducción de la edad penal, ignorando la particular situación vital y los derechos de los adolescentes, quienes en esa fase de desarrollo se encuentran todavía bajo el cuidado y la responsabilidad de sus padres o tutores y de la comunidad, a través de sus instituciones. Volverlos sujetos de penalización supone un abandono de nuestra responsabilidad ante la parte más delicada y vulnerable, pero al mismo tiempo la más rica, ya que de ella depende el futuro de nuestra sociedad. También han promovido o aceptado la intolerancia frente a diversas expresiones culturales, cuando éstas no coinciden con sus propios valores. Pareciera que consideran que el ejercicio de los derechos que concede la ley sólo es válido para quienes comparten su muy particular visión del mundo.
Nuestra preocupación tiene que ver con tales manifestaciones de intransigencia, en las que se transparenta el deseo -de corte fundamentalista- de que sólo sea aceptada y aprobada dicha visión del mundo.
Atentamente
Doctor Juan Vives, presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, A.C., y doctora Reyna Hernández de Tubert, por el Comité Sobre Mujeres y Psicoanálisis
