Las 4 mil 211 gavetas en perfecto estado se apilan de seis en seis y forman 33 hileras horizontales. Son tantas, que acomodadas unas tras otras ocuparían una distancia de 2.6 kilómetros lineales. Su color es gris rata y dentro de ellas se archiva en carpetas parte del pasado de las administraciones priistas que, hasta el momento, se mantienen en secreto: la riqueza patrimonial de cada uno de los altos funcionarios públicos.
Son 631 mil 650 expedientes con más de 4.5 millones de declaraciones patrimoniales de los funcionarios que han trabajado en la administración pública desde 1983 a la fecha.
Allí está anotado, por ejemplo, el dinero depositado en cuentas bancarias, los bienes inmuebles, los automóviles, las empresas y otros bienes patrimoniales que funcionarios federales declararon tener en distintos momentos.
Allí están –ordenados en estricto orden alfabético– los expedientes de personajes del pasado y del presente priista: Carlos Hank González, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Óscar Espinosa Villareal y José Ángel Gurría, por ejemplo.
Y todo, tal cual, deberá pasar a manos del primer gobierno federal no surgido del PRI.
Ubicado en el sótano cuatro del ala norte del edificio de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), el Archivo de Declaraciones de Situación Patrimonial pasa inadvertido para la mayoría de los visitantes. Parece una pared del estacionamiento del sótano. Una puerta metálica apenas lo delata.
“El 90% de los trabajadores de esta Secretaría no sabe dónde está el archivo”, dice Jesús Triana Gómez, director general adjunto de Registro Patrimonial de la Secodam, quien se ufana de que durante los cinco años que lleva al frente de esa bóveda, “no se ha filtrado ningún expediente, ni ninguna información hacia el exterior”.
Señala: “Los nueve trabajadores que están aquí son de absoluta confianza. Y no entregamos ningún expediente a nadie, ni aun en el caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) o un juez lo solicite. La ley nos lo impide”.
–¿Y ha habido solicitudes de jueces?
–Sí. Por ejemplo, en casos en los que el funcionario está en proceso de divorcio y el juez de lo familiar solicita revisar su situación patrimonial. Pero de acuerdo con la ley, de estos expedientes sólo se pueden entregar copias certificadas a solicitud de autoridad competente en materia administrativa, no judicial.
El funcionario recorre con el reportero los pasillos que se forman entre las hileras de gavetas. Muestra los sistemas de seguridad: extinguidores, alarmas contra incendios e inyectores de aire. La limpieza y el orden son evidentes.
“En no más de dos minutos le encuentro el expediente que me pida”, reta.
–¿El de Espinosa Villareal?
–Cualquiera –dice sin entregar nada.
–En ese sentido, a la administración Fox no le costará trabajo revisar, digamos, los 20 expedientes más interesantes…
Triana sonríe y se encoge de hombros.
Las dudas de Farell
Como parte de sus compromisos contra la corrupción, Fox anunció la desaparición de la Secodam y propuso, a cambio, crear una Comisión de Transparencia integrada por “gente honesta y honorable”. Dicha comisión dependería directamente del Ejecutivo, aunque –dijo– tendría autonomía para hacer sus investigaciones. Crearía, además, la figura del “Zar anticorrupción”.
Cuestionado al respecto por Proceso, Arsenio Farell Cubillas, secretario de la Contraloría, se limita a repreguntar: “¿Es lógico suprimir la Secretaría de la Contraloría? Alguien tiene que ejercer las funciones de control. ¿Quién va a ser?”.
–¿Y la Comisión de Transparencia y el zar anticorrupción?
–¿Y eso con qué apoyo constitucional?
Desaparecer la Secodam no parece ser tarea fácil. Fox tendría que modificar por lo menos cinco leyes federales y para ello requiere del respaldo del Congreso, donde el PRI conserva la mayoría. Dichas leyes son: Orgánica de la Administración Pública Federal; de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; de Entidades Paraestatales; de Adquisiciones y Obras Públicas y de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Hay procesos que están establecidos en los que el Ejecutivo tiene un margen de acción y el Congreso una gran responsabilidad”, dice Jaime Luis Padilla, director de Desarrollo Administrativo.
–¿Tendría que modificar artículos de la Constitución?
–Eso depende hasta qué punto lleguen las propuestas de la nueva administración.
En todo caso, señala Padilla, desaparecer la Secodam y crear un nuevo organismo fiscalizador “no puede darse por decreto”.
–¿Hay preocupación o tristeza de los trabajadores de la Secodam por el anuncio de Fox?
–Hay una gran expectativa por lo que va a ocurrir. La gente (2 mil trabajadores) puede que se inquiete por lo que ve en la prensa. No le puedo decir que esté triste o nerviosa. Creo que se aprecia que están trabajando para entregar las mejores cuentas posibles.
Señala, empero, que no se puede echar por la borda una institución que, afirma, ha avanzado en el control y modernización de la administración pública.
“Es absolutamente válido y pertinente que una nueva administración tome sus decisiones con base en sus propios criterios. Pero sería razonable que parta de la base de lo que ya está construido; que aproveche lo avanzado y los programas que ya existen”, señala.
Hasta 1995, la Contraloría tenía dos funciones principales: controlar, evaluar y vigilar la gestión pública; y vigilar las responsabilidades de los servidores público. Zedillo, empero, le encargó nuevas tareas: “modernizar y desarrollar la administración para hacer eficientes a las entidades federales”, de tal manera que el énfasis deja de estar sólo en medidas correctivas y “establece mecanismos preventivos para eliminar la ineficiencia, la corrupción y la impunidad”.
Además, “llevar la normatividad en adquisiciones, servicios, obra pública, bienes inmuebles”, así como “conducir y administrar la política inmobiliaria” de las dependencias federales.
Padilla sostiene que en dichas funciones existen “avances muy importantes”. Y enumera algunos programas que, afirma, tienen resultados exitosos: la “Contraloría Social”, donde los representantes de barrios y poblados coadyuvan a vigilar y controlar –en función de sus propios intereses– las obras públicas que se realizan con recursos federales en sus propias comunidades. O la aplicación de las “Auditorías de Desempeño”, las cuales evalúan que los funcionarios no sólo cumplan formalmente con las normas, sino que miden la calidad del servicio que prestan. O el servicio “Compranet” que permite participar en licitaciones públicas por Internet y que, sostiene, prácticamente elimina la corrupción en la contratación y adquisición de bienes de las instituciones federales.
“Este sistema permite que los procesos de licitación sean tan públicos y transparentes que hace muy difícil la venta de información privilegiada o la discrecionalidad al otorgar un contrato.”
Comenta que sin ser obligatorio para los gobiernos de los estados, la mayoría se incorporó a este sistema de licitaciones. Lo hizo, incluso, el propio Fox en 1997, cuando era gobernador en Guanajuato.
Compartir los secretos
Por vía de mientras, además de los expedientes patrimoniales, la Secodam debe entregar a la nueva administración de Fox los resultados de las auditorías que practicó y las que aún realiza; las licitaciones y los recursos de inconformidad; el inventario de los bienes inmuebles de la Federación; los estados financieros, los libros blancos… todo.
Entregará, en suma, los datos sobre la corrupción de la administración pública federal en el país.
–¿La administración de Zedillo estaría expuesta a la revisión de un gobierno surgido de la oposición?
–Ésa es una decisión que la nueva administración puede o no tomar. No sentimos ningún temor de que pueda ocurrir una revisión de esta naturaleza porque se ha tenido un manejo pulcro, muy responsable y puntual de los asuntos de la Contraloría –responde Aguilar.
Afirma que la entrega “será completa, con todo y cada uno de los elementos: qué se ha hecho y cómo se está haciendo”. (Hasta la semana pasada, empero, los funcionarios de la Secodam no se habían reunido con los encargados del equipo de transición de Fox en el área jurídica: Carlos Arce Macías y César Nava)
A Padilla se le pregunta si técnicamente es posible que el gobierno de Fox realice auditorías sobre las auditorías, y que revise casi 1 millón de expedientes patrimoniales. “Me imagino que debe ser muy complicado”, señala.
–Fox declaró que no habría impunidad para el funcionario al que se le demostrara responsabilidad. Pero los expedientes los tienen ustedes. En ese sentido, o Fox les hace caso o tiene que partir de cero.
–Pues sí. Institucionalmente tenemos la responsabilidad (…) Pero bajo ninguna circunstancia vamos a dejar guardada en el escritorio alguna información que dificulte la comprensión de la siguiente administración de lo que ha ocurrido en estos años.
De acuerdo con datos de la Secodam, en 1999 hubo 16 mil 310 quejas contra funcionarios públicos federales, 5.5% por cohecho. De enero a junio de este año, las quejas llegaron a 4 mil 579, 7% por cohecho.
Según el funcionario, la mayoría de las quejas ciudadanas contra funcionarios son por “malos tratos” o por la lentitud en los trámites.
De 1995 a la fecha se aplicaron 56 mil 138 sanciones; 24 mil 282 apercibimientos; 7 mil 328 amonestaciones; 8 mil 398 suspensiones; 5 mil 104 destituciones; 6 mil 88 inhabilitaciones; y 4 mil 938 sanciones económicas por 3 mil 160 millones de pesos.
Padilla comenta que es menos de 5% de los 250 mil funcionarios federales el que recibe algún tipo de sanción administrativa. Dice que desconoce en qué secretarías y a que nivel del escalafón ocurren más actos de corrupción. Los más frecuentes se observan en la adquisición de bienes y la construcción de obras. Aclara que a veces los funcionarios incurren en irregularidades, no por mala fe, sino por desconocimiento de las normas.
“Teníamos unas normas complicadísimas. Hace tres o cuatro años había 3 mil normas para aplicar el presupuesto. ¿Quién se las iba a aprender? Ahora son casi 150. Eso sí, muy claras y contundentes.”
