Al autorizar legalmente que se castigue a la mujer que aborte aun en caso de violación, la diputación panista del estado de Guanajuato sembró, en la propia tierra del presidente electo, la semilla del encono que amenaza con enturbiar la ”transición de terciopelo” entre los gobiernos saliente y entrante.
Y es que, en medio de las intensas negociaciones que lleva a cabo el equipo de trabajo de Vicente Fox con diferentes actores de la vida política, económica, social y religiosa del país, a fin de suavizar el cambio de administración, los legisladores del PAN de Guanajuato activaron uno de los temas que más polarizan a la sociedad mexicana: el aborto.
Ante la proliferación de desplegados y declaraciones públicas a favor y en contra que brotaron enseguida, la respuesta del gobierno de la Ciudad de México fue una iniciativa de reformas que aumenta en lugar de limitar las causales de aborto –aprobada la noche del viernes 18 en la Asamblea Legislativa–, con lo cual aumentaron las manifestaciones de encono y los brotes aislados de violencia, al grado de que el propio presidente Ernesto Zedillo buscó calmar los ánimos.
Sin hacer referencia específica en el asunto, dijo en un encuentro con directivos del Consejo Nacional de la Publicidad (CNP), efectuado el miércoles 16 en la residencia oficial de Los Pinos:
“Tolerancia significa respetar lo que piensan los demás, aunque sea opuesto a lo que uno cree; significa evitar posiciones irreductibles y fundamentalistas en la solución de controversias y diferencias entre personas y organizaciones. La tolerancia es la mejor garantía de que la libertad sea efectiva para todos.”
Conciliador, advirtió que quien practica la intolerancia “lo único que hace es abonar el terreno para ser él mismo, tarde o temprano, víctima de ese mismo ejercicio”.
Nadie le hizo caso.
Al día siguiente, la jefa de Gobierno del DF se volvió a subir al ring y enderezó sus baterías contra Vicente Fox. Enérgica, lo emplazó a abandonar su “silencio cómplice” y a opinar sobre la contrarreforma penal aprobada por el Congreso de Guanajuato.
Interrogado sobre la decisión del Congreso de Guanajuato en Sao Paulo, Brasil, el presidente electo sólo dijo: “¡Allá ellos! ¡Ellos saben qué hacer!”.
Mejor el dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, trató de suavizar las cosas, al señalar que su partido siempre estará por la defensa de la vida, pero esta defensa, “que es firme y absoluta, debe pasar también por la prudencia política para no meter temas cuando lo que se necesita es un clima de consenso”.
Evalentonada por el abierto respaldo que recibió su iniciativa de reformas al Código Penal para despenalizar el aborto en caso de riesgos de salud en la madre y malformaciones congénitas del feto, Robles se fue también contra la Iglesia: En un Estado laico, dijo, hay que otorgar “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. El debate, subrayó, no es religioso, sino de salud pública.
La respuesta de la Iglesia católica no tardó en llegar y grupos afines encabezaron actos de protesta en las oficinas del GDF. Por separado, el cardenal Norberto Rivera Carrera hizo su parte:
Un grupo de reporteros le preguntó si llamaría a los católicos a desobedecer la legislación sobre el aborto promovida por Robles, y respondió, irónico:
“No se necesita ningún llamamiento; aquí, en el Distrito Federal, hay muchas leyes que no se obedecen.”
Actores políticos, intelectuales, organizaciones de derechos humanos, funcionarios, representantes de diversos credos religiosos, médicos, academias y colegios de abogados y medios de comunicación contribuyeron a tensar el ambiente social con declaraciones en uno y otro sentido.
El viernes 18, el mismo día en que la mayoría perredista, con los votos del PRI y PT, aprobó en la ALDF la iniciativa “rosarista”, aparecieron en la prensa decenas de desplegados e inserciones pagadas con posiciones encontradas.
El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México adujo razones jurídicas: “El derecho a la vida es el primero y fundamental de los derechos del hombre, y así lo establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, el cual establece que ‘nadie puede ser privado de la vida, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos’, y de acuerdo con el artículo 22 del mismo ordenamiento, únicamente se puede establecer la pena de muerte en los casos que dicho precepto establece”.
Fundada en 1988, la Academia Mexicana de Derechos Humanos abrazó también razones legales para fijar su posición y concluir que “la privación de la vida a un ser humano, cualquiera que sea su condición, grado de desarrollo, sexo, estado físico o mental o raza, no sólo no puede ser reclamada como derecho, sino que constituye un delito al que, en determinadas condiciones, y sin entrar en esta oportunidad al análisis sobre las mismas, pueden corresponder sanciones de diversa índole.
“El pretender que el Ministerio Público autorice a terceros, aun en casos limitados y específicos, la interrupción del embarazo, equivale a pretender que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorice al Ministerio Público, como si pudiera hacerlo, a que éste, a su vez, autorice a terceros a privar deliberada e injustificadamente de la vida a un ser humano. Equivale a otorgar una licencia para matar.”
Las comisiones de Justicia y Paz, Jurídica, Pastoral de Salud, Pastoral Familiar y Comunicación Social de la Arquidiócesis Primada de México, adujeron razones divinas y naturales:
“(…) ante la posibilidad de ampliar las causales excluyentes de responsabilidad en el aborto, hacemos un apremiante exhorto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, respetuosos del mandamiento de Dios ‘no matarás’, a actuar sin miedo, delante de Dios para seguir el dictamen de su conciencia para hacer el bien y evitar el mal, defendiendo la vida humana desde su concepción.”
El viernes 18, apareció la violencia. Serrano Limón fue zarandeado literalmente por un grupo de proabortistas en las escalinatas de la ALDF.
En pleno cambio de poderes, la semilla de encono sembrada por los diputados panistas germinó.
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