Señor director:
Deseo referirme a la carta que les envió Larry Brooks y que fue publicada en Proceso 1240, aunque ya de manera clara y enfática el señor Víctor Ugalde, en la misma publicación, bien se encarga de cantarle varias verdades, desmintiéndolo y desenmascarándolo. Así, esta vez me limitaré a rebatirle algunos puntos:
Dejé de ser director jurídico de la Sogem -institución de la que soy fundador y miembro vitalicio- a principios de octubre de 1997. Desde entonces me dedico al libre ejercicio de mi profesión como especialista en derechos de autor. Entre los asuntos que atiendo está mi asesoría legal a los productores mexicanos en su lucha por la reivindicación de los derechos sobre las películas por ellos producidas y sin menoscabo de los que legítimamente corresponden a los autores. En este caso, defiendo empresas mexicanas, no trasnacionales. Y sí, me preocupa el problema, pero no como Brooks quiere hacerlo ver, sino por el riesgo de perder el patrimonio cinematográfico mexicano en beneficio de empresas estadunidenses y en perjuicio no sólo de los productores, sino de los escritores, guionistas, compositores y directores, como Ismael Rodríguez, Emilio Indio Fernández, Roberto Gavaldón y Julio Bracho, por citar algunos, así como de actores como Joaquín Pardavé, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante y Jorge Negrete, cuyos derechos de intérprete, por cierto, no son reconocidos en Estados Unidos.
En cuanto al “incumplimiento de las leyes estadunidenses” de las que habla el erudito experto en derecho, Brooks, no tenemos por qué cumplirlas en esos términos. Para eso está el Convenio de Berna, que obliga a México y a Estados Unidos y que plantea la protección automática de las obras sin necesidad de registro o cualquier otra formalidad, según debía entenderse del compromiso adquirido por este último país al obligarse a la restauración en los términos del TLC.
Pero vayamos al contrato de la empresa trasnacional patrona de Óscar Brooks: Su encabezado indica aparentemente el objeto: “Convenio de cesión de derechos de reúso y restitución de guiones y/o obras musicales”. Basta leer la cláusula segunda del contrato que le anexo para ver que esto no es así.
Dice el apartado 2.5: El cedente (o sea el autor) “conviene en que la presente cesión de derechos de explotación sobre ‘las obras’ (léase películas) incluye la cesión de derechos gráficos y teatrales y su reúso en cualquier evento, como pudiese ser una puesta en escena, así como todos los derechos de adaptación, transformación, arreglos, traducciones, sean o no extractos; además incluye los derechos de explotación por medios de representación cinematográfica en cualquier país, incluyendo el uso de títulos en salas de cine y/o en cualquier lugar de exhibición al público”.
Si el problema de la restitución de obras cinematográficas atañe exclusivamente al territorio de Estados Unidos, el famoso contrato extiende ilegalmente la cesión a todos los países del mundo excepto México.
Si el derecho moral es irrenunciable, el mismo contrato, que menciona la entrada de Estados Unidos al Convenio de Berna, establece ilegalmente la cesión de ese derecho moral en aquellos países en que eso fuere permitido.
Y una joya más: ARRC señala como su domicilio para efectos del contrato el ubicado en “1429 G. Street NW, Suite 800, Washington, D.C. 20005”. Cabe señalar, señor director, que este domicilio corresponde a una casa que renta apartados postales en Washington, según lo puede constatar con la nota de la periodista Maribel González publicada en el periódico Reforma del 14 de abril de 1998, que me permito adjuntarle.
Finalmente, Larry Brooks hace votos por los derechos de nuestros autores mexicanos, y, sin embargo, en los archivos del Copyright Office de Estados Unidos, como lo puede constatar con el documento anexo obtenido por Internet, ARRC aparece como “Owner”, esto es, como dueña de todos los derechos de la película.
¿Y los autores y demás titulares mexicanos? Bien, gracias.
Como dice Shakespeare: “Algo huele a podrido en Dinamarca”.
Atentamente
J. Ramón Obón León
