Me refiero a la comunicación del subsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP publicada la semana pasada (Proceso, 6 de agosto, p. 24).
Es entendible que el subsecretario Carlos Mancera intente defender sus puntos de vista; es lamentable que lo haga con tan pobres argumentos. Veamos los tres casos que comenté en mi artículo.
1. Incremento del gasto federal en educación superior en este sexenio. Lo esencial de mi argumentación (tomada del análisis de Observatorio ciudadano de la educación) era que ese gasto no ha aumentado en términos reales “en 35%”, como lo afirmó el presidente Zedillo con propósitos electorales, sino que ha tenido un desempeño bastante más modesto: hasta 1999 se mantuvo en el nivel de 1995, y apenas en 2000 (el gasto presupuestado) muestra un aumento de más de 10%; además, afirmaba yo que “como proporción del PIB bajó de 0.66 a 0.56%, como proporción del gasto educativo federal disminuyó de 16.4 a 13.4%” y que decreció también si se mide como gasto por alumno y por institución. Estas estimaciones toman como base los datos oficiales más recientes publicados (V Informe de Gobierno, capítulo IV y su Anexo Estadístico, y ANUIES, La educación superior en el siglo XXI, publicado en marzo de 2000).
Ahora nos sale el subsecretario con que hay otros añadidos que tomar en cuenta y que por lo visto se le olvidó incluir en los años anteriores: aportaciones extraordinarias a las instituciones públicas de educación superior y gastos en educación tecnológica y en normales. Esta información, nos dice, “será incluida antes del final de septiembre próximo en la página de Internet de la SEP”, y nos pide creer que estos añadidos serán de tal cuantía que resultarán en un incremento de este gasto de 32.3% en el sexenio. A regañadientes reconoce “la insuficiente información difundida” y promete darla a conocer cuando falten 60 días para el fin del sexenio. Lamentable manera de defender, recurriendo a información no publicada y de la que sólo él dispone, la aseveración del presidente, que desconcertó y molestó a rectores, académicos y funcionarios conocedores del tema, y que confirma el uso discrecional que hace la SEP de la información.
Por lo demás, la incongruencia es patente al afirmar un incremento de 32.3% del gasto en educación superior cuando el del conjunto del gasto educativo público ha sido, según él mismo, de 25.6%, tomando en cuenta que a lo largo del sexenio la SEP ha reiterado que ha dado prioridad al gasto en educación básica. Si la gran prioridad ha sido la educación básica (ver el Programa de Desarrollo Educativo”, p. 14), ¿cómo justificar que la educación superior tuvo el mayor crecimiento presupuestal de todo el sistema educativo? ¿Podría el subsecretario explicarnos este misterio aritmético?
2. Evolución del gasto federal educativo. En vano se busca en el largo texto del subsecretario alguna refutación de la argumentación de Muñoz y Márquez referida por mí, de que, comparando los cinco primeros años de Salinas (1989-1993) con los cinco primeros de Zedillo (1995-1999), en este último quinquenio “hubo una disminución en el crecimiento de los recursos federales para la educación”. Esta conclusión, basada en la comparación dicha, era lo esencial; Carlos Mancera no tiene nada qué decir sobre ella.
3. Evolución de los salarios del magisterio. Tampoco sobre este asunto hay en la respuesta del subsecretario argumento alguno de sustancia. Por supuesto que hay que considerar en los ingresos de los maestros el resto de sus percepciones, pero el argumento de los investigadores citados por mí es el siguiente: tomando como ejemplos los dos casos concretos que expone la SEP en El perfil de la educación en México (el salario de un maestro del Distrito Federal con plaza inicial y el de otro con nivel A de Carrera Magisterial), estos investigadores muestran que en esos casos hubo en el quinquenio de Zedillo una disminución de casi 15%. A esta conclusión no da el subsecretario ninguna contestación; se evade hacia el tema de la complejidad de los ingresos del magisterio, desvirtuando él mismo el valor probativo de los dos ejemplos que la propia SEP escogió como ilustrativos.
Añado algo más, aunque sea un asunto técnico: en relación con la información sobre el financiamiento de la educación, conviene advertir de otra manipulación hecha por la Subsecretaría en cuestión: se vienen modificando retroactivamente los datos de los últimos años ya publicados en los Informes presidenciales, con base, se dice, en “los ajustes a partir de 1996, utilizando los conceptos de la Nueva Estructura Programática”, con objeto de incluir en el gasto educativo erogaciones hechas para educación por otras Secretarías de Estado (V Informe de Gobierno, p. 6, Nota 1 y Cuadros de pp. 215 y 216, Notas 3 y 7 respectivamente). Estoy de acuerdo en que hay que incluir esas erogaciones de aquí en adelante e indicar en notas las razones que expliquen las variaciones respecto de años anteriores; pero es práctica internacional establecida respetar las cifras oficiales publicadas; de lo contrario se invalida la información oficial avalada por cada gobierno y se provoca un caos en las fuentes primarias. La memoria del país no puede quedar expuesta a la inventiva de cada nuevo
subsecretario.
Al final de mi artículo remitía yo a otros cuatro casos, que he comentado recientemente en esta revista, en que la SEP ha ocultado o manipulado la información. No es mi intención molestar a nadie ni restar méritos a la actual administración, que los tiene y muchos; pero el derecho de los ciudadanos a acceder a información confiable sobre la situación educativa nacional obliga a dejar constancia de que la Subsecretaría de Planeación y Coordinación no contestó en su momento, ni lo hace ahora, a ninguno de estos señalamientos, como tampoco ha contestado la SEP a los interrogantes de los 36 Comunicados de Observatorio ciudadano de la educación, ocho de ellos sobre temas de financiamiento (publicados quincenalmente en La Jornada desde enero de 1999); tampoco contestó a la publicación del estudio de Muñoz y Márquez, citado ahora por mí, que apareció desde hace ocho meses; tampoco a los datos publicados por la ANUIES en marzo pasado.
Su respuesta ahora viene a confirmar que el fantasma priista existe y todavía se siente muy a gusto en algunas dependencias: es la manera arbitraria y a veces autoritaria de manejar la información como si fuera propiedad personal de algún funcionario y no nos perteneciera a todos los ciudadanos; es la arrogancia que se envuelve en el silencio ante críticas bien intencionadas de ciudadanos e investigadores. Confiemos en que en el próximo gobierno logremos construir todos, gobernantes y gobernados, una relación verdaderamente democrática, basada en el respeto y la transparencia.
Atentamente
Pablo Latapí Sarre
