Salvador Corro
Seguramente en la Legislatura que se iniciará el próximo primero de septiembre será modificada la Ley Federal del Trabajo, para lo cual existen dos propuestas, una del PAN en la Cámara de Senadores y la otra del PRD en la de Diputados, mediante las cuales se terminaría el sindicalismo corporativo y surgiría uno independiente del gobierno, de los patrones y de los partidos políticos, además de que se transformarían radicalmente las funciones de la Secretaría del Trabajo.
El doctor Néstor de Buen, quien elaboró la iniciativa panista -bloqueada y congelada por los legisladores del PRI-, dice que ahora hay una posibilidad muy clara para encauzar una reforma que contenga los aspectos coincidentes de las dos propuestas y hasta se podrían incorporar los aspectos procesales que plantea la autoridad laboral.
El diputado Javier Paz Zarza, enlace entre las organizaciones obreras y Vicente Fox durante la campaña electoral, considera que para llegar a un nuevo sindicalismo “se requiere una profunda y radical transformación de la Secretaría del Trabajo, con el fin de fortalecer tres tareas fundamentales: crear un marco jurídico con un consenso muy amplio, fortalecer el empleo y lograr una mayor productividad”.
Alejandra Barrales, dirigente del Sindicato de Sobrecargos (ASSA), diputada federal electa del PRD, y secretaria general de la Fesebes, sostiene que “es un hecho que a partir de los cambios que se están dando en el país en los sindicatos, estamos obligados a revisar precisamente la agenda laboral, el tipo de sindicalismo que se viene practicando, y necesariamente tendrán que cambiar esas organizaciones oficialistas, cuya fuerza no se ha basado en el apoyo de los trabajadores, sino en el apoyo del Estado. Todo eso se debe replantear”.
Por lo pronto, el martes 1, Vicente Fox recibió, por separado, tanto a Barrales y a Francisco Hernández Juárez, dirigente de la Fesebes, que a Leonardo Rodríguez Alcaine, secretario general de la CTM, como a Agustín Rodríguez, líder del sindicato de trabajadores de la UNAM. Después de las reuniones, todos explicaron que habían planteado al próximo presidente sus inquietudes sobre las reformas laborales.
De Buen -especialista en derecho laboral y catedrático universitario-, en entrevista, advierte que “la Ley Federal del Trabajo concede muchos apoyos para que se sostenga el corporativismo. Por ejemplo, en lo que se refiere al registro sindical, si el Estado (la Secretaría del Trabajo) no le da la bendición y toma nota de su mesa directiva, el sindicato existirá legalmente pero no podrá funcionar. Además, el Contrato Colectivo de Trabajo es un documento que firma un señor secretario general del sindicato que nadie conoce, lo deposita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y los trabajadores no se enteran, pero ya tienen un Contrato Colectivo y eso es legal.
“Si un sindicato quiere emplazar de huelga, lo hace el secretario general y, por tanto, hay membretes sindicales que, con base en un directorio, van calle por calle emplazando de huelga y obtienen un dinerito. Así se firman contratos de protección. Y todo eso es posible por el marco legal vigente.”
Recuerda que desde mayo de 1994 la iniciativa de los senadores del PAN no pasó nunca de comisiones, porque eran minoría. Poco tiempo después, el PRD planteó la suya, muy parecida a la del PAN en cuanto a los objetivos fundamentales.
Explica que la del PRD plantea la desaparición del Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución y que las comisiones nacionales de los Salarios Mínimos y de Participación de Utilidades pasen al Poder Legislativo y ya no dependan del Ejecutivo.
Optimista, De Buen asegura que los proyectos del PAN y el PRD coinciden en algo que cada vez tiene más fuerza: “Acabar con las Juntas de Conciliación y Arbitraje. No sirven para nada. Ahí se toman decisiones autoritarias. El representante obrero vota por los obreros, el patronal por el patrón y el que decide es el gobierno, y ¿de quién depende el representante del gobierno? Del presidente de la República, si es la Junta Federal, o del gobernador, o el jefe de Gobierno del Distrito Federal, si es local. Lo que hay que hacer es sacarlas del Poder Ejecutivo e incorporarlas como tribunales especiales en el Poder Judicial. El proyecto del PAN propone que sean jueces de lo social, para que incluyan también las cuestiones de seguridad social y del derecho de trabajo. El proyecto del PRD nada más habla de jueces laborales. Pero esa cuestión se podría resolver fácilmente”.
En cuanto a las condiciones de trabajo, dice que una de las acusaciones que se hacen a la ley laboral mexicana es de que es muy rígida. “Por ejemplo, se puede subir o bajar de categoría al trabajador sin menoscabo del salario, y si logra más productividad se la pagan. Hay cosas que son absolutamente improductivas, como los días de descanso obligatorio que, combinados, hacen puentes infernales. En cambio, las vacaciones son una vergüenza. Somos el país de menores vacaciones en el mundo.
“En suma -señala De Buen-, en el nivel individual una reforma implicaría mejorar las condiciones de trabajo, con cierta flexibilización que haga productivas las relaciones de trabajo. En el orden colectivo se debe tomar una escoba y barrer con todo y crear una democracia sindical auténtica, una libertad de verdad, un derecho de huelga que funcione por decisión de los trabajadores y un convenio de trabajo colectivo que sea decisión de los propios trabajadores.”
Dice que dentro de la llamada nueva cultura laboral, existe un proyecto impulsado por la Secretaría del Trabajo, que se puede aprovechar mucho, “aunque tiene cosas que son un retroceso en relación con las reformas procesales de 1980, que fueron muy tutelares de los trabajadores. Pero tampoco es algo que pudiéramos no considerar. Creo que fácilmente se puede hacer un trabajo de tres partidos (con el PRI) para integrar una nueva legislación laboral”.
Sobre el derecho de huelga, explica que en el proyecto panista se siguió el modelo español, en el que la huelga la decide la asamblea de trabajadores y no el líder. “El sindicato decide cuándo y cuánto va a durar la huelga, que puede ser total durante tres días, o de un departamento durante dos días y el resto de la fábrica sigue trabajando”.
Destaca que los sindicatos deben enfrentar la globalización y por ello la huelga se tiene que manejar con muy buen criterio. “Hay empresas que tienen plantas en varias partes del mundo y muchas veces para desahogar su sobreproducción les conviene el paro en alguna. Países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay tienen sindicatos internacionales. Hay solidaridad entre ellos. Se está aplicando la famosa declaración del Manifiesto Comunista: ‘Proletarios de todo el mundo, uníos’”.
Una Secretaría renovada
Durante las campañas electorales, organizaciones sindicales independientes, académicos, abogados laborales, entre otros, elaboraron un documento con 20 propósitos que plantearon a los candidatos a la Presidencia para que los suscribieran. El enlace entre ese grupo y Vicente Fox fue el diputado Javier Paz Zarza.
Dice a Proceso: “No puede haber transición democrática si no pasa por el aspecto social, en particular por el mundo del trabajo. No estamos casados con la propuesta del PAN. Estamos dispuestos a buscar consensos, acuerdos, para que quede atrás la visión vertical, autoritaria, en donde las decisiones se tomaban desde la Presidencia y se acataban de manera absoluta”.
Considera que para modificar el marco jurídico se debe escuchar a sindicatos de toda clase, a empresarios, a legisladores, académicos, investigadores. “Tenemos que escuchar lo mismo a los compañeros de la CTM, de la UNT, o los sindicatos independientes de Nuevo León, de Jalisco, del Bajío e, igualmente, escuchar a los empresarios, pero no solamente al Consejo Coordinador Empresarial, sino también a todas las organizaciones, Concanaco, a los pequeños y micro empresarios”.
Explica: “Somos 98 millones de mexicanos, y 35 millones integran la población económicamente activa, es decir, en edad de trabajar, y de éstos solamente 15 millones tienen empleo estable. Quiere decir que hay 20 millones de subempleados o desempleados. De los 15 millones que tienen empleo estable, solamente 3.5 millones son sindicalizados. Esa es la realidad que debe tomarse en cuenta”.
Considera que “se requiere una profunda y radical transformación de la Secretaría del Trabajo, que es el ente del Poder Ejecutivo para instrumentar los cambios. Se requiere redimensionar las funciones de esa dependencia”.
Para evitar los vicios del pasado, e inclusive que los patrones se beneficien de esa situación, “se debe ejercer una función pública transparente. No hay ninguna limitación en el marco legal para que la Secretaría del Trabajo informe qué sindicato presentó un contrato colectivo, quién es el empleador, cuántos trabajadores, cuáles son las condiciones de un contrato colectivo”.
-¿Las modificaciones a la ley necesariamente repercuten en la Secretaría del Trabajo?
-No. El primer paso se puede dar sin cambios a la ley. Se trata de que tengamos una autoridad laboral comprometida con la sociedad. Nada más por enumerar tres aspectos: la justicia laboral está al servicio del mejor postor. Los trabajadores tienen que hacer plantones en la Junta Federal para reclamar sus derechos. Donde se imparte justicia hay injusticia. El primer paso, es que haya un ejercicio público y transparente, honesto.
“La corruptela que ha dado vida al sindicalismo corporativo tiene que desaparecer. Y esto obliga a que haya una autoridad honesta. Y tercero, eficaz. No es posible que la huelga de Sosa Texcoco haya durado nueve años; en este momento, en Tlaxcala hay una huelga textil que lleva cinco años.
-¿Cómo se imagina el 1 de mayo de 2001?
-Distinto, con organizaciones de trabajadores abiertas, plurales.
-¿Apoyando al gobierno o al sistema?
-Ya no apoyando al sistema. El mejor apoyo a un Ejecutivo es el voto ciudadano. La autoridad debe respetar las decisiones que tomen las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
Defender la huelga
Alejandra Barrales en dos años ha encabezado dos huelgas del sindicato de sobrecargos; además es secretaria general de Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, integrada por telefonistas, pilotos, tranviarios, entre otros.
En entrevista, dice que una de las cuestiones que debe quedar clara en las reformas a la Ley Federal del Trabajo “es el tema de la huelga. Debe garantizarse la huelga como herramienta para los trabajadores y eliminar la requisa. También lo que tiene que ver con la libertad sindical, renglón en el que hay un rezago importante.
“El reto es convencer a todos los legisladores, independientemente de los partidos, de que antes de hacer propuestas al marco jurídico es importante un diagnóstico en donde haya un acuerdo para que entonces sí podamos dar una propuesta de solución. En ese diagnóstico debe considerarse el punto de vista de los trabajadores y de los empresarios.
“La autoridad debe ubicarse solamente para facilitar esa relación y no como lo que hasta el momento ha sido, un dictaminador de cómo debe ser la relación entre las partes. El reto que tenemos es cómo sensibilizar a todos los grupos políticos de que lo que hay que hacer no es solamente modificar el marco jurídico, sino replantear una nueva relación laboral entre empresarios y trabajadores, con miras a empresas productivas.”
Aclara que “los trabajadores todavía no tenemos una definición de qué queremos en esa posible reforma y ese debe ser el primer paso, ponerse de acuerdo. Sería menos laborioso llegar a un acuerdo si hubiera un consenso en estas condiciones, creo que habría mejores posibilidades de sensibilizar a las fuerzas políticas, de intercambiar y de llegar a propuestas o acuerdos con los propios empresarios. Ellos sí tienen un consenso, sí tienen muy claro qué quieren de esa posible reforma”
