Surge una nueva amenaza: “el Fobazúcar” Juan Gallardo Thurlow, en el centro de la ruina azucarera

Homero Campa, Guillermo Correa y Ricardo Ravelo

El empresario azucarero Juan Gallardo Thurlow, cuyos negocios prosperaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, desde abril último fue designado por el presidente Ernesto Zedillo embajador de México en Francia, nombramiento que debe ser ratificado por el Senado de la República.
Según fuentes diplomáticas, el gobierno francés otorgó ya el “beneplácito”, pero el presidente Zedillo no ha enviado la solicitud de ratificación a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Y es que se prevé que la oposición podría votar en contra, por los negocios poco claros del empresario.
Por ejemplo, Azúcar y Fructuosa, revista especializada en la industria azucarera, informó que el exdirigente de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (Coece), “engañó al gobierno con un préstamo de 40 millones de dólares; hizo lo mismo con inversionistas nacionales y extranjeros -entre quienes colocó unos 200 millones de dólares durante 1997-98 y luego les recompró los títulos a mitad de precio- y también les mintió a los bancos, tanto comerciales como de desarrollo, sobre todo a Bancomext, institución que le otorgó un crédito por 50 millones de dólares”.
Además, al propietario del Grupo Azucarero México (GAM) se le atribuye parte de la culpa de la peor crisis en la industria azucarera nacional.
Gallardo Thurlow es dueño de la Embotelladora de Occidente, concesionaria de la Pepsicola, y de los ingenios Tala, Benito Juárez, San Pedro, San Francisco El Naranjal, Lázaro Cárdenas y José María Martínez, entre otros negocios, pero se encuentra al borde de la quiebra, pues su deuda total asciende a 124 millones de dólares.
Abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho y exdirigente de la Asociación de Industriales del Valle de México, Gallardo Thurlow fue el representante del sector privado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC). Aseguraba en 1991: “En el cuarto contiguo al de los negociadores de los tres países, estaremos los representantes empresariales de cada sector, listos para asesorar y comunicar lo que mejor convenga a la planta productiva de México. La competencia no nos va a desaparecer ni a barrer (Proceso 762)”.
Sin embargo, nueve años después, su corporativo azucarero fue víctima de lo que él mismo impulsó. Pero también llevó a la ruina a una agroindustria que actualmente emplea a más de 400 mil trabajadores, de los cuales 90% son campesinos cañeros, y el restante 10%, trabajadores de las unidades industriales. Están distribuidos en 15 estados, en los cuales se industrializa la caña en 60 ingenios.
Bertha Luján, de la Red Mexicana de Acción Frente“siempre se sujetaba a lo que decía el secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, al que obedecía. El equipo del cuarto de al lado se formó por instrucciones del gobierno y se eligió a la gente que el gobierno quiso. Sólo fue una simulación. No hubo trabajo con los sectores y éstos no hicieron propuestas que fueran tomadas en la negociación del TLC”.
Prueba de ello, sostiene, son las consecuencias del Tratado en el sector empresarial: “El mayor problema de la apertura comercial son los daños que ha causado a la industria nacional”.
Y el “negocio” azucarero es tan sólo un botón.
En un documento fechado el 22 de febrero último, las secretarías de Hacienda, de Comercio, de Agricultura y de Trabajo afirman que el nivel de endeudamiento total de esa industria es de casi 2 mil 500 millones de dólares, lo que “inhibe el acceso al crédito y limita inversiones en campo y fábrica”.
Adicionalmente, los grupos azucareros tienen deudas por 660 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 73 millones de pesos con el sindicato; 660 millones con el Infonavit; y 4 mil 800 millones con la Comisión Nacional del Agua, lo que hace un total de 25 mil 182 millones de pesos.
Según el documento, el gobierno federal otorgó, de 1995 a 1999, “subsidios explícitos e implícitos” por casi 9 mil millones de pesos.
Los industriales beneficiados, aparte del propio Gallardo Thurlow, del consorcio GAM, son: AGA, de Abelardo García Arce; Beta San Miguel, de José Pinto Nazal; Prozúcar, de Eduardo de la Vega; Escorpión, de Enrique Molina Sobrino; Santos, del empresario y político Alberto Santos de Hoyos; Machado, de la familia del mismo apellido; Porres, de Jaime Porres Bueno; Promotora Industrial Azucarera, de Carlos Artolozaga; y Saénz, de Araón Saénz-Tate and Lyle.
Por todo esto y con el fin de sanear a la industria, las cuatro Secretarías proponen “el cierre de 15 ingenios, lo que afectaría a 23 municipios, con 1.5 millones de habitantes, y para Financiera Nacional Azucarera (FINA) representaría un quebranto de 3 mil 140 millones de pesos”.
Además, el diagnóstico del gobierno indica que el sector azucarero nacional presenta problemas estructurales derivados de su marco regulatorio; bajo nivel de competitividad, alto endeudamiento y “una importante y potencialmente peligrosa penetración de la fructuosa en el mercado de edulcorantes”.
La fructuosa es un derivado del maíz, sustituto del azúcar, que ha invadido el país debido al TLC. El documento oficial, del que tiene copia Proceso, detalla:
“El precio promedio del azúcar refinado en el período comprendido de septiembre de 1994 a agosto de 1997 fue de 410 dólares por tonelada, mientras que el de la fructuosa fue de 250 dólares por tonelada. El diferencial propició una fuerte sustitución.”
Agrega que “en el ciclo azucarero 1994-95 el consumo de fructuosa fue de 54 mil toneladas, y dos años y medio después el consumo había alcanzado 490 mil toneladas, un incremento de 800%. Por ello, en el verano de 1997 las industrias refresquera y azucarera celebraron un pacto para limitar su uso, cuya vigencia concluye en agosto de este año”.

Consecuencias de la privatización

Guadalupe Cruz, secretario de Información y Asuntos Técnicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera de la República Mexicana (SNTIAARM-CTM), dice que Juan Gallardo Thurlow tiene mucho que ver en “la amarga realidad” en que se ha caído, puesto que fue uno de los negociadores del TLC, “el cual  ha llevado a esta situación social y política inquietante”.
Considera que todo “se inició hace 12 años, desde la privatización de la industria iniciada con Miguel de la Madrid y concretada por Carlos Salinas de Gortari, de tal suerte que ahora, por ejemplo, ya son dos quincenas las que se deben a más de 11 mil jubilados”.
Cuenta: “La producción está excelente, los parámetros de productividad han mejorado, pero el problema es el precio, pues el TLC permitió que se introdujeran más de 600 mil toneladas de miel de maíz.
“Eso, aunado a las casi 5 millones de toneladas de azúcar que se producen actualmente, satura el mercado y provoca la caída del precio en alrededor de 60% de su valor real, lo que es muy grave e incide mucho en las condiciones financieras de la industria; de ahí que la crisis de los ingenios sea terrible.”
Según el dirigente, los 60 ingenios del país se encuentran en riesgo, debido a que padecen el mismo problema.
“El peligro de cerrar es obvio, ya que el precio del azúcar tiene dos años de estar estancado. Entonces, el bulto de 50 kilos valía 196 pesos y hoy está apenas a 200.”
Frente a la situación, afirma, lo que el gobierno busca es bajar la producción en 1 millón de toneladas para equilibrar el precio, lo que significa el cierre de por lo menos 20 ingenios, de 50 mil toneladas cada uno.
“Pero eso impacta a comarcas completas, a varios estados de una región, pues de la industria azucarera dependen alrededor de 3 millones de familias. Lo importante ahora -dice Guadalupe Cruz- es que el gobierno pueda ayudar buscando los préstamos que requieren los industriales para sobrevivir.”

Suspensión de pagos

Sin embargo, el propio Gallardo Thurlow se ha encargado de cerrar esa salida, al declarar la moratoria de sus deudas tanto con el gobierno como con los bancos privados.
El anuncio de la suspensión de pagos del Grupo Azucarero México se produjo en abril último, apenas días después de que ya era pública la designación de Gallardo Thurlow como embajador de México en Francia.
Entre las razones que dio el empresario, según documento publicado por Azúcar y Fructuosa, se encuentra el hecho de que el GAM “se vio gravemente afectado en sus finanzas debido a que el precio de venta de sus productos durante finales de 1997, 1998 y 1999 se ha reducido considerablemente, debido a la crisis nacional y a la sobreproducción de azúcar”.
Argumentó que esos problemas “no son atribuibles a una mala administración, sino a factores climáticos y comerciales que inciden en el mercado azucarero”.
Al respecto, Enrique Vilatela, director del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext),al que el GAM debe 40 millones de dólares, informó que ha sostenido pláticas con Gallardo Thurlow, quien prometió presentar un “esquema para cumplir con los compromisos financieros adquiridos”. Si no fuera así, “nosotros tenemos suficientes garantías para cobrarnos”, aseguró el funcionario.
“Lo que no sabe Vilatela -comentó la revista del sector azucarero-, es que el juez que otorgó la suspensión de pagos al GAM resolvió: En cuanto a las medidas provisionales solicitadas, y dada la paridad que se da con todos los acreedores, se ordena a las suspensas retener la cobranza delegada para que la administre y utilice los recursos que se obtengan en la actividad propia de la empresa, evitando que se beneficie a la acreedora Banco Nacional de Comercio Exterior.”
De acuerdo con los editores de Azúcar y Fructuosa, la actitud de Gallardo Thurlow ha contribuido al deterioro de la imagen del sector, pues ha traído como consecuencia la imposibilidad de que otros industriales puedan obtener financiamiento, tanto nacional como extranjero, a causa de que quienes tienen el dinero se encuentran temerosos de que el ejemplo se pueda repetir.
“A tal grado ha llegado la situación que los brokers norteamericanos, como Prudential Securities y Society General, han detenido todas sus operaciones en México y empiezan a exigir que los dueños de los ingenios cumplan por adelantado con sus pagos, si es que quieren obtener más créditos a su favor.”
Sobre este punto, Rolando Pérez y Alejandro Solórzano, representantes de Prudential, dijeron que estaban “realmente preocupados por la posibilidad, nada remota, de que los recursos que esa firma ha canalizado a varios ingenios, que en conjunto suman unos 200 millones de dólares, no puedan ser recuperados en su totalidad, causando con ello un grave daño a los inversionistas de la correduría estadunidense”.
Por tal motivo, “están exigiendo a varios de ellos la renegociación de dichas operaciones, lo que consiste desde la reducción de plazos, hasta la exigencia misma de que liquiden el importe del crédito en un plazo de 60 días, cuando mucho”.
Luis Pablo Soto Ortiz, responsable del órgano informativo azucarero, dijo a Proceso que con todo lo anterior se demuestra que Juan Gallardo ha contribuido al hundimiento de la industria, “porque con anterioridad a lo de Bancomext, hizo lo mismo a inversionistas extranjeros con 150 millones de dólares”.
Sostuvo también que en relación con el préstamo de Bancomext, “el problema es que se lo soltaron sin pedir garantías, ya que el único requisito que le pidieron fue que les ofreciera contratos de venta a futuro del azúcar. Pero no es lo mismo un contrato de venta a futuro para exportar o para el consumo doméstico, que un certificado de depósito, porque cuando se cuenta con éste, lo que se hace es garantizar el pago del préstamo, pues si no se cumple se ejercen los certificados”.
Soto Ortiz explicó que los funcionarios de Bancomext “no hicieron nada de esto, y curiosamente el día que se aprueba el préstamo en la junta directiva del banco, donde el secretario de Hacienda es el presidente del Consejo y el  secretario de Comercio es el vicepresidente, José Ángel Gurría no va y el que autoriza es Herminio Blanco”.
Lo peor de todo, según la publicación, es que Juan Gallardo contaminó a los demás industriales del ramo, a los que invitó “a soñar” en que todo sería distinto con el TLC.
En efecto, el TLC establece que México tiene derecho a exportar todos sus excedentes de azúcar. Actualmente se producen 4.7 millones de toneladas y se consumen 4.2. Así, deberían exportarse 500 mil toneladas.
Sin embargo, esa cláusula fue prácticamente mediante las llamadas “cartas paralelas”, que ahora Estados Unidos quiere renegociar, mientras que los industriales mexicanos esperan que, por fin, podrán exportar los excedentes y empezar a conquistar el mercado norteamericano.
Entre tanto, el gobierno anunció que llevará a cabo otro “rescate azucarero”, mediante un esquema de financiamiento al sector, equivalente a 400 millones de dólares, con vigencia hasta marzo del año 2001, operación que en el gremio se califica ya como “el fobazúcar”.
De ratificarse el nombramiento de Gallardo Thurlow como embajador en Francia, desempeñaría un importante papel en el Centro de Management Euro-Latinoamericano, organismo dedicado a la información y asesoría de empresas con interés de hacer negocios en ambos continentes, al cual pertenece, y que actualmente organiza un foro internacional, que se celebrará en Biarrtz, Francia, del 2 al 4 de noviembre próximo. Uno de los ponentes será Vicente Fox, presidente electo de México.