Alberto Barranco Chavarría
El primer gran reto para los cerebros financieros del candidato triunfante a la Presidencia de la República, Luis Ernesto Derbez Bautista y Eduardo Sojo Garza Aldape, será ubicar la fórmula mágica para hacer cuadrar las propuestas de campaña de Vicente Fox con la posibilidad de disposición de recursos públicos.
Dicho más claramente, empatar un Presupuesto de Ingresos menguado por una serie de concesiones, cancelaciones y reducciones, con un Presupuesto de Egresos incrementado por partidas extraordinarias… en un escenario donde se reclama la reducción del tradicional déficit.
El rompecabezas parece imposible:
De entrada, el proyecto económico puesto en la mesa por el hombre que humilló al PRI, habla de reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos, cuyo peso específico alcanza 42% del ingreso tributario global.
Estamos hablando, pues, de varios miles de millones de pesos por cada punto que se le restara al esquema que ahoga a la principal empresa pública del país, cuyo monto equivale a casi tres cuartas partes de sus ingresos globales.
Más allá, la propuesta habla de que durante el próximo año no habrá incremento alguno en la tasa actual del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, ni se desempolvarán propuestas de nuevos tributos, como el que se pretendía aplicar al uso de teléfono o el que gravaría adicionalmente el consumo en estados y municipios, en beneficio del fisco local.
Adicionalmente, la promesa foxista habla de desaparecer dos cargas impositivas que en conjunto representan algo más de 8% de la recaudación total: el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y el Impuesto Sobre Activos que se aplica a las empresas que declaran en ceros, es decir, sin utilidades al calce.
Desde otro plano, la oferta apunta a incentivar el ahorro interno y la inversión productiva, lo que implica no sólo cancelar la posibilidad de gravar las ganancias derivadas de operaciones en la Bolsa, sino recuperar terreno en materia de deducción inmediata en el ámbito de reinversión de utilidades productivas, y de consolidación de pérdidas y ganancias en el caso de las filiales de un imperio industrial, comercial o de servicios, tipo Grupo Alfa, Gigante o Televisa.
Adicionalmente, la entrada en vigor del TLC entre México y la Unión Europea cancela la posibilidad de seguir aplicando un gravamen extraordinario al ingreso de mercancías de la zona.
Ahora que del otro lado de la moneda, la montaña es impresionante:
Vicente Fox prometió diseñar una política industrial, en cuyo marco habría no sólo facilidades fiscales, sino estímulos directos en materia de investigación tecnológica, capacitación y desarrollo de actividades clasificadas como estratégicas, privilegiándose, además, la inversión en zonas rezagadas.
Más allá, en la oferta de nadie sin escuela, el excandidato de la Alianza por el Cambio ofreció becas que compensen el ingreso de un niño que trabajara en lugar estudiar.
Así mismo, se habló de revivir la opción de financiamiento al campo y a la micro, pequeña y mediana empresas que representaba la banca de desarrollo, lo que implica necesariamente la capitalización de Nacional Financiera y el Sistema Banrural, cuyo reclamo es, otra vez, de miles de millones de pesos.
Por lo demás, la oferta habla de reducir el desequilibrio entre egresos e ingresos a un margen de 0.75% del PIB.
La paradoja es que la única arma conocida hasta hoy para enfrentar el reto es la ampliación de la base tributaria, es decir, aumentar el número de causantes.
El problema es que existe una dramática contradicción entre las cifras alegres que maneja el sector privado en materia de incremento en la recaudación al incorporar la economía informal y las que calcula la Secretaría de Hacienda, cuya expresión tradicional es que el esfuerzo “no pinta”.
Y aunque el foxismo habla de suprimir secretarías de Estado, presumiblemente las de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Energía, Reforma Agraria y Turismo, es decir, las que condenaba a muerte el PAN como forma de compensar el ingreso que representó finalmente el incremento de 50% a la tasa del IVA decretado en 1995, la promesa habla de reubicar, en tal caso, la planta burocrática.
Y aunque, desde otro ángulo, se habla de ubicar fórmulas para disminuir el fardo que representan para el país los compromisos en materia de rescate bancario, lo cierto es que la inercia obligará a presupuestar para el próximo año una partida mínima de 40 mil millones de pesos.
¿Alguien dice yo?
