La minoría blanca que gobierna Sudáfrica demostró muy claramente que está menos dispuesta que nunca a transferir el poder a la mayoría negra de ese país, pese a las ilusiones acariciadas por Estados Unidos e Inglaterra.
Hace unos días, el gobierno del primer ministro John Vorster ordenó medidas represivas –las más severas desde 1960– que incluyeron la disolución de dieciocho organizaciones contrarias al apartheid; detención de sus dirigentes y otras personas relacionadas de alguna manera con estos grupos; clausura del periódico “The World” y su edición dominical “The Weekend World”; el cierre de varias clínicas ambulantes que recorrían el país en ayuda de las comunidades negras, y colocó a otros líderes africanos a cinco años de residencia vigilada, es decir, éstos deberán presentarse ante la policía una vez a ala semana, no hacer declaraciones a la prensa y no recibir más de un visitante a la vez.
Entre las organizaciones disueltas están el Instituto Cristiano, la Convención del Pueblo Negro, el Consejo Representativo de Estudiantes de Soweto y la Unión de Periodistas Negros.
La reacción a estas medidas fue mundial: el presidente Carter pidió a su embajador en Sudáfrica, William Bowdler, que regresara inmediatamente a Washington para efectuar consultas; lo mismo hizo Holanda con su representante Rudolph Froger.
Sin embargo, aunque Carter protestó en forma inmediata, no mencionó nada relacionado con las inversiones estadunidenses en esa parte de Africa. Estados Unidos ha vetado en varias ocasiones una iniciativa de gran número de países miembros de la ONU para suspender toda clase de ayuda económica e inversiones en Sudáfrica.
Después de la serie de medidas tomadas en la semana, el gobierno racista de Vorster anunció nuevos aumentos en los alquileres, el gas y la electricidad para los negros, que habitan en reservas situadas alrededor de las diferentes ciudades sudafricanas.
Las masas negras se lanzaron a la calle en manifestaciones de protesta. La policía sudafricana intensificó la represión e inclusive disparó contra grupos de manifestantes en todo el país, causando varios muertos y heridos. De igual forma, estallaron varias huelgas.
Por su parte, la OUA (Organización de Unidad Africana) hizo un llamado al pueblo sudafricano para que se levante en armas y ponga fin a la explotación y represión de que es objeto. Varios mandatarios africanos consideran el de las armas como el único camino para los negros sudafricanos que, extranjeros en su propia patria, son tratados como si formaran parte de una raza inferior, subhumana, merced a la ley del Apartheid cuyos artículos resultan verdaderamente indignantes.
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