Señor director:
El artículo de don Pablo Latapí, publicado en el número 43 del día 29 de agosto de esa revista, bajo el título “Secundaria Obligatoria, medida discutible”, comprende algunos datos y apreciaciones que merecen aclararse, ya que el prestigio del autor puede inducir a errores o confusión entre un grupo calificado de lectores.
En un tono aparentemente imparcial, el citado artículo se suma –en el fondo– a una corriente conservadora que sin mayor análisis juzgó “utópico el Plan Nacional de Ecuación”, actitud que fue directamente controvertida en el mensaje presidencial del pasado primero de septiembre.
Afirma el señor Latapí que sólo la mitad de quienes comienzan la primaria la terminan seis años después. Anota, igualmente, que el 85% de los niños que concluyen sexto año se inscribe en el ciclo básico de la educación media. De esas dos afirmaciones deduce que la reforma propuesta para hacer obligatoria la escuela secundaria sólo podría lograr que un 15% más de los egresados de primaria se inscribiera en el ciclo posterior.
Aquí hay más de un sofisma. En primer término, porque el programa prioritario del Plan es precisamente la disminución de la deserción escolar. Esto quiere decir que el porcentaje de niños que terminan la primaria sería cada vez mayor, lo que es perfectamente realizable por una política coordinada, que atienda preferentemente a las comunidades marginadas, flexibilice los planes de estudio y emprenda un vasto trabajo social y pedagógico de orientación a las familias.
Por otra parte, la tendencia de los egresados de sexto año de primaria a inscribirse en la secundaria es cada vez mayor. El incremento es casi de 1.5% de los niños que terminen la primaria demandarán inscripción en la secundaria.
Las cifras anteriores revelan que, tanto por el crecimiento demográfico, como por la disminución de la deserción escolar y la mayor tendencia a la inscripción en secundaria, la población de este ciclo se incrementará de modo cuantioso en la próxima década. Tan sólo en los próximos cinco años el aumento global de la matrícula en secundaria será de 70%, y el de los niños que pedirán su acceso al primer grado del ciclo básico, tenderá a duplicarse.
Sabe el autor del artículo citado que el carácter no obligatorio de la escuela secundaria significa la ausencia de un compromiso del Estado para atender la expansión de ese ciclo educativo. Sabe que hace más de 25 años las autoridades educativas de nuestro país han luchado, en contra de los sectores más conservadores, por extender la educación pública a nueve años de escolaridad. Sabe también, que de no hacerlo ahora la presión de la demanda educativa nos desbordaría. Sabe, finalmente que es en la secundaria en donde la proporción de escuelas privadas es mayor, por insuficiencia de la escuela pública y que actualmente más del 26% total de ese ciclo y cerca del 45% de la demanda urbana es atendida por escuelas particulares.
Sabe también el Dr. Latapí que la obligatoriedad de la escuela primaria es la lucha del siglo XIX y la de la escuela secundaria la del siglo XX, ya que la primera corresponde a las aspiraciones de una sociedad agraria y semifeudal y la segunda a una sociedad con tasas elevantes de urbanización y un proceso activo de desarrollo industrial. Sabe que únicamente cinco países en el continente americano –los de menor desarrollo relativo– además de México, tienen sólo seis años de escolaridad obligatoria y que los de evolución semejante al nuestro establecieron la escuela de nueve grados hace una o dos décadas. Sabe, por último, que la capacidad productiva de un país y sus posibilidades democráticas dependen precisamente de la oportunidad con que adopten los compromisos financieros necesarios para asegurar una formación general equivalente cuando menos al ciclo secundario.
Entonces, nos preguntamos, por qué, incluso en contradicción con su artículo anterior “Plan Nacional de Educación. Racionalidad Política”, publicado el pasado 15 de agosto, ahora sugiere que el carácter obligatorio de la secundaria podría reforzar las actuales desigualdades, cuando entonces afirmaba que “por primera vez las autoridades educativas se comprometen con un conjunto de políticas explícitas, que favorecerán una disminución de las desigualdades educativas”.
Obviamente, la asignación de mayores recursos a la secundaria no es en detrimento de los programas en favor de los marginados y de la expansión de educación preescolar y primaria, sino precisamente, una consecuencia de éstas. Aquí, el orden de prioridades está determinado por la naturaleza misma del proceso educativo, ya que justamente en la medida en que la primaria se universalice se requerirá la ampliación correlativa del ciclo posterior. Lo que el Plan postula, es la toma coherente de decisiones que evite la quiebra de cualquier ciclo del sistema por falta de previsión.
El propio autor del artículo ha reconocido en otras ocasiones que son notoriamente insuficientes los recursos que el país destina a la educación. Que si bien, el presupuesto federal del ramo educativo representa el 17% del gasto directo de la Federación, el país sólo destina un 3.5% de su producto nacional a esas tareas, cuando es una evidencia internacional la necesidad de canalizar hacia la formación de los recursos humanos cuando menos un 5% de ese producto.
Argumentar en contra de la secundaria obligatoria es abogar en favor de un fisco restringido y de un desarrollo que sacrifique nuevamente los aspectos sociales en favor de la acumulación de la riqueza, de la servidumbre y de la dependencia. O bien, es suponer ingenuamente que frente a la abstención del Estado, los particulares absorberán con eficiencia o con provecho la obligación de impartir educación secundaria.
Evidentemente las leyes expresan un deber ser y por eso mismo son normativas. Ello no significa que se formulen sólo como vagas aspiraciones y no como compromisos sociales efectivos.
Hace más de cien años, quienes se oponían a las decisiones del presidente Juárez lo hacían con semejantes argumentos y sin embargo sólo la decisión del Estado en materia de educación primaria permitió el desarrollo de la escuela pública y la secularización de la enseñanza. Ahora no necesitaremos esperar un siglo para ver que la escuela secundaria llegue a la inmensa mayoría de los mexicanos en edad de recibirla, si la sociedad política y la conciencia nacional lo deciden a tiempo.
Le agradezco la atención que le merezcan estas líneas y le expreso el testimonio de mi consideración distinguida.
Lic. Manuel Rodríguez Arriaga.
Director del Centro General de Documentación.
Secretaría de Educación Pública.
