Como corolario de la falta de previsión, el exceso de confianza, la improvisación y las corruptelas que han antecedido al proyecto habitacional de la Villa Panamericana, donde se hospedarán los participantes de los Juegos Panamericanos, ésta sigue sin contar con el permiso de habitabilidad del municipio de Zapopan. Con lo que sí se cuenta es con un simple anuncio: la promesa de expedición de un “permiso especial”, toda vez que la obra se encuentra en litigio a raíz de una demanda vecinal.
GUADALAJARA, JAL.- Aun cuando no se cuenta con el permiso especial de habitabilidad de la Villa Panamericana donde se hospedarán los 5 mil 500 atletas e integrantes de las delegaciones de 42 países que tomarán parte en los Juegos Panamericanos, los participantes comenzarán a instalarse en ella en los próximos días.
El proyecto habitacional deportivo se ha mantenido en riesgo a raíz de un juicio de nulidad promovido y ganado en primera instancia por los vecinos del fraccionamiento Rancho Contento, quienes alegan que la obra viola normas ambientales.
En estas circunstancias, sólo hay dos maneras de que el conjunto habitacional pueda utilizarse sin violar la ley: la primera, que concluya dicho juicio; la segunda, que una autoridad judicial federal deje sin efecto la medida que impide al ayuntamiento de Zapopan otorgar certificados de habitabilidad y registros catastrales.
Por tratarse de un encuentro deportivo internacional, las autoridades de Zapopan se comprometieron a expedir un permiso para que la Villa Panamericana albergue durante dos semanas a los participantes en la justa. Así lo anunció el director de Planeación Municipal, José Luis Valencia Abundis, durante una reunión con representantes del Parlamento de Colonias.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición ese permiso aún no se había otorgado.
Carlos Aldana Ortiz, abogado de los vecinos de Rancho Contento, comenta a Proceso que el pasado 21 de septiembre sus representados se reunieron con el alcalde de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez, para conocer su postura en torno al problema jurídico que afecta a la Villa Panamericana. Asegura que el ayuntamiento no puede expedir ningún permiso, aunque sea temporal, para que se habite la villa.
Recalca que debe respetarse la suspensión que emitió el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para que no se comercialice la villa ni se expidan certificados de habitabilidad.
Además, anunció que promoverá un incidente de desacato para informar al TAE del incumplimiento de la medida, a fin de que se sancione a los responsables.
La villa, insiste Aldana Ortiz, se construyó sin tomar en cuenta las leyes en materia de impacto ambiental y sin prever los problemas que afectarían la movilidad en la zona. Por ello, los vecinos acudieron a las instancias legales a fin de detener la edificación del conjunto habitacional.
En los dos juicios que Aldana Ortiz promovió ante el TAE –folios 67/2011 y 87/2011– se planteó que el ayuntamiento expidió la licencia de construcción el 22 de diciembre de 2009, al término de la gestión de Juan Sánchez Aldana, sin cumplir con las normas ambientales, ya que las viviendas se asentarían en una zona de recarga de agua.
El presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa, lamenta que Zapopan autorice la ocupación de la villa, en franca violación a la Ley de Desarrollo Urbano.
Y añade: “El certificado de habitabilidad es el trámite que valida a una construcción para que pueda ser utilizada. En este caso, una vez más se infringe la ley”.
El Parlamento de Colonias le entregó a Vielma un escrito en el que manifiesta su voluntad de participar en la consulta, pero le piden que aplique la ley y sancione a quien la viola.
En ese documento se expone que las autoridades no deben ser condescendientes con las construcciones que violan los planes parciales. “Consideramos que su administración debe dar un claro ejemplo de legalidad y congruencia con lo dispuesto en la normatividad urbana, y si alguna edificación no cumple con dicha normatividad, se deben iniciar o concluir los procesos de sanción a los responsables, sean propietarios o funcionarios. De ser necesario, se deben demoler las edificaciones”, precisa el escrito.
Sólo palabras
Durante la entrevista con los representantes vecinales, Héctor Vielma dijo en un par de ocasiones que él no era Juan Sánchez Aldana –el alcalde panista que le antecedió y cuya administración se caracterizó por sus altos índices de corrupción– ni el gobierno de Guadalajara que se vio involucrado en escándalos por malos manejos. “Sus palabras no nos dicen nada, si al final se termina por violar la ley”, acotó Cárdenas Ochoa.
El pasado 29 de abril, el magistrado Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del TAE, dictó una resolución que impide al municipio de Zapopan expedir certificados de habitabilidad.
“Se concede la medida cautelar desde estos momentos y hasta que cause estado la sentencia definitiva que se dicte en el presente juicio (expediente 82/2011), para los efectos de que de manera inmediata se suspendan las obras de construcción del proyecto denominado Villa Panamericana… lo que implica también suspender cualquier venta de algún inmueble derivado de ese proyecto, así como abstenerse a otorgar certificados de habitabilidad y registros catastrales a favor de persona alguna”, se lee en el documento.
El magistrado García Estrada estableció un plazo de 24 horas para que se suspendieran los trabajos, lo que en realidad nunca ocurrió. Aunque el municipio de Zapopan trató de clausurar la obra el pasado 4 de mayo, personal de la constructora, así como policías estatales lo impidieron. Por otra parte, el juez federal Fernando López Tovar (expediente 1085/2011 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa) les permitió concluir la obra sin mayores obstáculos.
Los problemas financieros se resolvieron con el apoyo del gobernador Emilio González Márquez, quien entregó a los desarrolladores de la villa 927 millones de pesos “en calidad de préstamo, mientras se resuelve el amparo y salen a la venta los departamentos” (Proceso Jalisco 339). Estos fondos provenían del Instituto de Pensiones del Estado y de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe).
Cárdenas Ochoa criticó que se distraigan recursos del fondo de los trabajadores y que se desvíen fiscales y del gasto ordinario del estado: “Aunque no sabemos el monto exacto, estimo que ya rebasaron los 6 mil millones de pesos”.
El presidente del Parlamento de Colonias comenta que desde hace tiempo le sigue la pista al tema de los Juegos Panamericanos. También asegura que en varias ocasiones ha solicitado –vía la Ley de Transparencia– información acerca del costo que esta justa tendrá para los tres niveles de gobierno. “No informan o lo hacen parcialmente”, indica.
Por su parte, en rueda de prensa realizada el 26 de septiembre último, Salvador Caro Cabrera, diputado federal del PRI, señaló que el gobernador ha desviado recursos para financiar los juegos. Dijo:
“Tengo la sospecha de que ante el mal manejo de las finanzas públicas del estado se están jineteando los recursos públicos. Los están usando con otros fines de manera temporal y eso podría ser para tapar algunos huecos y faltantes que tienen respecto a los Juegos Panamericanos.”
También manifestó que varios alcaldes le han informado que con el pretexto de los Panamericanos no les hacen llegar los recursos que les corresponden. Por ello, junto con su compañero de bancada Arturo Zamora Jiménez presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para hacerle un extrañamiento al gobernador Emilio González Márquez.
“Tenemos casos dramáticos, como el de Ameca, que este mes no recibió 1 millón 700 mil pesos; el de Ocotlán, que no le llegó millón y medio; el de Tepatitlán, que no le entregaron 600 mil pesos; el de Tecalitlán, que no percibió 1 millón 475 mil pesos. A Puerto Vallarta no le llegaron 2 millones 14 mil pesos”, afirmó el legislador federal.
Caro Cabrera indicó que la mala planeación y la incapacidad del gobierno estatal no justifican que se ponga en crisis financiera a los municipios y que no fluyan los recursos que les corresponden.
La preventa
Desde junio pasado, el Grupo Corey Integra y Cornejo Barragán, los promotores de la villa, fueron notificados por el TAE para que informen acerca de los compradores de los departamentos –durante la preventa, antes de la suspensión.
El 22 de agosto pasado se les fijó un nuevo plazo –de 30 días hábiles, a partir de que fueron notificados– para que entreguen la información.
En tanto, un supuesto comprador, que al suspenderse la comercialización de la villa acudió a la justicia federal para solicitar un amparo, por la afectación a su presunta inversión, resultó ser empleado de los promotores del proyecto.
Este semanario tiene copia de un acta de notificación del TAE, elaborada por Marysol del Río González, el 20 de mayo de 2010, dirigida a Ricardo Huerta Hoyos, representante de los desarrolladores de la villa, la que fue recibida por Guillermo Solorio de León, quien dijo ser su colaborador.
En el amparo que promovió Solorio de León (824/2011) en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, declaró que el 24 de agosto de 2010 celebró un contrato de compraventa en carácter de “prominente comprador” y adquirió la unidad 3, piso 5, edificio Jade del complejo panamericano que se ubica en El Bajío. El “prominente colaborador” perdió el amparo. Los juicios siguen y serán resueltos una vez que concluyan los juegos.
