Hostigamiento, represión, despidos injustificados, violación del contrato colectivo de trabajo, negativa a prestaciones, son parte de los problemas laborales de los maestros del Colegio de Bachilleres de Jalisco (Cobaej) que dirige José Antonio Cabello Gil, un “panista, yunquista y arcaico”, según lo califica Aldo Santana Alcalá, líder del Sindicato Único de Académicos del organismo (SUA-Cobaej).
Carlos Scheel Martín, secretario de Actas y Acuerdos del sindicato, considera que Cabello utiliza la institución con fines partidistas. Muestra de ello, dice, es que suele acarrear a los alumnos para eventos como el del pasado 18 de agosto en el Auditorio Telmex, “donde estuvo la diputada panista Josefina Vázquez Mota”.
Fundado en 1996 por el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez como parte del sistema educativo estatal, el Cobaej tiene planteles en 74 municipios –21 de bachillerato escolarizado y 65 de educación a distancia–, dicen los dirigentes. Según Santana Alcalá, el colegio surgió como contrapeso político para quitarle poder a la Universidad de Guadalajara.
E insiste: el SUA-Cobaej está exigiendo hoy un incremento salarial, así como una recategorización del cuerpo docente, el pago de los 140 millones de pesos que se les adeudan por concepto de antigüedad y 27 millones para los mil 100 profesores por compensaciones y estímulos.
El dirigente sindical se queja por el desdén de las autoridades de la SEJ: “Nos regatean las precarias concesiones al salario, mientras el gobierno del estado ha derrochado miles de millones de pesos de excedentes petroleros en los últimos cuatro años; y ahora, con el pretexto de los XVI Juegos Panamericanos, gastará otros 4 mil millones, así como 500 millones en propaganda de autopromoción para Emilio González Márquez”.
El sindicato anunció su emplazamiento a huelga para el 8 de agosto pasado, pero Alfonso Romero Santillán, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se negó a reconocer su petición. En respuesta, los maestros del Cobaej realizaron un plantón frente a Casa Jalisco durante 11 días, que levantaron el día 26 por la tarde tras acordar la instalación de una mesa de diálogo y emplazaron a huelga al Cobaej para el 29 de agosto.
La Junta de Conciliación y Arbitraje tampoco la aceptó. Al conocer la resolución, los sindicalistas rompieron las negociaciones y anunciaron un nuevo plantón frente al Palacio de Gobierno, así como un paro de labores.
Santana comenta que los representantes laborales amenazaron con notificar a las autoridades federales para que interpusieran una denuncia penal en su contra “por alterar las actas de asamblea para poder pedir la huelga”.
El coto de Cabello
Carlos Scheel se queja porque, dice, a los maestros no sólo no les cumplen sus peticiones financieras, sino que intimidan a sus representantes de manera sistemática.
Los quejosos exigen que el gobernador Emilio González Márquez destituya al director de la institución, José Antonio Cabello Gil exdiputado federal y quien como director de Educación del ayuntamiento de Guadalajara, en diciembre de 2008 protagonizó un escándalo de aviadores panistas en el municipio que culminó con su salida del cargo.
A ello se suma el uso político que Cabello Gil hace del Cobaej, como el del 18 de agosto, cuando la diputada Vázquez Mota ofreció su informe de actividades legislativas en el Auditorio Telmex.
Los maestros aseguran que desde su llegada a la dirección del Cobaej en 2010, Cabello comenzó a “imponer sus puntos de vista”. Incluso, dice Santana, entre marzo y abril despidió a 13 compañeros, entre ellos a Héctor Sabino López Pantoja.
En entrevista con Proceso Jalisco, López Pantoja asegura que el directivo también desapareció el centro de educación del penal de Puente Grande en el que se impartían clases a los reclusos. El argumento fue que ya no era rentable, “a pesar que beneficiaba a 80 personas y nosotros habíamos conseguido a 272 internos para primer ingreso varonil y femenil”.
Y agrega: “Con esto terminaron dos años con dos horas al día, pero de paga. Esto privatiza la educación al sustituir un modelo gratuito por otro en el que pagas hasta por cada examen”. De acuerdo con el nuevo sistema, se contratan profesores sin derechos laborales, pues sólo se les paga por hora trabajada:
“Hubo el caso de la maestra de matemáticas, Teresa Márquez Lira, que el 15 de abril último fue atropellada al salir de su clase. Las autoridades no le reconocen ningún derecho. El suyo es un ejemplo de la indefensión en que están los maestros”, relata Scheel.
Otra de las sindicalizadas, María de los Ángeles Pérez Salcido, comenta que durante el plantón las autoridades les echaron las patrullas para que no informaran a sus compañeros. Además, dice, el director de Educación Media Superior de la SEJ, José Manuel Barceló, amenazó a los sindicalistas con intervenir para que ningún medio local informara sobre su movimiento.
Maestros desechables
Aldo Santana asegura que su sindicato está reconocido legalmente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluso cuentan con la toma de nota de contrato colectivo; y comenta que 90% de los mil 111 profesores están afiliados al SUA-Cobaej.
Se queja porque, dice, “el gobierno de Jalisco cree que tiene a las personas correctas y se mantiene en ese error pensando que son capacitados, pero no tienen capacidad para solucionar los problemas”.
–¿La infraestructura está rezagada? –se le pregunta.
–Sólo los centros de educación media superior a distancia, ahí requerimos computadoras e internet y después de dos años apenas la están instalando. En la zona costa tenemos centros sin ventiladores, instalaciones prestadas; tampoco tenemos recursos para solventar las necesidades de muchachos.
–¿A qué atribuye el abandono?
–Cuando llega el gobierno del PAN implementa los colegios de bachilleres para quitarle control y poder a la UdeG; lo que no sabía el gobierno y no podía prever es que en su proceso de creación, el Cobaej tuviera profesores concientes, que sí entienden y defienden la educación pública, el presupuesto para la capacitación pública y las escuelas gratuitas en este nivel.
Y concluye: “Mientras derrochan nuestro dinero que debería servir para la prestación de servidores públicos, nos dicen que no tienen recursos para atender las necesidades del Colegio de Bachilleres ni de la educación en el estado ni para pagarnos lo que nos adeudan. Cuando defendemos nuestros derechos laborales somos intimidados y perseguidos. Pero no nos vamos a rendir”.
