Aunque la mayoría de los regidores de Tala le han reclamado al presidente municipal Salvador Rivera sus actos de nepotismo y el uso fraudulento de los recursos públicos para su beneficio personal y el de sus familiares, éste se aferra a sus prácticas. Lo peor es que en los hechos el Congreso estatal lo avala, ya que no hace caso de las solicitudes de juicio político.
Señalado por actos de nepotismo, compras a sobreprecio y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, el presidente municipal de Tala, el perredista Salvador Jorge Rivera Guerrero, se echó en contra a cinco de nueve regidores del PRD, dos del PT, un panista y un priista, que han solicitado la intervención del Congreso para que investigue dichas irregularidades.
A 20 meses del arranque de su administración, Rivera Guerrero enfrenta una situación compleja derivada de la falta de confianza hacia él y su equipo, ya que el acercamiento de las autoridades hacendarias para “regularizar” la situación fiscal de los trabajadores al servicio del ayuntamiento, por no estar al corriente en el Pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), evidenció que “al menos los 94 mil pesos que retuvieron a cada regidor el año pasado por ese concepto, se desvanecieron”, expone Adalberto Rodríguez Corona, edil del Partido del Trabajo (PT).
El regidor estima que tan sólo por las retenciones del ISR a los 14 integrantes del Cabildo, incluido el presidente municipal, “anda volando 1 millón de pesos que nadie sabe dónde está, pero que Hacienda no recibió y nos fue descontado”.
En entrevista, Rodríguez Corona explica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofreció a la comuna un arreglo para que, a partir de 2011, cumpliera con el pago de ese impuesto, “en una especie de borrón y cuenta nueva”. Sin embargo el regidor, que es abogado de profesión, se sorprendió cuando el ayuntamiento le retuvo el gravamen en el ejercicio 2010, pero no lo reportó a la autoridad fiscal. Para colmo, al solicitar el convenio ofrecido por el SAT, en la presidencia municipal “me dicen que no se ha formalizado, que no lo tienen, y esto deja ver que algo anda mal, muy mal”.
El regidor petista forma parte de la Comisión de Adquisiciones, pero asegura que ésta nunca ha sesionado y las compras se realizan discrecionalmente, lo mismo que las asignaciones de los contratos de obra pública:
“Hay una opacidad total: el presidente comenzó su administración aumentándose el sueldo –de más de 40 mil mensuales a más de 80 mil–, que luego tuvo que bajarse por la presión social; además, cambió el sentido de algunas calles del centro para beneficiar a familiares, y también tuvo que dar marcha atrás, pero sigue manejando los recursos a su parecer, violando la ley”, enfatiza.
Compras sospechosas
El ayuntamiento de Tala tiene entre sus proveedores a los familiares del presidente municipal, quienes le venden artículos diversos, incluso fuera de su giro comercial y a precios superiores a los del mercado.
El regidor petista solicitó, mediante la Ley de Transparencia, copias de algunas compras realizadas el año pasado a tres establecimientos de Rosa María de la Luz Ramos Padilla, esposa del alcalde, y de sus hermanas María Guadalupe y Elena Virginia Rivera, donde el ayuntamiento ha comprado, por ejemplo, cámaras fotográficas e impresoras, aun cuando esos negocios no se especializan en esos productos. “Pero el presidente alega que sus familiares tienen derecho a vender (a la comuna) porque son comerciantes y han sido proveedores municipales”.
El regidor Rodríguez Corona tiene copias certificadas de 32 facturas elaboradas por la miscelánea La Bodega, propiedad de la esposa, por un monto de 16 mil 293 pesos; otras 62 expedidas por la maderería Rivera, de la hermana María Guadalupe, por 165 mil 635 pesos, y 79 facturas más de Ferretodo de Tala, propiedad de la segunda hermana, Elena Virginia, por 78 mil pesos.
“Todas son facturas de 2010, que para obtenerlas tuve que presentar un recurso ante el Instituto de Transparencia e Información Pública y pagar más de 5 mil pesos”, detalla el edil del PT, y muestra copia del recibo 578379.
Proceso Jalisco hizo un sondeo para conocer los precios actuales de algunos productos adquiridos el año pasado por el ayuntamiento en los negocios de los familiares del alcalde. Así se comprobó que fueron comprados a sobreprecio y que en algunos casos no coinciden con la descripción registrada.
Es el caso de la factura 4834, expedida por Ferretodo de Tala el 13 de septiembre del 2010 y pagada por el ayuntamiento con el cheque 2142, por 12 mil 95 pesos. El documento indica que entre otros artículos se surtieron seis mangueras agrícolas de media pulgada, con una longitud de cien metros, a 702 pesos cada una. En la cadena Ferreterías Calzada, cada tramo de 100 metros de ese tipo de manguera cuesta 295 pesos.
También llama la atención que se haya comprado pintura para tráfico amarilla y blanca, solventes, material tapagrietas e impermeabilizantes a la Maderería Rivera. Asimismo, en agosto del año pasado se adquirieron con la esposa del presidente municipal más de 900 cuadernos profesionales de raya y cuadro chico, marca Estrella, a 8.53 pesos cada uno, pese a que en varias papelerías de Guadalajara esos útiles pueden adquirirse por mayoreo en menos de 7 pesos. El ayuntamiento compró ahí otros artículos de papelería.
El regidor Rodríguez Corona lamenta que el Congreso no intervenga ante las irregularidades denunciadas, lo que atribuye a intereses políticos porque, dice, los diputados “se tapan con la misma cobija”.
Desde el año pasado los regidores solicitaron la conformación de una comisión especial para que investigara el uso de recursos por la actual administración y aprobara una partida especial para las necesidades del municipio, toda vez que el presidente y su tesorero no cumplieron “en tiempo y forma” con la entrega de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2010.
Los ediles explicaron que la solicitud “es con el objeto de contar con recursos necesarios para enfrentar posibles consecuencias de un colapso financiero, dada la omisión en que incurrieron presidente, secretario y tesorero”.
Al inicio de la actual administración, el presidente contaba con el apoyo de ocho ediles; posteriormente las votaciones se dividieron siete a siete y el alcalde logró inclinar la balanza gracias a su voto de calidad. A la fecha cuenta únicamente con cuatro regidores.
Otro de los problemas, dicen sus detractores, es que Rivera Guerrero no convoca a sesiones de ayuntamiento formalmente ni los notifica de los asuntos a tratar, lo que provocó que en la sesión del 12 de agosto la mayoría de los regidores le exigió que removiera a su secretario general por falsear información.
Costosa indiferencia legislativa
Desde el año pasado se han presentado dos solicitudes de juicio político contra el presidente, secretario, síndico y tesorero municipales de Tala, no obstante el Congreso permanece indiferente, dice el abogado Antonio Manzano Uribe, quien representa a los nueve regidores que demandan la salida del alcalde.
El litigante muestra copias de los documentos en los que, desde junio del año pasado, se les ha informado a los legisladores de los actos indebidos y se les solicitó el juicio político, así como sanciones administrativas contra los mencionados funcionarios municipales. Sin embargo, lamenta, estos procedimientos “no avanzan”, lo que en su opinión genera impunidad.
El 11 de junio de 2010, Efraín Melchor Reynoso, quien encabeza el movimiento Fuerza Ciudadana, le presentó al presidente del Congreso local y a la Comisión de Responsabilidades una solicitud de juicio político contra el alcalde Rivera Guerrero, el secretario general Roberto Franco Arias, el síndico Agustín Medina González y el tesorero Jesús Francisco Amezcua Romero, todos bajo los cargos de cambiar ilegalmente el sentido de las cuatro calles aledañas al Palacio Municipal y el incremento arbitrario de sus sueldos.
El 25 de octubre de 2010 el ciudadano Rogelio Juan Buenrostro Ahued acudió también ante el Poder Legislativo con una solicitud de juicio político contra los mismos funcionarios “porque no se entregó en tiempo y forma” la iniciativa de Ley de Ingresos para 2011, así como por las compras a los familiares del alcalde.
Ese mismo mes Consuelo Delgado Tostado solicitó la suspensión del mandato constitucional de Rivera Guerrero al presidente del Congreso y a los presidentes de las Comisiones de Responsabilidades, de Gobernación y de Fortalecimiento Municipal.
El abogado Manzano Uribe, que también representa a los particulares que solicitaron el juicio político, advierte que el ayuntamiento está en una fase peligrosa por falta de acuerdos, ya que se avecina la parálisis en el pleno y, con ello, el estancamiento de los asuntos de interés general y de la buena marcha de la administración pública.
“La tibieza del Congreso ha generado un fuerte impacto social. Ya no hay credibilidad hacia las autoridades y se puede caer en el ámbito de la ingobernabilidad”, sostiene.
