SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, que anunció Felipe Calderón con motivo de su V Informe de Gobierno y que decretó el martes 6 en el Diario Oficial de la Federación es una respuesta totalmente alejada de lo que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que apoyan a familiares de desaparecidos le plantearon formalmente a partir del diálogo en Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
La abogada Ángeles López García, del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez (CDHVD) de Guanajuato, que forma parte del grupo de organizaciones que desde finales de julio mantiene mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la PGR para revisar al menos 200 casos de desaparecidos en entidades del norte del país, reclama: “Se anuncia una procuraduría de corte asistencialista para las víctimas, en lugar de una fiscalía que investigue”.
El CDHVD apoya a familiares de jornaleros desaparecidos en su trayecto a Estados Unidos, así como a los parientes de los cazadores leoneses desaparecidos en el sur de Zacatecas en diciembre de 2010 (Proceso 1796).
La fiscalía que el grupo encabezado por la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (Fundec) propuso a Segob y a la PGR debe estar conformada por un equipo multidisciplinario vinculado directamente a la oficina del procurador general de la República –en este caso Marisela Morales– y cumplir tareas como la elaboración de un protocolo de investigación y búsqueda de desaparecidos conforme a estándares internacionales, así como la atracción de casos, con un equipo de profesionales que sean confiables para los familiares.
“No un fiscal, sino una fiscalía con estructura y recursos, con perfiles consensuados con las organizaciones, es lo que pedimos. Por eso lo que ofrece Calderón está muy, muy lejos de esa propuesta”, señala López García.
Estas organizaciones de la sociedad civil han logrado agrupar a familiares y documentar casos de desapariciones de personas en Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Coahuila y Tamaulipas (Proceso 1798), los cuales fueron presentados al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas durante su visita, “y los seguimos presentando; ellos los han admitido y permanecen abiertos, hasta que se encuentre a la persona”, agrega.
Según datos del Movimiento por la Paz, por cada homicidio que han logrado registrar hay ocho desaparecidos, de los cuales cinco han sido sacados por la fuerza de sus domicilios, medios de transporte o lugares de trabajo por grupos armados. La mayoría de las víctimas han sido varones de 15 a 35 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos.
Los familiares de estas víctimas –que también son víctimas– hacen lo que toca a la autoridad en la búsqueda de sus padres, hijos, hermanos, amigos, mientras resienten las secuelas de esas ausencias en lo cotidiano frente a una burocracia brutal…
En San Luis Potosí, por ejemplo, la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad devolvió a su paso nombres y rostros a 14 jóvenes desaparecidos entre 2009 y 2010, gracias a la conformación del Comité Potosino por la Paz con Justicia y Dignidad que abrió ya una puerta a víctimas de la violencia, pues todas se hallaban cerradas.
Devolvió también algo de esperanza a las familias que buscan a sus desaparecidos y rompió la inercia oficial para, en principio, reactivar las investigaciones y desempolvar los expedientes de las averiguaciones, varios de los cuales no sólo muestran evidencias de la indolencia institucional, sino de la posible implicación de policías municipales en estas desapariciones.
Activista de derechos humanos –fundó el primer Comité Potosino de Derechos Humanos en 1990–, Martín Faz Mora, quien dirige la Comisión de Atención a Víctimas de este comité, comenta: “Fuimos inspirados por el llamado de Javier Sicilia. A partir de ese llamado comenzamos a congregarnos para replicar acá las marchas que se hicieron en Cuernavaca, en el Distrito Federal, y luego participamos en la Caravana Nacional y fuimos de los firmantes del Pacto en Ciudad Juárez”. Al volver de la firma, se constituyó formalmente el comité, con el fin de generar en la población local una conciencia de la necesidad de actuar.
Farsa institucional
Las familias que buscan a sus desaparecidos en medio de la guerra contra el narco “no piden una declaratoria de luto nacional por parte del presidente Felipe Calderón; le exigen reconocer esta parte de la realidad del México de su sexenio como una emergencia nacional y actuar en consecuencia, ante un reclamo inalterable: vivos se los llevaron, vivos los queremos”, dice en la entrevista con Proceso la abogada López García.
“Pero nos hemos encontrado con incapacidad jurídica, moral y política para atender ese reclamo”, lamenta.
El pasado 29 de julio, en las oficinas de Gobernación, se presentó a Francisco Blake Mora –quien estaba acompañado del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora y la subprocuradora Patricia Bugarín– una lista de siete peticiones centrales: una acción emergente de búsqueda activa de los desaparecidos “que no sea nada más circular la foto” de las víctimas; establecer un protocolo de investigación homologado en todo el país; atender las recomendaciones del GTDFI de Naciones Unidas; que la PGR atraiga todos los casos en los que hay denuncia y cuyas fichas fueron entregadas por el grupo ciudadano; crear una base de datos sobre desaparecidos; constituir la Fiscalía Especializada avalada por las OSC, que dependa de la oficina de la procuradora y cuente con todos los recursos humanos y materiales, y emprender un programa de atención integral a las familias en salud física y emocional, educación y empleo.
De entrada, el primer obstáculo a esa lista de propuestas o peticiones planteadas por las OSC vino de Blake Mora, quien expresamente rechazó las conclusiones del GTDFI de Naciones Unidas al objetar el informe preliminar y las recomendaciones, pues para el gobierno federal el tema “tiene otras interpretaciones”.
“Ellos (el gobierno federal) se niegan totalmente a aceptar las recomendaciones de la ONU; afirman que no son desapariciones forzadas porque ello implica la participación de agentes del Estado de forma directa o por aquiescencia. Y dicen que no, que sí hay corrupción, pero que no es el Estado el que está desapareciendo a las personas”, explicó la directora del CDH Victoria Díez.
Ahora, con el decreto de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, las organizaciones se reunirán para valorar en qué queda su exigencia de una fiscalía.
Hasta la fecha, las OSC han entregado en las mesas las fichas de 200 desaparecidos de los estados mencionados líneas arriba. “Pero le estamos diciendo a la PGR que no es un número cerrado porque llegan más casos, más familias”.
Al mismo tiempo que deben fungir como investigadores ante la pasividad de las instancias a las que acuden, familiares y amigos de los desaparecidos tienen que enfrentar las cuentas de la hipoteca o el crédito de la vivienda, de las tarjetas bancarias y el teléfono celular, o todo un entramado burocrático porque no pueden cobrar una pensión debido a que “no hay una constancia de que la persona falleció”.
“Los desaparecidos no están vivos ni están muertos. Las familias se encuentran con un sinfín de dificultades, hasta de tipo administrativo, todos los días, y las autoridades les dicen que inicien procesos administrativos para declararlos muertos”. Este es un recurso legal arcaico –de principios del siglo pasado– que las OSC demandan que sea eliminado, y que baste con la denuncia de la desaparición, sin aquel absurdo requisito.
Así, al daño emocional por la ausencia forzada se suma la respuesta institucional que no reconoce el estatus de desaparición. “Mientras el responsable de cubrir las cuentas no acuda a pedir la prórroga, los cobros siguen corriendo y, además, con intereses. O para el cobro de pensiones –tenemos casos de algunos desaparecidos que estaban pensionados– se pide el acta de defunción, o que inicie el tan temido trámite de procedimiento civil”.
Se trata de otra forma de negar las desapariciones, alega la abogada López García, e insiste en que bastaría la denuncia penal para no exigir a las familias que inicien este procedimiento, tan impactante y trascendental, que para ellos implica una traición a aquellos seres queridos a los que esperan vivos.
“Se sienten entre la espada y la pared: quieren seguir buscando a sus familiares, pero necesitan comer”, dice, y refiere que prácticamente en todos los casos que manejan las OSC se ha recurrido a dicho trámite, al mismo tiempo que las familias optaron por rechazar la ayuda psicológica que les daban el personal de las procuradurías o los gobiernos estatales, “porque los estaban preparando para la resignación, para vivir el duelo, y ellos lo que quieren es fortaleza para seguir buscando”.
Licenciado en filosofía con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Martín Faz, quien colaboró con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, insiste en que el propósito de los familiares de los desaparecidos es “que se busque a esos muchachos”.
En los encuentros iniciales con el procurador Cándido Ochoa Rojas y funcionarios de esa dependencia, el primer reclamo hecho por la Comisión de Atención a Víctimas del Comité Potosino fue la falta de acceso a las averiguaciones por parte de los familiares de los desaparecidos. “Algunos de estos expedientes –refiere Faz– estaban bajo el polvo, habían quedado abandonados”.
En algunos casos, los afectados se han encontrado con que no hay constancias de alguna actuación de las autoridades responsables de la investigación. “Prácticamente no hay un solo caso donde las personas no hayan desaparecido en el vehículo en el que se desplazaban, pero no encontramos diligencias sobre los autos también desaparecidos”.
El 5 junio, al paso de la Caravana, en la Plaza del Carmen se supo del hombre de 28 años que en 2010 fue secuestrado en la Avenida Carranza, la más importante de la ciudad, en plena zona comercial. Los secuestradores se comunicaron con la familia, pero el muchacho no apareció.
Y cuando fueron a pedir ayuda a la Zona Militar, les dijeron que mejor ni denunciaran a las autoridades locales, porque “son de los mismos”.
