En la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) viven alrededor de 80 mil indígenas, en su mayoría inmigrantes, pero hasta hoy las autoridades carecen de políticas públicas para solucionar la vulnerabilidad, exclusión y desventaja social de que son objeto.
El lodo en tiempos de lluvia, las polvaredas en época de calor, los perros flacos de siempre, las viviendas de lámina y cartón, conforman el panorama común en las colonias de la ZMG, donde los indígenas buscan refugio.
La mayoría sale cada día de ese ambiente hostil sólo para realizar trabajos informales de supervivencia bajo acoso de policías e inspectores municipales y la discriminación de mucha gente por su aspecto o por su idioma.
“Nadie nos respeta. Si no son los policías que nos piden dinero para no llevarse la mercancía, son los del ayuntamiento. Nos piden 300 pesos al día. ¿De dónde los saco? Y como no tenemos con qué darles, nos quitan la mercancía y hasta nos golpean”, narra Juan, un mixteco que vive en la colonia Ferrocarril.
La voracidad policiaca a veces es literal. María Hernández, una otomí de la colonia Las Pintitas que vende papas fritas, dice: “Nos las arrebatan, se comen todo y nomás nos dejan la pura canasta vacía”.
A su vez, la mixteca Catalina Santillán, quien representó a su comunidad en el segundo Festival de la Lengua Materna Indígena de febrero pasado, en Tlajomulco, expone: “Para nosotras la palabra ayuntamiento significa miedo, tristeza, lágrimas, peligro. Nuestros hijos lloran cuando oyen la palabra ayuntamiento porque eso significa, o cargo a mi hijo para correr o recojo mis cosas”.
Y aunque los abusos de los inspectores municipales y de los uniformados ya han sido denunciados, las autoridades no hacen nada para remediarlos. El 10 de julio, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez trató el tema en su columna La palabra del pastor, titulada en esa entrega: “Hay quienes impiden hacer el bien”.
Se refirió a los inspectores municipales: “No todos los servidores públicos de los asignados a estas áreas realizan su labor de manera recta y benéfica para la comunidad, sino por el contrario, hay algunos que lo hacen de forma torcida y perjudicial”.
El purpurado señala que esos funcionarios aprovechan su cargo y las circunstancias para acosar, amenazar y exigir mordidas a los indígenas como condición para permitir que vendan sus mercancías.
El 21 de septiembre de 2010, un grupo de purépechas y mazahuas de la colonia 12 de Diciembre, en Zapopan, denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que constantemente son víctimas del acoso de policías municipales y de pandilleros drogadictos de la zona.
“En el centro de Guadalajara me agredieron con el argumento que no tenía permiso para vender”, narra la mazahua Cristina Martínez. A partir de este caso la CEDHJ solicitó medidas cautelares para que se le brinde protección y seguridad a un grupo de esta etnia.
Pero aun cuando no estén vendiendo, parte de la población se ensaña con ellos: “Cuando hablamos nuestra lengua la gente se burla; por eso les da pena a nuestros hijos, no quieren ir al kínder porque los otros niños se burlan y los maestros no los defienden. Queremos que nos respeten, que nos aprecien”, dicen Érika Manzano y Lucía Hernández.
Consultado al respecto, Guillermo de la Peña Topete, graduado en Antropología por la Universidad de Manchester y académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), confirma en entrevista:
“En Guadalajara notamos una ausencia de política social para los indígenas. Hay esfuerzos aislados, el vacío lo cubren las organizaciones no gubernamentales, particulares, parroquias y jesuitas que fortalecen proyectos artesanales y musicales, pero falta más ante la situación de desventaja que viven en muchos renglones. A pesar de todo, es admirable su tesón para salir adelante.”
Marginados
Hace falta mucho más que tesón para no sentir un hueco en el pecho al ver las casas de panel podridas por la lluvia en la colonia Ferrocarril. En lugar de paredes, cartón y tela separan una recámara de la otra. Las camas son de pura tabla, sin colchón, y las cobijas se deshacen de viejas. La ropa está apolillada. Donde debería estar el techo hay láminas. Aunque siempre hay alguien con suerte que logra colocar una tabla grande o incluso una separación de ladrillo, no importa si se asoman las varillas.
Igual se vive en San Sebastianito, en Tlaquepaque. Los niños chapotean entre escombros peligrosos e insalubres charcos. Sus juguetes: botes de jugo, palos, lodo para hacer bolas y cordilleras a escala. También perros y gallinas flacas que, en una de esas, les darán un huevo.
Entre tantas carencias, las que se notan más son las de energía eléctrica, agua potable y drenaje: los servicios básicos. Hay que hacer las necesidades en hoyos cavados a las orillas del grupo de viviendas, acarrear el agua en cubetas de lámina. En la noche aquello es lóbrego, y si llueve, peligroso: “Sin luz y con los ventarrones de la tormenta del otro día, y toda el agua y el viento se metían entre los cartones de la casa. De milagro no nos pasó nada”, relata Martín, un niño purépecha que vive en la colonia Zoquián.
Por supuesto, sin electricidad ni siquiera se piensa en electrodomésticos. Para cocinar se consiguen algunos carbones, y nada se conserva: “Si la comida se echa a perder, ya se echó”, dicen. Pero una niña de edad preescolar tiene claro lo que desea: “Quiero refri, estufa y veladora para lavar la ropa”, dice con su cristalina sonrisa. Otras niñas presentes la corrigen: “Mensa, no es veladora, es lavadora”. Pero ella prosigue, entusiasmada: “También quiero ropa, zapatos para ir a la escuela…”. ¿Te gusta la escuela?, pregunta el reportero. Y ella: “¡Sí, mucho!”
Érika y su hermanita viven en la colonia Ferrocarril, un asentamiento de indígenas mixtecos originarios de municipios oaxaqueños como San Miguel Aguacates, San Martín, San Andrés y Guadalupe de Portezuelo. Érika quiere seguir estudiando, pero no será este: “Nos cobran 385 pesos por mí y otros por mi hermana, más otras dos de primaria, que les cobran 230 a cada una… No tenemos”.
En esta colonia sí hay electricidad y algunos servicios, pero no se libra de la miseria. Comenzó a principios de los setenta, cuando trabajadores del tren se establecieron en un patio de la antigua estación. Poco a poco llegaron aquí mixtecos y otomíes que medio levantaron chozas de cartón. Con los años fueron amacizando sus viviendas como han podido.
El líder de los colonos, Efrén Morales, proviene de Guadalupe de Portezuelo, Oaxaca, y representa a la comunidad mixteca de 88 viviendas, cada una ocupada por entre seis y ocho personas. “Ya tenemos un proceso para regularizar cinco polígonos en la zona, como con 6 mil habitantes”, dice esperanzado.
Uno de los inmigrantes es Juan, que llegó hace ocho años desde San Andrés, otro municipio oaxaqueño regido por usos y costumbres. Aquí elabora bolsas de rafia bordadas a mano con agujón. Cada uno de estos artículos le exige dos horas de trabajo y alcanza un precio de 50 pesos en las calles, o de 35 por mayoreo y para las tiendas. No es un buen negocio pero si ofrece más cara su mercancía vende menos. A él le cuesta 55 pesos el kilo de rafia, que compra de 15 colores. “Por cada kilo hago dos bolsas”, informa.
Pero el más pesado de sus “costos de producción” es el de los sobornos que le exigen los policías e inspectores municipales de Guadalajara, una verdadera extorsión en la que amenazan con quitarle su mercancía. Las cuotas son de entre 200 y 500 pesos, es decir, “son 30 bolsas, son muchos días de trabajo pa’ hacerlas otra vez; si me las quitan me dieron en la madre”, explica.
Como tiene que sobrevivir, a Juan los ataques y las burlas ya lo curtieron: “Es normal que me digan prieto, indio. Ya ni me siento mal. Primero sí, pero ya uno nomás trabaja. Lo que sí me duele es que a mis niños me los quieran tratar mal en la escuela”.
–¿Por qué venir a una ciudad con tantos peligros, con tanta contaminación, tráfico y con ambiente tan difícil para ustedes?
–Lo hago por los niños. Vengo porque aquí hay más trabajo que allá en mi pueblo. Si estuviera allá en mi rancho, ¿de dónde saco para comer? No es que me guste o no me guste, lo hago por los niños.
Este artesano tiene otros anhelos. Toca el clarinete en una banda y tiene esperanzas de destacar o bien que su hijo sea un gran músico. Por lo pronto ambos pulen sus talentos con el programa Clave de Sol, ideado por los jesuitas para educar a los mixtecos, que desde niños ya traen esa flama.
Discriminación total
En su estudio De la ciudad divina a la urbe pluriétnica: la negación de la presencia indígena en la ZMG, el investigador del CIESAS Luis Francisco Talavera Durón explica que la sociedad tapatía sistemáticamente hace a un lado a los indígenas, como si no existieran:
“Guadalajara se ha proyectado como una ciudad criolla, amurallada y protegida contra cualquier impureza. Desde su fundación se forjaron fronteras socioculturales. El extinto río San Juan de Dios separaba el territorio y a la población. Las 63 familias españolas que se instalaron a las orillas de ese río concibieron su ciudad como una entidad cerrada, inmaculada donde no se admitían formalmente ni a los indios ni a los negros.”
Agrega que desde el siglo XVIII persiste esa división: al oriente la Guadalajara pobre, la de los indígenas y la clase trabajadora; y al poniente y en el centro histórico la burguesía criolla.
“En el Porfiriato el río fue entubado bajo la calzada Independencia. Desde entonces se usa la frase: ‘De la calzada para allá’, para resaltar la frontera cultural y social con criterios étnicos, económicos, de clase, morales y funcionales”, dice Talavera, que ha sido académico de las universidades de Toronto y Austin.
A su vez, el doctor Guillermo de la Peña, en su obra Investigación sobre la población indígena de la zona metropolítana de Guadalajara, documenta que a partir de los años setenta aparecieron los primeros asentamientos de indígenas, pues antes sólo rentaban cuartos en vecindades.
El primero de ellos dio origen a la colonia Ferrocarril. Posteriormente surgieron otros asentamientos irregulares en los bordes, faldas y repliegues de los cerros de El Gachupín, el Cuatro y El Colli, al sur de la ZMG. En los ochenta y noventa, siguiendo el trazo del Periférico, se improvisaron otras concentraciones, también marginales.
De acuerdo con el DIF Jalisco, actualmente los inmigrantes indígenas se concentran principalmente en 30 colonias, de las cuales cinco están en Zapopan, seis en Guadalajara, una en Tonalá, y 17 en Tlaquepaque.
La etnia de mayor presencia en la ZMG es la otomí, que se asienta sobre todo en 14 colonias de Tlaquepaque. En Las Juntas y Las Juntitas, los otomíes conviven más con purépechas; en Brisas de Chapala y Jardines de Santa María, con mixtecos, mientras que en San Sebastianito con huicholes.
En la colonia Constancio Hernández, de Tonalá, predominan los mixtecos, mientras que en Zapopan son más numerosos los purépechas, que se asientan en las colonias 12 de Diciembre, Ixtépete, Pino Suárez, Zoquián y Autocinema.
En Guadalajara, indígenas mixtecos y otomíes viven en colonias pobres y peligrosas, como Ferrocarril, Polanco y Polanquito. En Felipe Ángeles y los mesones de la Central Vieja se concentran purépechas y algunos otomíes, en tanto que los huicholes habitan en la Josefa Ortiz.
“Lo nuevo es que ya se están expandiendo a Santa Fe, Chula Vista, San Agustín, todo esto en Tlajomulco; pero ahí están dispersos y falta estudiarlos más allá”, indica De la Peña.
Explica que en la ZMG hay cuatro tipos de asentamientos: los estables, en colonias ya regularizadas; los improvisados en predios invadidos o rentados; las vecindades y mesones –que se encuentran sobre todo en el centro de Guadalajara y el de Tlaquepaque– y entre 12 y 15 campamentos que se mueven por toda la mancha urbana.
El especialista describe estos núcleos étnicos, ubicados principalmente en Zapopan y Tlaquepaque, como “microambientes lingüísticos” regidos por el parentesco y el paisanazgo y donde se recrea la vida cotidiana que tenían los inmigrantes en su comunidad de origen: siguen comiendo lo mismo, cocinándolo con leña, y traen sus gallinas y las alimentan. Además, se comunican en su idioma.
La de Guadalajara es la tercera zona urbana del país por su índice de población pluriétnica. Según el conteo del Inegi en 2005, en la ZMG hay 20 mil 256 indígenas, la mayor parte de ellos en Zapopan. Pero el investigador De la Peña sostiene que las cifras oficiales se quedan cortas. “Yo creo que deben de ser alrededor de 80 mil”, aclara.
El experto apunta que urge un plan con programas sociales municipales e intermunicipales que tomen en cuenta las peculiaridades culturales de la población indígena. Por ejemplo, dice, “ante la discriminación y la dura competencia, un mecanismo inmediato de inserción laboral es el sector informal, sobre todo el comercio ambulante a baja escala, con productos pequeños y de fácil venta”.
Aunque en realidad estos inmigrantes se dedican a diferentes oficios, según las redes de contacto que han establecido. Así, los purépechas michoacanos suelen dedicarse a la carpintería y la venta en tianguis; los otomíes queretanos a la artesanía y la venta de botanas; y los mixtecos oaxaqueños a la artesanía de rafia y a la música.
Pero también hay artesanos triquis, de Hidalgo; trabajadoras domésticas y jardineros nahuas; albañiles y obreros totonacos; mazahuas que venden piezas de ocasión y artesanos y comerciantes huicholes, entre otros.
–¿Por qué vienen a la ciudad, adonde hay un ambiente tan hostil a ellos y tan diferente a su entorno natal? –se le plantea al especialista.
–México sufre de un campo desolado que deja poco dinero a los que se dedican a la agricultura. Allá conseguían alimento pero desgraciadamente la economía se ha monetizado y necesitan dinero para sobrevivir en este mundo; no lo ganan allá y buscan mejorar en la ciudad. La razón subjetiva es que piensan que acá habrá más oportunidades para sus hijos.
De la Peña comenta que a los integrantes de estas etnias ni siquiera se les permite el acceso a algunos centros comerciales y “hasta en supermercados hemos sabido que las discriminan”.
En las escuelas, añade, muchos maestros ignoran los problemas que enfrentan los niños cuando los sacan de su medio lingüístico: “Piensan erróneamente que tienen problemas de aprendizaje”. Hasta las clínicas son hostiles para estos grupos y, por si fuera poco, cuando consiguen trabajo reciben sueldos menores que los empleados no indígenas.
Actualmente el doctor De la Peña realiza un diagnóstico sobre el respeto a los derechos ciudadanos de los grupos indígenas. Señala que “esto nos dará un panorama claro de dónde están, cuántos son y qué dificultades han tenido. Servirá para reunir el trabajo que venimos haciendo en los últimos 10 años con profesores y alumnos del CIESAS. Hay muchos datos valiosos de 20 tesis de maestría y doctorado sobre etnias, y vamos a sintetizar todo ello”.
