MÉRIDA, Yuc. (apro).- Líderes de organizaciones civiles interpusieron hoy ante el Congreso local una demanda de juicio político contra la alcaldesa Angélica Araujo Lara por la agresión a un grupo de ciudadanos que protestaban por la construcción de un paso a desnivel en la ampliación de la emblemática avenida Paseo de Montejo.
Una veintena de representantes de las diversas organizaciones civiles que promueven el movimiento se presentaron en el Congreso del estado para iniciar el trámite contra Araujo Lara, sin embargo, el personal de vigilancia les impidió el acceso al recinto con el pretexto de que el secretario técnico, Martín Chuc, no se encontraba en sus oficinas.
Transcurrieron casi dos horas para que les recibieran el documento, que iba acompañado de 4 mil firmas ciudadanas, mediante el cual solicitaron oficialmente la destitución de Lara Araujo como alcaldesa.
Demandaron también “su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, por un plazo que puede ser desde un año y hasta veinte años”; y la declaración de que ella “ha incurrido en actos y omisiones graves que redundan en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho”.
Esta es la segunda demanda de juicio político que se promueve contra la alcaldesa de Mérida por su presunta responsabilidad en la paliza que presuntos porros del PRI, algunos identificados como empleados del ayuntamiento, perpetraron el pasado 4 de julio contra ciudadanos que se manifestaban en la Glorieta de la Paz contra la polémica obra de vialidad.
La primera demanda la interpuso el diputado panista Renán Barrera Concha, quien fue uno de los golpeados de ese día.
Las agrupaciones que promueven esta nueva demanda de juicio político contra la alcaldesa son Acciones Líderes, Frente Cívico, Sociedad en Movimiento, Sociedad Digital, Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En el documento, de 49 hojas, los demandantes detallan una serie de arbitrariedades y omisiones en que habría incurrido la alcaldesa para concretar el distribuidor vial, que en el estado se conoce como “paso deprimido”, en la intersección de las avenidas ampliación Paseo de Montejo y Circuito Colonias, dos de las principales arterias de la ciudad, desde que se anunció la obra hasta la agresión del pasado 4 de julio y la inacción para hacer justicia a las víctimas.
“Queremos creer en la separación de Poderes; apostamos a la legalidad”, dijo Patricia McCarthy, del Frente Cívico, al entregar formalmente la demanda, anticipando la posibilidad de que la petición sea desechada por la mayoría priista en el Congreso.
“Lo que se está pidiendo, específicamente, es la destitución y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público; y al Poder Legislativo, que honre el cargo y que realmente haga un análisis de la ley y que dictamine a conciencia”, resumió.
Finalmente hizo un exhorto a los legisladores para analizar con objetividad la demanda y actuar en consecuencia.
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