MÉXICO, D.F. (apro).- En el marco de la investigación que realiza la Visitaduría General contra 700 servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta comisión de diversas irregularidades, Juan Alfredo Medina Macías, exdirector de Vinculación en la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, será enjuiciado por abuso de autoridad.
En un comunicado, la PGR informó que el juez décimo cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión contra el exfuncionario, luego de que el fiscal de la Federación adscrito a la Visitaduría General consignó el expediente que dio origen a la causa penal 97/2011-C.
De acuerdo con una denuncia presentada en septiembre pasado por uno de los subordinados de Medina Macías, éste le exigía la mitad del salario que percibía en la PGR, a cambio de permitirle que permaneciera como trabajador en el área de Vinculación.
Tras ello, el fiscal de la Federación adscrito a la Visitaduría General inició la averiguación previa 032/FECCI/2010-DF, en la que se lograron acreditar los hechos que configuran el delito de abuso de autoridad en la hipótesis que se refiere a cuando, con cualquier pretexto, se obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste.
Luego de que la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción integró la averiguación previa mencionada y ejerció la acción penal contra el imputado, elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Visitaduría General ejecutaron el mandamiento de captura emitido por el juez décimo cuarto de Distrito, quien el pasado viernes 22 dictó el auto de formal prisión.
El inculpado ya se encontraba sujeto a otro proceso penal (número 164/2010) ante el mismo juez, por similar delito, cometido en agravio de otro subalterno.
En aquella ocasión, Medina Macías fue detenido en flagrancia e ingresado al Reclusorio Sur el 4 de septiembre de 2010, cuando todavía ocupaba el puesto de director de Vinculación, justo cuando recibía parte del salario (12 mil pesos al mes) de su subordinado.
La operación fue realizada por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción de la PGR, dependiente de la Visitaduría General.
El pasado jueves 21, el titular de la Visitaduría General, César Alejandro Chávez Flores, informó que ese órgano investiga a 700 servidores públicos de la PGR por la presunta comisión de irregularidades de diversa índole que podrían derivar en procedimientos de carácter penal y administrativo, según la dimensión del caso.
Ese día, el visitador general explicó que en la investigación se incluyen casos por fraude, robo, abuso de autoridad, cohecho, peculado, práctica indebida de cateos e indebida integración de averiguaciones previas.
Chávez Flores dio a conocer que entre los investigados destacan tres delegados estatales, tres titulares de unidad y varios subdelegados, todos ellos actualmente en funciones, a quienes –agregó– se les indaga por conductas ilegales que pueden tener “trascendencia delictiva”.
El visitador general de la PRD dijo que en los primeros 100 días de administración de la procuradora Marisela Morales Ibáñez se iniciaron 137 averiguaciones previas contra 179 elementos de la Policía Federal de Investigación, agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos.
“Sin duda que lo hecho en 100 días, se los puedo anticipar, es, por mucho, una cantidad superior, un esfuerzo de depuración interna muy superior al que se haya realizado en todo lo que se venía llevando a cabo en el sexenio”, afirmó Chávez Flores.
El funcionario dijo que, en el mismo periodo, la Visitaduría ejerció acción penal contra 111 servidores públicos, le concedieron a la PGR órdenes de aprehensión contra 77 empleados y obtuvo autos de formal prisión o de sujeción a proceso contra otros 26.
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