Con seguridad, el arquitecto César Pérez Becerril, ganador de la licitación del Proyecto Monumento Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia, Estela de luz, que se inauguraría en septiembre de 2010 pero no se concluirá sino hasta el próximo 31 de diciembre, delata:
“José Miguel González (asesor del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio) ha envenenado y provocado que este proyecto no salga. Ha manipulado a III Servicios, filial de Pemex, y no sólo han robado, sino distorsionado un proyecto que es de trascendencia histórica y representativa del país a nivel nacional e internacional, es lo único que va a quedar y lo único que quedó de 2010.”
En enero de 2009, en una cena en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Felipe Calderón propagó el concurso nacional para la creación de un Arco Bicentenario frente a la puerta de Los Leones del Bosque de Chapultepec.
Ese mismo año, pero en abril, se anunció a César Pérez Becerril por su proyecto Estela de luz, que consiste en dos esbeltas placas paralelas de cuarzo de 104 metros de altura. La estela se estructura con acero a la cual se articulan placas de cuarzo. Además se destacaba una plaza.
Se lee en el documento del monumento de Pérez Becerril:
“La primera intención de esta propuesta es dotar de un espacio público de calidad. Propone recuperar una parte perdida del Bosque, que en algún momento fue fragmentado por el trazo del Circuito Interior. Este espacio puede recorrerse, disfrutarse y vivirse a plenitud.”
El monumento costaría 400 millones de pesos, pero ahora costará mil 36 millones 460 mil pesos, IVA incluido.
Pero desde el inicio empezaron a surgir conflictos. La Estela de luz, según su autor, empieza a sufrir anomalías y corrupción. Juan Alberto Bravo Hernández, quien entonces era el responsable del monumento en III Servicios, ya antes había laborado para la empresa Gutiérrez Cortina Infraestructura (Gutsa), propiedad de Juan Diego Gutiérrez Cortina, y recibió la documentación de Estela de luz para que invitara a cuando menos tres empresas a concursar para construir la obra. El falló se informo el 28 de enero de 2010. La ganadora fue Gutsa, donde había trabajado Bravo Hernández. Esta empresa está inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) debido al incumplimiento de contratos en las obras de rehabilitación de la Autopista del Sol. En un reportaje de Patricia Dávila (Proceso 1606) se señala que, “Gutsa ha sido una de las más cuestionadas por incumplimientos de contratos y la baja calidad de sus obras”, que “recibió un trato privilegiado durante el gobiero del presidente Carlos Salinas y obtuvo millonarios contratos en las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox”.
Gutsa ofreció ejecutar la Estela por 398 millones 924 mil 149 pesos más IVA en un plazo de 205 días y la concluiría a más a tardar el 21 de agosto de 2010.
Estaba al pendiente del proyecto el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), dirigido por José Manuel Villalpando, pero el 1 de julio de ese año la obra pasó a ser responsabilidad de la SEP.
Su secretario, Alonso Lujambio, anunció en conferencia de prensa en agosto pasado que la construcción se terminaría el último trimestre de 2011 con un costo de 893 millones de pesos.
Pérez Becerril pide que la SFP haga auditorías:
“Solicité la participación de la Auditoría Superior de la Federación para que investigara. Hace un año fui yo quien denunció las irregularidades ante la Secretaría de la Función Pública. Con la información que les di tuvieron un panorama de todo lo que había pasado. Ellos hacen con su equipo un reporte seguramente a Presidencia.”
Entonces despidieron a Bravo Hernández y al entonces director de III Servicios, Agustín Castro, junto con otros 25 trabajadores.
El pasado 21 de este mes, en conferencia de prensa, Ignacio López, el actual director de III Servicios, acusó a Pérez Becerril de que no se terminará el 15 de septiembre la Estela de luz porque no hizo los estudios correspondientes, debido a lo cual se trabajó mucho tiempo en la cimentación:
“El problema que detecto es que ni existe un proyecto ejecutivo suficientemente maduro para poder llevar la construcción de este monumento. No se tomaron los elementos necesarios para el suelo donde se está trabajando. Se tuvo que cambiar la cimentación.”
López, abogado de profesión, entregará la construcción terminada el 31 de diciembre, pero no tiene prevista la plaza:
“No tengo conocimiento de ello, dijo.”
Para él, no se entregó completo el proyecto. Y sobre si hay corrupción, expresó:
“Sé que hay investigaciones en torno a este proceso, y se tendrá que llegar a un resultado. No tengo ningún elemento para imputar alguna responsabilidad a ningún servidor público. No me corresponde a mí ser la autoridad que juzgue. No voy a hacer ninguna acusación contra nadie.”
Se le pregunta a Pérez Becerril por qué no dijo nada en la conferencia de prensa de agosto de 2010, y contesta:
“La SEP no quería una polémica, pero en ese momento ya estaba clara la corrupción, el fraude que hubo, la invitación a las empresas por el coordinador Bravo Hernández, que es amigo de José Miguel González, el asesor de Lujambio, y quedaba clara la violación de mi catálogo de conceptos y cómo lo transforman. Yo entregué un catalogó de conceptos el 16 de noviembre de 2009, todo formal, al Bicentenario.
“Con Ignacio López aumentó el costo de 400 millones de pesos a mil millones por un incremento de acero y otra series de profundidades por la cimentación.”
–¿Cuál es la manera en que se hace la corrupción?
–Pues al modificar el proyecto, cancelar mis conceptos y generar otros para que la constructora cobre 500 millones de pesos más, además aumentan el costo.
–¿Entregó un proyecto incompleto?
–No. Mandé toda la información, sabiendo y conociendo la estrategia de hace un año que ellos repetían a la Secretaría de la Función Pública que el proyecto está mal… No está mal, les dijeron en la misma Secretaría de la Función Pública. Yo lo entregué completo y a tiempo. El contrato contiene una cláusula donde me solicitan hacer las adecuaciones que sean correspondientes en el momento en el que el mismo gobierno federal termine de entregar los estudios. El gobierno federal tenía el compromiso de entregarme los estudios que hicieran falta.
–¿No los tenía que entregar usted como ellos lo señalan?
–No, lo estipula el contrato. Tengo todas las cartas.
–Tanto López como Lujambio señalan que no es usted el único autor de la Estela de luz, que hay otros dos arquitectos (Martín Laureano Gutiérrez Guzmán y Raúl Peña Arias). ¿Son autores también?
–En definitiva ninguno. Mi equipo lo hizo todo. Este personaje (Gutiérrez Guzmán) llegó unas semanas antes, sabiendo que estaba concursando, y con esa pretensión y protagonismo de querer incluirse en el equipo me lo solicitó y le dije que sí, que con mucho gusto. Pero me comentó que no podía porque estaba en otro trabajo, pero envió dos dibujantes, eso es todo lo que hizo.
Gutiérrez Guzmán demando al arquitecto con la finalidad de que se reconozca que tres son los autores de la Estela de luz y se logre el reparto de los 18 millones de pesos que se pagó por el proyecto.
La plaza
Como III Servicios no tiene prevista la plaza, el arquitecto subraya que “está modificado el proyecto totalmente”.
–Los elevadores que proponía, no estarán.
–Esa es la parte de distorsión, están favoreciendo, cambiando la cartera de conceptos y simulando una rampa para minusválidos. Es una falta de respeto para un minusválido subir 150 metros en rampa de un segundo sótano, cuando yo le estoy dando elevadores.
–¿Es normal que no supervise la construcción del proyecto con el cual ganó?
–No. Esa es una burla para el país. Hablamos de todo ese proceso fraudulento, de cómo se licitó y que están las pruebas entregadas.
–El secretario de Educación Pública niega que lo hayan presionado para no hablar y negó esa amenaza que hizo su asesor.
–Te lo vuelvo a confirmar. Está en una minuta. Qué tonto el asesor, me dijo que si yo decía algo al respecto me iba a caer todo el peso del gobierno federal, y lo dijo enfrente a distinguidos personajes de El Colegio de Arquitectos en una asamblea.
Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señala que Pérez Becerril crítica a López de que diga que el proyecto se entregó incompleto:
“Contradice a El Colegio de Arquitectos, que acaba de dictaminar todo el proyecto y lo avaló.”
Le llama la atención que López, licenciado en derecho de profesión, parece el abogado de Gutsa, y el diputado lee entonces una cápsula que firmó III Servicios:
“Conocen el sitio donde se llevarán a acabo los trabajos objeto de este contrato, las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, y han considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.”
Aclara:
“Es decir, al firmar ese contrato, Gutsa está reconociendo que conoce todas las implicaciones y las dificultades.”
Concluye:
“La situación de este monumento es el reflejo de lo que ha pasado en todos los sectores en la administración pública de este sexenio. Nos habla de la mala planeación, la ineptitud, la ineficacia, la corrupción, y todo lo que hemos visto.”
