OAXACA, Oax. (apro).- El diputado local Flavio Sosa Villavicencio presentó hoy una iniciativa para tipificar el peculado y el enriquecimiento ilegítimo como delitos graves, para lo cual propuso reformar los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado.
El objetivo de esta reforma, explicó el diputado, es evitar que los detenidos por estos delitos queden en libertad bajo fianza y huyan del estado, como ya sucedió con funcionarios del sexenio de Ulises Ruiz.
Luego que el gobierno de Gabino Cué inició procedimientos administrativos en contra de 32 exfuncionarios del sexenio pasado por un quebranto de las finanzas públicas que asciende a 3 mil 687 millones de pesos, el legislador del Partido del Trabajo propone en su iniciativa penas de 3 a 15 años de cárcel e igual periodo de inhabilitación a los funcionarios que se les compruebe el desvío de más de 25 mil pesos.
En la tribuna del Congreso estatal, Sosa Villavicencio consideró urgente clasificar como graves esos delitos como una medida para proteger a Oaxaca de crímenes que afectan al conjunto de la sociedad, pues vulneran el patrimonio estatal y limitan de “manera brutal” la posibilidad gubernamental de actuar a favor del desarrollo social.
Explicó que tipificar esos delitos como graves implicará que, en casos urgentes el Ministerio Público pueda ordenar la detención de una persona sin esperar la resolución de un juez, lo que podría evitar que los responsables huyan del estado, como ya sucedió en el caso de los exfuncionarios “ulicistas”.
La primera parte de su propuesta consiste en añadir tres párrafos al artículo 212 del Código Penal en los que se precisen las penas que se deberán imponer por el delito de peculado, de acuerdo con los montos que se hayan robado.
Así, el primer párrafo establece una pena de seis meses a dos años de cárcel si el acusado devuelve lo que se llevó dentro de los treinta días siguientes al que se descubrió el delito, lo que abre la posibilidad de recuperar parte de lo sustraído.
De no hacerlo así, el segundo párrafo impone penas de tres meses a dos años de cárcel e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro cargo público, cuando el monto del peculado no exceda de quinientos días de salario. Esto es, a números actuales, arriba de 25 mil pesos.
El tercer párrafo, señala que para cuando el peculado es mayor a la cantidad señalada, se impongan de tres a 15 años de cárcel e inhabilitación de tres a 15 años.
La corrupción, expresó, “socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, y contra el desarrollo integral que requiere Oaxaca”; así, los gobiernos deben velar por el patrimonio del Estado y también sancionar de manera eficaz, estableciendo mecanismos que permitan erradicar esas conductas.
“El combate a la corrupción fortalece a las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”, puntualizó.
