MÉXICO, D.F. (apro).- Después de ocho años y por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitió la presencia de los medios de comunicación en un Consejo de Guerra.
El Consejo de Guerra al que tuvo acceso la prensa está relacionado con la presunta responsabilidad de un cabo oficinista adscrito a la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, acusado de posesión ilegal de cartuchos y armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El soldado fue detenido el 19 de julio de 2006 en la estación ferroviaria de Los Mochis, Sinaloa.
Este es el primer Consejo de Guerra que la Sedena hace público en ocho años, luego de que en 2003, permitió la presencia de los medios de comunicación en el juicio contra el general Brigadier Ricardo Martínez Perea, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por brindar protección al cártel del Golfo.
En esta ocasión se trata de un Consejo de Guerra ordinario, integrado por un presidente, cuatro vocales, un juez y un secretario.
El caso se lleva a cabo en los juzgados militares instalados en el Campo Militar número 1.
De acuerdo con el expediente, el cabo oficinista –del que se pidió omitir su nombre— salió de su jurisdicción en Santa Gertrudis, Chihuahua, hacia Los Mochis, con tres maletas que contenían un arma de fuego y 5 mil 570 cartuchos de diversos calibres.
El cabo oficinista reveló que sólo cumplía órdenes de su superior, el capitán Tomás Guzmán Díaz, quien desertó cuatro meses después de que fuera aprehendido el soldado –el 4 de noviembre de 2006–, luego de 21 años de servicio.
El cargamento de cartuchos y el arma sería entregado a un supuesto mayor que identificaría al cabo oficinista en la estación ferroviaria de Los Mochis.
De acuerdo con la legislación militar, el personal de tropa –soldados razos y cabos–, tienen prohibido portar armas fuera de servicio.
El militar procesado se encuentra en activo debido a que los cargos que se le imputan no son considerados graves.
Se prevé que el proceso concluya entre las 20:00 y 21:00 horas de este lunes.
En esta instancia judicial del fuero militar tienen voto los cuatro vocales y el presidente del consejo. El juez determinará en un plazo de cuatro o cinco días más la sentencia, en baso a las conclusiones a las que legue dicho consejo.
La decisión de la Sedena se dio una semana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que los militares que incurran en violaciones a los derechos humanos sean procesados en juzgados civiles.
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