Lucha contra el crimen, respuesta al hartazgo de la sociedad: Poiré

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, rechazó que la sociedad esté en desacuerdo con la estrategia del gobierno federal de luchar “de una vez por todas” contra la delincuencia organizada.
En su séptima entrega en torno de “Los 10 mitos sobre la lucha por la seguridad”, el funcionario federal señaló que frente al incremento de la violencia en el país –exacerbada por la propia delincuencia como medio para intimidar a sus rivales, así como a las autoridades y a la propia sociedad–, la ciudadanía ha exigido respuestas.
El hartazgo de la sociedad mexicana y su demanda por mejores condiciones de seguridad se ha manifestado desde antes del inicio del gobierno de Felipe Calderón, escribió Poiré en su blog institucional.
En este sentido, recordó, por ejemplo, la marcha silenciosa de junio de 2004, cuando la ciudadanía demandó al Estado mexicano un alto permanente a los delitos que ponen en riesgo la tranquilidad de la sociedad, como el homicidio, el secuestro y la extorsión.
Además, sin detallar sobre el punto, mencionó una encuesta de opinión pública realizada en 2001, en la que –según dijo– 86% sostenía que la delincuencia y el crimen eran el principal reto que enfrentaba el país, mientras que 82% pensaba lo mismo en 2006.
Tomando en cuenta esos dos elementos, Poiré afirmó: “Es falso que la sociedad esté en desacuerdo con luchar de una vez por todas porque nuestra seguridad prevalezca sobre los criminales”.
Añadió: “La enorme mayoría de la población coincide en que merecemos espacios libres de violencia y temor, así como instituciones y leyes modernas que nos den confianza en las personas que se encargan de velar por nuestra seguridad”. Además, apuntó, exigen mejores resultados “en el corto plazo y en todos los frentes”.
De acuerdo con el funcionario, el principal anhelo de la población no es que se detenga la lucha contra el crimen organizado, “sino que rinda mejores resultados con base en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y los poderes de la Unión”.
Enfatizó que el presidente Felipe Calderón no ignoró la inquietud social en esta materia y tuvo que realizar un diagnóstico de la criminalidad expandida, debido a que “en tiempos pasados nunca se decidió a favor de la seguridad de México”.
En ese sentido, Poiré aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad “es la síntesis de un reclamo social por orientar las capacidades del Estado contra la criminalidad y la decisión firme de este gobierno por cumplir con su primera responsabilidad de generar condiciones de mayor seguridad”.
Pero además, sostuvo, la lucha es la suma de esfuerzos de la sociedad civil, de los empresarios y las autoridades federales, estatales y municipales.
En lo que respecta a la sociedad civil, puso como ejemplo a la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización denominada Alto al secuestro, quien investigó el caso del plagio de su hijo Hugo Wallace y contribuyó a la captura de los responsables.
“Su exigencia de justicia ha sido una motivación permanente para que todas las autoridades demos cumplimiento a nuestras obligaciones”, señaló Poiré.
Sobre los líderes empresariales, mencionó a Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, así como a la Cámara de Industria de Transformación (Caintra) y el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, que –dijo– han reconocido la reducción de la violencia en sus localidades y están convencidos de combatir la criminalidad y fortalecer la denuncia ciudadana y la presencia de la autoridad federal.
Asimismo, mencionó a los gobernadores de entidades federativas que reconocen que la seguridad depende de un esfuerzo articulado, como en Chihuahua y Sinaloa, y los que han solicitado la presencia y permanencia de las fuerzas federales para apoyar a las policías estatales y municipales, como es el caso de Tamaulipas.
Poiré indicó que el gobierno de Felipe Calderón está consciente de la insatisfacción de la población en materia de seguridad, pero también de que “hubiera sido infinitamente más costoso no combatir a una criminalidad enfrentada vorazmente entre sí”.
Como seres humanos, añadió, “repugnamos la violencia que atenta contra nuestra tranquilidad. Como autoridad la rechazamos combatiéndola con firmeza, de la mano de la sociedad”.