MÉXICO, D.F., apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que entregue información sobre las demandas presentadas contra armerías de Estados Unidos, a través de un contrato con la firma de abogados Reid Collins &Tsai.
De acuerdo con la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, es de interés público difundir dicha información, en virtud de que permite a la sociedad tener conocimiento de los procesos legales que se siguen en contra de personas morales y físicas en EU, que hagan presumir su participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y otras conductas en perjuicio de México.
El IFAI tomó esa medida, luego de que particular pidió a la PGR saber si firmó un contrato con Reid Collins & Tsai, cuanto costó o costará el mismo, y la fecha en que se planea concretar la demanda, tipo de cargos que se fincarían, cuáles armerías serían las demandadas y todos los detalles posibles sobre el tema.
Ante tal petición, la dependencia respondió de manera parcial, al señalar que el 28 de octubre de 2010 contrató los servicios de los despachos Reid Collins & Tsai y Berg Associates, para recibir asesoramiento y ser representada en indagatorias ante tribunales estadunidenses en contra de determinadas personas morales y físicas en EU por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como venta ilegal de armas de fuego.
No obstante, indicó que los datos relativos a la fecha para concretar la demanda, los tipos de cargos que se pretenden fincar y los particulares demandados, así como los resultados de las mismas quedarían bajo reserva por 12 años, toda vez que las firmas aún continúan con las investigaciones.
En este sentido, abundó que hacer públicos tales datos “impondría un riesgo de afectación a la relación bilateral que se mantiene con las autoridades de Estados Unidos y traería consigo un riesgo significativo a la seguridad e integridad de los abogados e investigadores estadunidenses que realizan estas labores, ya que al alertar a los posibles afectados por esas medidas provocaría represalias o la adopción de medidas por parte de los eventuales blancos de demandas para impedir u obstaculizar su labor”.
La respuesta de la PGR inconformó al solicitante, quien presentó un recurso de revisión que fue analizado por María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
La comisionada concluyó que las causales de reserva invocadas por la PGR son improcedentes, por lo que propuso modificar la clasificación establecida, ya que la información proporcionada por los despachos referidos, su evaluación y la decisión de iniciar acciones legales o no, “son elementos de un proceso deliberativo, por lo que es necesario distinguir entre aquellos que se encuentran en trámite y los que han concluido”.
En consecuencia, en aquellos casos en los que la PGR ya tomó una decisión definitiva (sea esta la de demandar o de optar por no hacerlo) deberá entregar la información correspondiente.
En los casos en que ya se haya interpuesto una demanda, se deberá entregar, entre otra información, el nombre de la persona física o moral demandada, los cargos, así como la fecha en que se interpuso la demanda, reservando únicamente la información que pudiera representar una estrategia procesal del sujeto obligado.
Después del análisis quedó precisado que sólo se clasificará la información de aquellas personas a quienes la PGR aún no ha autorizado demandar por no contar con elementos suficientes, toda vez que el proceso deliberativo continúa en trámite, y concluye hasta que, de manera definitiva, se adopta la decisión de proceder o de no presentar demanda alguna.
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