Señor director:
Me refiero a la nota intitulada Los casinos: abusos, anarquía, narco…, suscrita por Jesusa Cervantes y Luciano Campos, publicada en la prestigiada revista Proceso el pasado 10 de julio (edición 1810).
Respecto de su contenido, hago las siguientes precisiones:
1. El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que promovió el exsecretario de Gobernación Santiago Creel Miranda y que se publicó en el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2004 (que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró constitucional en 2005) no autoriza, en modo alguno, la operación de casinos. Simplemente reglamenta los juegos con apuesta y los sorteos, permitidos expresamente por el artículo 73, fracción X, de la Constitución, y por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, expedida por el Congreso de la Unión y vigente desde enero de 1948. Basta leer el mencionado Reglamento para darse cuenta que no hay referencia alguna y mucho menos debe haber autorizaciones, para la instalación u operación de casinos.
2. El entonces secretario de Gobernación, efectivamente, acabó con la caja chica que significaban los permisos para desarrollar actividades de juegos con apuesta y sorteos. Con la expedición del reglamento, el otorgamiento de los permisos dejó de ser una facultad discrecional del secretario de Gobernación. Hoy existen reglas estrictas, claras e iguales para todos los solicitantes. Los ingresos que se obtienen por tales permisos son enterados, íntegramente, a la Tesorería de la Federación.
3. Es correcta la tesis del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: no se trata de acabar con el juego, sino de regularlo y saber a dónde va el dinero. Sin embargo, llama la atención que durante su gestión como diputado federal, el propio Héctor Gutiérrez se haya opuesto a modernizar y poner al día la vieja, obsoleta e insuficiente Ley Federal de Juegos y Sorteos que data de seis décadas. Él mismo presidió la comisión especial de la Cámara de Diputados que revisó y auditó los permisos otorgados durante la gestión del licenciado Creel al frente de la Segob. Nada irregular ni ilegal encontró, como tampoco encontraron nada la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la propia Procuraduría General de la República.
4. La aseveración del diputado Gutiérrez de la Garza, en el sentido de que a partir de la vigencia del reglamento se otorgaron permisos a empresas con accionistas inciertos, es absolutamente falsa (al menos por lo que hace a la gestión del licenciado Creel en Gobernación). Los permisos están perfectamente documentados y soportados.
5. Los permisos que emitió la Secretaría de Gobernación para la apertura de esos establecimientos están sujetos a la aprobación de los gobiernos locales y municipales respectivos. Su número y ubicación debe pasar por esas autorizaciones. Por lo que habrá que voltear a ver a esas instancias para analizar en qué términos y condiciones se otorgaron tales autorizaciones.
6. Varias cosas han pasado desde que se frenó la emisión de permisos al amparo del nuevo reglamento:
a.- Ha proliferado el juego ilegal.
b.- La gran mayoría de las nuevas presuntas operaciones legales se han abierto con amparos y no con permisos de la Secretaría de Gobernación y mucho menos con aquellos otorgados en la época en que fue titular el licenciado Creel.
c.- Tal y como se registra en diversas informaciones que han sido publicadas, ahora, en algunos casos se permite inclusive el juego de cartas y otros más, que son propios de casinos, lo que ciertamente no ocurrió durante la gestión del licenciado Santiago Creel.
7. Reitero: los permisos que se otorgaron durante la gestión del licenciado Creel eran parte de una política pública que tenía la intención de combatir el juego ilegal y hacer que estas operaciones fueran perfectamente acotadas, transparentes, autorizadas por los gobiernos locales y municipales, con operadores sujetos a un escrutinio permanente de su identidad y solvencia moral y económica, sujetos, además al pago de impuestos federales (hoy las operaciones de juego reguladas por el nuevo reglamento ascienden a varios cientos de millones de pesos).
8. La emisión de permisos, de acuerdo con el nuevo reglamento, fue frenada por un litigio político que surgió en la precampaña del licenciado Creel en 2005, auspiciada por quienes deseaban seguir operando en la ilegalidad y por algunos grupos y personas de buena fe que, quizá por falta de información, adoptaron esa postura que hoy se traduce en estas consecuencias tan negativas para el país y que además están a la vista de todos.
Atentamente:
Felipe de Jesús González Castañeda
Coordinador de Comunicación Social
del Lic. Santiago Creel Miranda
Respuesta de los reporteros
Señor director:
En respuesta a la carta enviada por Felipe de Jesús González Castañeda, “Coordinador de Comunicación Social del Lic. Santiago Creel Miranda”, sólo nos resta agradecerle sus precisiones, pues no desmienten nuestro reportaje; por el contrario, lo refuerzan, como con el dato de que el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue promovido por Creel Miranda, y de que al amparo del mismo “ha proliferado el juego ilegal”.
Igualmente lo robustece al poner en duda la operación legal de algunos casinos, cuando señala que “la gran mayoría de las nuevas presuntas operaciones legales se han abierto con amparos”.
Por lo que califica como “reglas estrictas, claras e iguales”, sólo queda preguntarse cómo es entonces que los jueces han encontrado resquicios legales para otorgar amparos a permisionarios.
En la misiva se afirma que Creel “acabó con la caja chica que significaban los permisos para desarrollar actividades de juegos con apuesta y sorteos”; sin embargo, el exdiputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza, quien presidió la comisión especial que revisó y auditó los permisos otorgados durante la administración de Creel, considera lo contrario al señalar que se convirtió en “la caja grande”. Igualmente el exlegislador asegura que hubo dudas sobre quiénes eran algunos accionistas.
En cuanto a que el “número y ubicación” de casinos pasa por la autorización de gobiernos locales y municipales y por lo tanto hay que “voltear” a ellos, queremos precisar que si no hay permisos federales no puede haber permisos municipales. Y como se sostiene en el reportaje, la proliferación de casinos ha sucedido en administraciones locales panistas.
Finalmente, el punto ocho es una aseveración del señor González Castañeda, pero igualmente refuerza el contenido de nuestro reportaje.
Atentamente
Jesusa Cervantes y Luciano Campos
