GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH) reprobó el actuar de agentes de la Policía Ministerial, del Ministerio Público y hasta de defensores de oficio, durante los operativos efectuados en mayo en contra de uniformados de cinco municipios del sur de la entidad.
Los operativos se efectuaron bajo el argumento de investigar la presunta infiltración de La Familia Michoacana en las corporaciones de Acámbaro, Tarandacuao, Jerécuaro, Coroneo, Uriangato y Moroleón.
En total, unos 40 policías y tres directores quedaron detenidos, pero surgieron denuncias de preventivos, civiles y familiares en contra del proceder de los ministeriales en estos hechos.
Luego de una investigación efectuada a partir de las quejas de 116 preventivos y civiles que fueron detenidos o retenidos durante dichos operativos, la PEDH concluyó que los elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) incurrieron en detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de la función publica, violación a los derechos de los detenidos, aprehensiones ilegales, lesiones y un caso de allanamiento de morada en Acámbaro, municipio gobernado por el PRD.
Este fue el primer municipio donde se aplicó el operativo, por lo que el alcalde Gerardo Silva y el dirigente estatal perredista Miguel Alonso Raya protestaron y lo calificaron de sesgado y con fines políticos.
Sin embargo, el gobierno estatal sostuvo que se aplicaron sólo con el objetivo de depurar a las policías preventivas ante los indicios de que en varias de ellas se prestaban servicios al grupo delictivo michoacano.
Finalmente, dos meses después de que se presentaron las primeras quejas, el ómbudsman estatal emitió recomendaciones al procurador Carlos Zamarripa Aguirre para investigar y, en su caso, sancionar a los ministeriales responsables de las conductas violatorias de los derechos humanos, y al secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, para revisar la actuación de los defensores de oficio en materia penal.
También se recomendó deslindar responsabilidades por la actuación del agente del Ministerio Público para delitos de alto impacto por detenciones ilegales, entre otras anomalías.
La PEDH recabó testimonios, pidió informes a las instancias y revisó dictámenes médicos, y encontró probada “la repetición de conductas reprobables en la mayoría de los municipios”.
