Independientemente de que Alonso Godoy Pelayo sea un hombre de sobrada suerte o, dicho con más propiedad, tenga una piel o concha tan dura que pese a irrefutables pruebas de haberse quedado con 9.8 millones de pesos que no le correspondían, es inaudito que sea ratificado por los diputados como auditor superior del estado. Godoy debe ser cómplice de los diputados en muchas transacciones de recursos que muy pocos saben exactamente a dónde fueron a parar. No por nada los legisladores le perdonaron su salida, tantas veces demandada por la sociedad desde hace más de un año. El 28 de junio pasado, las fracciones del PRI y el PRD, que conforman la Comisión de Vigilancia, decidieron que el asunto del auditor no pasara al pleno del Congreso y, por su cuenta y riesgo, lo exoneraron de la suma referida y posiblemente de otras. Aunque los legisladores panistas al menos toleraron la situación durante todo ese tiempo, en esta ocasión dos de los representantes de ese partido en la Comisión de Vigilancia, Alfredo Argüelles e Isaías Cortés, huyeron graciosamente, situación que algunos juzgaron de teatrera. El único que votó en contra fue Enrique Aubry, del PVEM. Emitieron su voto favorable al auditor la perredista Araceli Flores Gómez y los siguientes priistas: Roberto Marrufo Torres, Salvador Barajas del Toro, Omar Hernández Hernández, Ana Bertha Guzmán Alatorre, Noel Pérez de Alba, Elisa Ayón Hernández y Patricia Retamoza. Esta última, si bien es del PRI, obedece a los intereses del Grupo Universidad que comanda el exrector de la UdeG, Raúl Padilla López, a su vez, hombre fuerte del PRD en Jalisco y quien sin duda tiró línea a unos y a otros.
Entre los pagos que hizo el auditor Pelayo está uno por 5 millones de pesos a su compadre y suegro Alfredo Vargas Padilla, por una real o supuesta proveeduría de formas valoradas. Además, el mismo Alonso Godoy y sus hermanos Víctor Manuel y Octavio vendieron a la UdeG, a mediados de 2009, un terreno rústico de 6.2 hectáreas ubicadas al norte de Autlán, en 28.9 millones de pesos, pese a que estaba valorado en menos de 350 mil pesos, es decir, en 84 veces su valor. En la transacción participó Enrique Solórzano Carrillo, entonces rector del Centro Universitario de la Costa Sur, avalado por el Consejo General Universitario que preside el rector general, Marco Antonio Cortés Guardado (Proceso Jalisco 259). Contratos como ese no se hacen sin el visto bueno del exrector Padilla López.
Los coordinadores de las fracciones del PRI, Roberto Marrufo, y del PAN, José María Martínez, se lavan las manos en torno al sobrepago de cerca de 20 millones de pesos al despacho López Castro, que los orientó acerca de cómo pagar menos impuestos (Proceso Jalisco 343). Uno y otro afirmaron que no sabían cómo se restituyeron más de 60 millones en lugar de los 42 millones que, a través de una demanda judicial, exigían los asesores externos contratados exprofeso pese a que el Congreso local tiene a sus propios contadores y abogados. Sin duda hay gato encerrado, y se sospecha que existió una forma marginal de ganancia para diputados y partidos políticos porque todos salieron muy de acuerdo. Como siempre.
Aunque el presidente municipal de Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso, prometió a la reportera Gloria Reza entregarle una copia de su declaración patrimonial luego de que habitantes de la colonia Las Juntas lo acusaron de tener intereses económicos en la zona, tras anunciarse la construcción de un puente sobre las vías del tren, la directora de información del alcalde, Brenda Cruz Acero, se negó a dar los datos “porque el señor es dueño de una tequilera, una gasolinera, ranchos y otros negocios, y porque su familia corre peligro”. l
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