Señor director:
Qué difícil es tener acceso a la justicia en México, y, en particular, en el Distrito Federal. El 27 de abril de 2011 solicité la intervención del licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal, para incoar el procedimiento de verificación administrativa a las construcciones que se realizan en suelo de conservación, con la anuencia o tolerancia de la Delegación Tláhuac y de la Secretaría del Medio Ambiente, en el paraje denominado Tempiluli, y, desde luego, no permitir más edificaciones, así como dictaminar y ejecutar las resoluciones que dicten en ese asunto.
En respuesta, Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Atención Ciudadana y Gestión Social, envió el escrito a José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno, y éste, a Juan José García Ochoa, subsecretario, quien a su vez lo turnó a Martín Juárez Durán, director general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, para que éste finalmente delegara el caso a Pedro Bello Aguilar, director de Gestión Social.
Sin embargo, la primera funcionaria asentó: “…posee contrato de compraventa con el objeto de modificar el uso de suelo para después construir viviendas para los integrantes de esa organización y solicita intervención para resolver dicha problemática”. Tal afirmación es falsa, en virtud de que jamás solicité tal cosa. Lo más grave es que esa imprecisión de origen propició confusión e incertidumbre por la falta de veracidad y ligereza con que se tergiversa lo solicitado, además de reproducirse en lo subsecuente.
Al cambiar los hechos, los funcionarios demuestran que ni siquiera se toman la molestia de leer íntegramente la petición, en detrimento de la administración, procuración e impartición de justicia, dejando al peticionario en completo estado de indefensión porque, lejos de resolver de conformidad a lo pedido, dan una interpretación errónea al espíritu y contenido de la queja, lo que hace suponer que no existe voluntad para dar solución a los problemas planteados, que hay ignorancia, mala fe o que de plano están coludidos y, por lo tanto, protegen intereses ajenos a la institución a la que pertenecen.
Si a esto se agrega la imposibilidad de que un ciudadano común y corriente pueda entrevistarse con los altos funcionarios, lo ocurrido significa hacer nugatorio el principio de igualdad, equidad y justicia, además de ser discriminatorio y violatorio de las garantías individuales y de los derechos humanos consagrados en la Constitución.
La anuencia y tolerancia al margen de la ley generan la presunción de que las autoridades actúan de manera facciosa o a favor de quien los puso en el cargo, propiciando que en el Distrito Federal haya ciudadanos de primera y de segunda clase, así como la circunstancia de que la ley no se aplique a todos por igual, porque mientras a unos se les permiten y toleran actos contrarios a la norma, a otros simplemente se les ignora, dependiendo del padrino que los proteja o del grupo de poder al que pertenezcan.
En mi caso, sólo pido justicia, es decir, que se aplique la ley en contra de los infractores y que éstos dejen de ser protegidos por el jefe delegacional en Tláhuac y la Comisión de Recursos Naturales (Corena), pues la falta de aplicación de la ley genera impunidad y ello debilita a las instituciones públicas.
Atentamente
Juventino Martínez Almaraz
