Cada año los partidos políticos reciben cientos de millones de pesos del erario estatal además del financiamiento privado, pero ninguna dependencia ni organismo autónomo (Itei o IEPC) los ha obligado a transparentar su gasto. Parte del problema, dice un experto, es que quienes nombran a los titulares de estos institutos son los propios partidos, mediante sus diputados.
En los últimos cuatro años los partidos políticos en Jalisco absorbieron más de 653 millones de pesos del erario estatal, pero no cumplen siquiera los mínimos requisitos de información a los que están obligados por la Ley de Transparencia.
Este semanario realizó un ejercicio de consulta en las respectivas páginas de transparencia y encontró que ninguna de estas instituciones publica su nómina, los informes financieros, inventarios de inmuebles, gastos en medios ni viajes oficiales.
Algunos tienen disponibles de forma parcial o no actualizada sus inventarios de muebles, de parque vehicular o el padrón de proveedores, y solamente el PAN ofrece el desglose de los recursos entregados a sus comités municipales.
“Además de que no cumplen con la transparencia, obstaculizan el acceso a la información. Son cosas distintas: la primera es publicarlo sin que nadie lo solicite, y la segunda es cuando algún ciudadano lo pide. En este caso no contestan nunca, evaden la responsabilidad respondiendo parcialmente o entregan información que ni al caso viene”, añade el académico José Bautista Farías, fundador del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) capítulo Jalisco.
El investigador señala que, de acuerdo con la Ley de Transparencia del estado, los partidos políticos son sujetos obligados a informar de manera clara y oportuna, e incluso el artículo 18 contiene un capítulo especial que los compromete a presentar datos adicionales:
“Ese apartado especial detalla que, además de la información fundamental, deben publicar gastos de campaña y de precampañas, gasto corriente, informes financieros, origen de los recursos públicos y privados, estatutos, estructura, organigrama, contratos, inventario de bienes inmuebles y vehículos, actas y minutas de sesiones. Con nada o con muy poco cumplen”, subraya Bautista.
Asimismo, dice, “cuando alguien pide información obligan al solicitante a que se identifique, lo cual es ilegal, y a asistir a las oficinas a pesar de que existen medios electrónicos (para tramitar la información). Pero ni por error han querido los partidos formar parte de la plataforma digital Infomex”, indica.
De acuerdo con la revisión en las páginas de transparencia, el PRI ofrece muy poca información y algunos de sus enlaces están rotos. El partido que encabeza Rafael González Pimienta sólo publica documentos básicos, reglamentos, un convenio de coalición con el Panal y las convocatorias para candidatos correspondientes a 2009.
El PRI no publica nóminas ni los montos de financiamiento público y privado que recibe. Al darle click al enlace referente a las remuneraciones aparece la leyenda: “Sesión en actualización. Disculpe las molestias”. En cuanto a informes de ingresos y gastos, solamente incluye uno de diciembre 2009.
Tampoco se puede conocer la cantidad entregada a los comités municipales priistas en los últimos cinco años ni las facultades de sus órganos de dirección, el directorio de sus dependencias estatales ni sus plataformas electorales y programas de gobierno. Asimismo permanecen ocultos los datos sobre vehículos e inmuebles, incluso sobre su sede estatal, en Calzada del Campesino 222, y las fincas que ocupan sus comités municipales.
En su sitio de internet, el PRI ni siquiera reconoce como información oficial la agenda de las sesiones y minutas; el inventario de bienes inmuebles y de vehículos, el padrón de proveedores, resultados de auditorías, viajes oficiales ni dictámenes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) sobre sus estados financieros. Tampoco señala el domicilio ni el correo electrónico de la unidad de transparencia.
“No debemos confundirnos. Los partidos políticos sí están obligados a dar a conocer la nómina sin escamotear nombre, cargo, remuneración mensual, prestaciones, estímulos o compensaciones y cualquier otra percepción que en dinero o en especie que reciban quienes laboran ahí. Eso no se puede ni ocultar ni disfrazar”, acota Bautista.
Torear la ley
El PAN tampoco publica sus nóminas. Aparece un tabulador impreciso, con sueldos mínimos y máximos para cargos y categorías, pero no especifican los nombres de quienes los ocupan actualmente ni cuánto ganan exactamente.
Por ejemplo, en el cargo del presidente estatal (que ostenta ahora Hernán Cortés Berumen) se dice que gana como mínimo 70 mil pesos y como máximo 85 mil. Acerca de los secretarios hay mayor ambigüedad aún: se asigna un salario de 20 mil como mínimo y de 70 mil como máximo.
A pesar de esto, el PAN es el partido que publica más rubros fundamentales en su sitio electrónico: los documentos básicos, organigrama, facultades de órganos de dirección, reglamentos, acuerdos, directorio, plataforma política, monto del financiamiento público, gastos de campaña, padrón de proveedores, nombres de sus representantes ante el IEPC, fundaciones y centros de investigación, y el domicilio y datos de la unidad de transparencia para recibir solicitudes. Y aunque no están obligados a ello, incluyen su padrón de miembros activos y adherentes.
En el inventario de parque vehicular sí aparece el tipo de auto y la persona y área a las que está asignado. Lo malo es que estos datos no están actualizados. Por ejemplo, un Peugeot gris está a nombre de Jorge Espinoza como secretario de Acción Juvenil , pero él ya no ocupa ese cargo, sino Noé Chávez.
Sin embargo hace falta la información financiera. En el rubro de “Monto del financiamiento público” aparecen como disponibles las cifras del comité directivo estatal de 2006 a 2010, pero al seleccionar el enlace aparece un mensaje de error. Lo mismo sucede con la relación de bienes muebles e inmuebles. Tampoco son transparentes los datos sobre su sede en la avenida Vidrio 1604, la casona de Montenegro 1624, donde opera el comité tapatío, y los edificios de otros comités municipales. Sin embargo, sí se reporta que en 2010 se le otorgaron 7 millones 255 mil pesos a cada una de estas representaciones.
En cuanto al origen de los recursos públicos solamente dice que el IEPC le dio 59 millones 190 mil pesos y el IFE 16 millones 936 mil, mientras que un millón 974 mil pesos provienen de simpatizantes y militantes, así como de autofinanciamiento, pero no se especifica en qué año ni se ofrecen más detalles.
El PAN sólo transparenta su gasto corriente del año pasado, y de los informes financieros al IEPC nada más exhiben los anuales de 2008 y 2009. Les faltan los datos sobre viajes oficiales y erogaciones en medios de comunicación.
Hasta el cierre de esta edición el PRD sólo tenía disponibles en su página de transparencia los documentos básicos y los parámetros del Servicio Profesional de Carrera. Falta la información sobre nómina, su directorio, informes sobre el monto de su presupuesto y su ejecución, balances generales y estados financieros, padrón de proveedores, contrataciones, actas de sesiones y minutas y datos de la unidad de transparencia.
Al hacer click en el enlace correspondiente al informe anual de plano aparece la leyenda: “Intenta entrar en zona restringida”. Tampoco hay información de gastos en medios y en viajes oficiales.
El PRD cumple parcialmente con el inventario de bienes, pues sólo aparecen muebles y equipo de oficina, no así vehículos ni edificios como su sede estatal, en la calle Pavo 11. Asimismo, escasean los informes financieros: uno trimestral de julio a septiembre de 2010: dos anuales de 2009 y 2008 y ningún trimestral. Tampoco hay ninguno correspondiente a 2005, 2006 y 2007.
El PVEM, que preside el diputado local Enrique Aubry de Castro, no publica nada. Su página de internet está “en construcción”.
Danza de billetes
En el nivel estatal, los cuatro partidos políticos que tienen registro y representación legislativa han absorbido en los últimos cuatro años 653 millones 322 mil pesos tan sólo del IEPC.
Para este año, el PRI recibió 62 millones 689 mil pesos; el PAN, 61 millones 411 mil; y el PVEM y el PRD 25 millones 457 mil cada uno, para un total de 172 millones 253 mil 392 pesos.
En 2010 el PRI recibió 60 millones 493 mil pesos; el PAN, 59 millones 259 mil; el PVEM, 24 millones 565 mil y el PRD 21 millones 899 mil, para un total de 166 millones 218 mil pesos.
En 2009, año electoral, recibieron financiamiento público y mayores prerrogativas ocho partidos: el PAN dispuso de 80 millones 789 mil pesos; el PRI, de 63 millones 432 mil; el PRD, de 20 millones 480 mil; el Panal, de 16 millones 425 mil; el PVEM, de 14 millones 560 mil; el PT, de 14 millones 60 mil; Convergencia, 10 millones 419 mil y Alternativa Social Demócrata, 11 millones 214 mil. En total se repartieron 231 millones 382 mil pesos.
En 2008, entre todos absorbieron 83 millones 330 mil pesos.
A pesar de estos montos millonarios, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) informa que la última evaluación a Partidos Políticos data de 2008, aunque esperan realizar otra este año.
La directora de Vinculación y Estudios del Itei, Karla Bravo Cruz, señala que no tienen posibilidades de evaluar a los partidos cada año, pues el área de Estudios y Evaluación del instituto tiene tres empleados mientras que en Jalisco existen 710 sujetos obligados, entre dependencias estatales, ayuntamientos y otros. “Nos faltan personal y recursos. Estos tres empleados son quienes realizan todos los estudios y todas las estadísticas”, señala.
Por otra parte, afirma, el Itei ha realizado constantes capacitaciones para empleados de los partidos, pero ni así han atendido las recomendaciones de transparentar su información.
De acuerdo con el último documento de evaluación, de 2008, la calificación global de los partidos fue reprobatoria: 56.85 puntos en una escala de 100. En el rubro de vigencia alcanzaron 50 puntos, mientras que en “información completa” y “financiera” consiguieron 44.
En aquella ocasión el PAN y el PVEM resultaron los menos opacos al empatar con 67.74 puntos de calificación. El PRI llegó a 43.55 y el PRD estaba sumido en 29.03 puntos. “La realidad es que poco o nada ha cambiado desde aquella evaluación”, afirma el experto José Bautista.
Apunta que a pesar de que es obligatorio publicar la información, hay un vacío jurídico porque en el capítulo 12, artículo 102 de la ley se dan a conocer las nueve causales de sanción, pero no se incluye en ellas el incumplimiento de publicar la información fundamental.
“Es una norma incompleta –enfatiza–; si alguien lo solicita, entonces sí hay recurso de revisión y entonces el Itei tiene la facultad para obligar a los partidos a contestar, pero de entrada todos incumplen con la ley porque esperan a ver si alguien la solicita. Jamás la publican por obligación, mucho menos cumplen con los requisitos de claridad, calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”.
–¿A qué le apuestan los partidos con estas actitudes tan oscuras?
–A hacerle la vida cansada al ciudadano, a que se canse de tanto trámite. Pero hay un punto muy importante: quienes eligen a los consejeros del Itei son los partidos políticos a través de sus diputados. Ellos tienen en los consejeros a personas que protegen sus intereses, y no sólo los titulares, también algunos empleados o directores, quienes advierten y dan pitazos a los partidos y con esto se retrasa la entrega de información, lo que va contra los derechos ciudadanos.
–¿Por qué se ha dejado de lado a los partidos? Todos se centran en verificar a las dependencias o ayuntamientos…
–Es cierto. Los partidos se han ganado la mala fama de la opacidad a pulso. Falta mucha presión pública. Es francamente preocupante, sobre todo el renglón del financiamiento público y privad, pero ni así ha habido presión, nos ha faltado ponerle más atención a los partidos a pesar de que manejan recursos públicos y tienen el monopolio del acceso a los puestos de elección popular, y desgraciadamente son el filtro al gobierno. Por eso debemos exigir mayor transparencia. l
