Para encubrir a Roberto Guzmán Vázquez –hermano de Laura Valeria Guzmán Vázquez, presidenta del PRI en Zapopan–, quien presuntamente vendió medio centenar de plazas médicas cuando fungía como coordinador administrativo de la Cruz Verde Sur, el presidente municipal zapopano Héctor Vielma Ordóñez ordenó reintegrar el dinero a los defraudados.
Uno de ellos, quien solicita se le mencione sólo como Esteban, asegura que el martes 14 le depositaron a su cuenta personal los 75 mil pesos que entregó a Guzmán Vázquez, quien le había prometido conseguirle primero una plaza de odontólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y después una en el Hospital General de Zapopan, conocido popularmente como el “Hospitalito”.
En una grabación obtenida por Proceso Jalisco, el entrevistado asegura que “por medio de un tercero” el ayuntamiento le dijo que se le reintegraría su dinero con la condición de que “una persona cercana a Vielma” fuera testigo:
“Fui a las 9:30 (al lugar donde) me quedé de ver con ellos. Ya tenían una ficha de depósito y ahí estaba el ‘guarura de Vielma’ (para verificar que recibiera el dinero). Me dijeron que fuéramos a jurisdicción y me llevaron con David Wong (director jurídico de los Servicios de Salud). Ahí mismo me desistí de (mi querella), pues ya conseguí lo que quería. Ya no quiero más broncas ni perder el tiempo; ya me dieron mi dinero”, relata Esteban.
Carlos Ortiz Vázquez, secretario general del Sindicato Zapopan del OPD (Organismo Público Descentralizado) Servicios de Salud, dice que el entrevistado fue el único de los 50 defraudados que interpuso su demanda en la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ); los demás, dice, desistieron luego de que Wong Avilés amenazó con denunciarlos por el delito de cohecho.
Esteban presentó su queja el 12 de mayo último en la agencia 13 de la subprocuraduría B de la PGJ, que quedó asentada en la averiguación previa 1595/20011, según la copia obtenida por la reportera. En ella, el defraudado narra que el 18 de noviembre de 2010 Richard Fernando Cornejo Viera, un antiguo compañero de la universidad, le comentó que le iba a presentar a una persona que le ayudaría a conseguir una plaza en el IMSS.
Era Roberto Guzmán Vázquez, coordinador administrativo de la Cruz Verde zona sur Las Águilas. El funcionario le comentó que tenía una hermana de nombre Laura Valeria Guzmán Vázquez, quien “tenía buenos conectes en el ambiente político”; “incluso me dijo que próximamente ella se postularía para presidente del PRI en Zapopan”, refirió Esteban.
En su edición del 25 de mayo pasado, La Jornada Jalisco publicó una nota en la que destacó que Vielma impulsó a Laura Valeria, quien pese a su escasa trayectoria partidista pasó de la subdirección del departamento en la subdirección administrativa de la Secretaría General del ayuntamiento zapopano al Comité local del PRI, que aún preside.
Según la denuncia que presentó Esteban ante la PGJ, Roberto Guzmán le expuso que:
Entre (los) compañeros y directivos del IMSS se permutaban bases para laborar como trabajadores del Seguro Social y que esto era totalmente legal, únicamente que el incentivo económico era para brincar la lista de espera en el área de recursos humanos; de esta manera me ofreció una oportunidad segura de conseguir una plaza como cirujano dentista del IMSS, de las cuatro que tenía disponibles, a cambio de 75 mil pesos.
El 18 de noviembre de 2010 le entregué en efectivo a Roberto 20 mil pesos, en su oficina de la Cruz Verde en Las Águilas. Posteriormente, el 22 de noviembre le entregué un segundo pago por 25 mil pesos en el mismo sitio y finalmente el 1 de diciembre le entregué de igual forma en efectivo y en su oficina 20 mil pesos.
Los 10 mil pesos restantes los recibió directamente Cornejo, quien fungió como intermediario, según la denuncia presentada por Esteban.
El martes 14, él y otros dos defraudados recuperaron su dinero. Uno de ellos, José González, asegura que los padres de Roberto Guzmán sólo le devolvieron 30 mil de los 35 mil pesos.
La decisión de reintegrar el dinero se tomó luego de que el lunes 13 el dirigente sindical Carlos Ortiz entregó la queja de Esteban a la contralora interna del municipio Gabriela Hernández Nuño, en la que explica la forma en que se cometió el fraude; al presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia de Zapopan, Sydney Dutton Treviño, así como a la contralora interna del OPD, Servicios de Salud del ayuntamiento, Edith Noemí Murguía Martínez.
El entrevistado asegura que aún falta por determinar si el dinero reintegrado es del erario zapopano, de la alcaldía o de los padres de Roberto Guzmán.
Ortiz relata que la directora general del OPD Servicios de Salud de Zapopan, Adriana Capurro Ceballos, estaba enterada de la venta de plazas, lo mismo que el director médico del organismo, José de Jesús Márquez Barajas, y David Wong. Nunca hicieron nada. “Nos preocupa la omisión de la autoridad del más alto nivel ante este tipo de hechos”, subraya el líder sindical.
–¿Cómo se enteraron de la venta de plazas?
–Varios compañeros nos preguntaron por teléfono si estábamos vendiendo plazas de dentistas y podólogos en el OPD. Al investigar, nos dimos cuenta de que Roberto Guzmán –quien renunció a la Coordinación administrativa de la Cruz Verde Sur hace varias semanas– había reunido en diversas ocasiones a dentistas para ofrecerles plazas.
–¿Cuándo recibieron las llamadas?
–Nos enteremos a principio de mayo. Pero fue a partir de que una persona (Esteban) tuvo la valentía de decir lo que ocurría, le pedimos que acudiera a las instancias correspondientes y presentara una denuncia penal; así lo hizo. Sin embargo, muchos de los afectados que se presentaron ante el director jurídico (David Wong) para denunciar la defraudación, fueron a amedrentados por el funcionario, quien les dijo que los iba a demandar por cohecho.
–¿Cuántas personas fueron amenazadas?
–Por lo menos ocho. Pero hay más afectados de la Universidad Cuauhtémoc, de la UdeG y de una escuela de podólogos.
De acuerdo con los testimonios recabados por el sindicato que encabeza Carlos Ortiz, Roberto Guzmán pedía 30 mil pesos a quien quisiera una plaza en el IMSS o en el Hospitalito; si querían las dos, la tarifa era de 70 mil pesos. El propio funcionario llenaba los recibos con su “puño y letra, algunos inclusive traen el sello del propio OPD”, indica Ortiz.
De acuerdo con los testimonios, los interesados, alrededor de 50, entregaron el dinero a Roberto Guzmán en sus propias oficinas. El funcionario les explicaba que “tenía influencias y conectes”. Por ello, dice Ortiz, los defraudados tienen que reclamar a la autoridad.
–¿No es suficiente con que renuncie Roberto Guzmán, o sí?
–Como que eso lo tiene que determinar la ciudadanía y las autoridades respectivas; nosotros sólo denunciamos que hay corrupción. l
