La construcción del Centro Universitario de la UdeG sobre un terreno donado por el ayuntamiento de Tonalá enreda cada vez más a la administración de Antonio Mateos Nuño. A la irregularidad del predio ubicado en el ejido de San José Tateposco se suma el manejo dudoso de los fondos asignados a la obra, de los que ni el tesorero local ni la mayoría de regidores tienen información precisa. Y mientras deliberan sobre el asunto, la empresa Concrest, S.A. de C.V. comenzó a levantar un muro perimetral, aun sin que la UdeG haya tramitado el permiso correspondiente.
La construcción del nuevo Centro Universitario de Tonalá naufraga en medio de irregularidades: la obra, que se localiza en una zona federal, no sólo carece de los permisos correspondientes; además, las dudas sobre el manejo de los recursos invertidos por la administración de Antonio Mateos Nuño ensombrecen cada vez más el proyecto de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El pasado 16 de diciembre, en su primer informe de gobierno, el alcalde tonalteca mencionó que su administración contrató un crédito por 250 millones de pesos con HSBC y señaló que 115 se invertirían en la compra de un terreno ubicado a la altura del libramiento de la carretera Guadalajara-Chapala, entre las presas El Cajón y Las Rusias Negras, a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para levantar la obra.
Lo que no dijo Mateos Nuño es que semanas antes, el 19 de noviembre, firmó un contrato con fiduciaria Dextra de Occidente, S.A. de C.V. en el que estipuló que el ayuntamiento destinaría 143 millones de pesos para indemnizar al ejido San José Tateposco por las poco más de 61 hectáreas que le serían expropiadas pero de las que aún no existen documentos.
Además, al contratar el crédito Mateos Nuño endeudó el municipio por 15 años con el argumento de que generaría “un verdadero desarrollo educativo, económico, social y cultural” para beneficio de la comunidad. La UdeG, por su parte, acordó que el Centro Universitario ocupara sólo 10 de las 61 hectáreas. Según el plan, en el resto de la superficie habrá espacios para el turismo y actividades culturales; se construirán también centros comerciales y conjuntos habitacionales (Proceso Jalisco 320).
El tesorero municipal, Luis Ramón Esparza Sezate, comenta a su vez que el ayuntamiento ya entregó 115 millones de pesos de indemnización a la mayoría de los ejidatarios afectados. Y cuando la reportera le pregunta cuánto costará el terreno, el funcionario dice que eso se sabrá cuando termine el proceso de expropiación. Lo único cierto, insiste, es que el ayuntamiento dispone de 143 millones de pesos.
–Pero se informó que el terreno costaría 115 millones de pesos, ¿por qué pagar más? –se le pregunta al tesorero.
–Eso lo tendría que resolver el síndico; yo no intervine en las negociaciones…
–De acuerdo con las cuentas en el fideicomiso quedan más de 25 millones de pesos?
–En este momento no te podría decir la cantidad con precisión.
–¿Puede proporcionar copia de los estados de cuenta?
–Sí, como no. Nada más que, para soportar el proceso administrativo, me lo tendrías que solicitar por escrito.
–En el contrato se autoriza al fiduciario a invertir en valores, ¿se hizo así?
–No, claro que no. Simplemente se invirtió en plazos y en inversiones seguras para no arriesgar el capital.
–¿Cuántos intereses se generaron?
–No tengo la cifra a la mano.
U aun cuando en el “contrato de fideicomiso de administración y pago” firmado por el municipio con la recientemente creada fiduciaria Dextra de Occidente se menciona que ésta se encargará de la adquisición de los terrenos y de indemnizar a los ejidatarios, así como de contratar a un tercero especializado para supervisar el proyecto del Centro Universitario, así como de su ejecución y construcción, el tesorero lo niega.
Según él, Dextra de Occidente sólo se encargará de administrar los recursos. “Del proyecto ejecutivo no sé nada –comenta–, porque creo que lo debe realizar la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, se generaron algunos gastos (por trabajos) de topografía, de medición, asesorías jurídicas, notariales, pero eso no tiene que ver con el proyecto ejecutivo”.
–Si le entregaron a Dextra 143 millones de pesos para pagar a los ejidatarios, ¿por qué fue el ayuntamiento el que emitió los cheques?
–Por los problemas que se suscitaron al vernos impedidos de encontrar al legal dueño del título de la parcela. Había muchas inconsistencias porque muchas personas ya habían fallecido, no se tenía el trámite relativo en el Registro Nacional Agrario y otras personas peleaban el mismo derecho.
Esparza dice que Dextra depositó las cantidades que le solicitaba el ayuntamiento para hacer los pagos de manera rápida y directa a los ejidatarios que cumplieron con los requisitos que marcaron el departamento jurídico y la sindicatura.
Aclara también que aún hay pagos pendientes porque no se han cubierto los derechos; otros ejidatarios se inconformaron, e incluso presentaron un amparo, lo cual impide la entrega de indemnizaciones. Esperamos que el asunto se resuelva, comenta el tesorero.
De acuerdo con el contrato, Dextra recibió 250 mil pesos “por estudio, elaboración y aceptación del contrato” y se embolsará 75 mil pesos mientras esté vigente.
No obstante, como surgieron inconvenientes legales en la compra de las 61 hectáreas donde se proyecta la construcción del centro, no recibió ninguna retribución y se está negociando su finiquito, asegura Esparza. Pero la negociación contradice el contrato, el cual menciona que la fiduciaria recibirá 25 mil pesos cuando se extinga el convenio.
El tesorero indica que cuando se termine de liquidar a los ejidatarios, el fideicomiso desaparecerá, lo que contraviene el convenio, según el cual Dextra tendría que desaparecer hasta que se termine la construcción de la obra y se entregue formalmente a la UdeG.
Por su parte, la regidora panista Sahara Italia Flores Orozco considera que el fideicomiso que se acordó con Dextra es ilegal, pues no se aprobó en sesión de cabildo. Recuerda incluso que el síndico Oswaldo Bañales Orozco argumenta que en el acuerdo número 282 de la sesión del 27 de julio de 2010 se autorizó la contratación del crédito por 250 millones de pesos y la conformación del fideicomiso.
“Uno de los requisitos para obtener el crédito es tener un fideicomiso con la misma institución fiduciaria, en este caso HSBC, de ahí se quiere amparar el síndico para decir que sí se aprobó, pero son dos cosas diferentes. El otro fideicomiso es de una empresa particular”, refuta la regidora.
Esparza insiste que en ese acuerdo sí se habla de la apertura del fideicomiso, aunque acepta que no se determinó “el monto para cada concepto. Los puntos sólo “son enunciativos –comenta–, no limitativos”. En esas circunstancias está el acuerdo de cabildo.
Para aclarar el destino de los recursos, el pasado 19 de mayo los regidores del PAN, así como el petista Mayo Ramírez y el ecologista Víctor Miguel Solís presentaron un punto de acuerdo al Congreso local para solicitar que la Auditoría Superior del estado realice “una auditoría extraordinaria y urgente al proceso de adquisición del predio para la Universidad de Guadalajara”. La propuesta fue rechazada.
Flores Orozco lamenta que en el ayuntamiento los recursos se administren de manera inadecuada. Recuerda que a mediados del año pasado el presidente del ejido de Tonalá, Felipe Jarero, ofreció al alcalde un terreno de mayor superficie y de menor precio para levantar el Centro Universitario, pero él no aceptó.
Una empresa singular
De acuerdo con la escritura pública 15,687, Dextra se constituyó el 15 de diciembre de 2009 –siete días hábiles antes de que el presidente municipal, Antonio Mateos Nuño asumiera el cargo– y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad (RPP) el 26 de febrero siguiente –folio mercantil 52735–.
Entre sus socios fundadores destacan Alonso Vega Orozco, Armando Casarín y Soto y Roberto Efraín García Andrade; en tanto que José Miguel Preciado Gómez y Marco Antonio Carrillo Velasco firmaron en calidad de comisarios.
Sin embargo, en otra escritura –la 19,878–, expedida un año después, el 6 de diciembre último, se lee que Dextra Holding, S.A. de C.V. se constituyó el 1 de octubre de 2010 y quedó inscrita en el RPP el 1 de diciembre del mismo año. Su objeto social es “adquirir, poseer, detentar, gravar, afectar, vender (…) certificados y/o derechos fiduciarios y/o fideicomisarios, partes sociales, acciones o cualquier otro título de crédito”.
Según el documento, sus socios son José Miguel Preciado Gómez y Juan Gilberto Gómez Ríos. Este último fue representante de la compañía Índice Doze Abogados, S.C., que fungió como intermediaria en la negociación de un crédito que por 400 millones de pesos hizo el anterior presidente municipal de Tonalá, Jorge Vizcarra.
En su edición del 19 de enero pasado, el diario Público informó que Índice Doze no aparece en el RPP y además se le acusa de cobrar seis veces más caro por sus servicios de gestión y reestructuración de deuda en comparación con lo que cobró a las autoridades de Zapotlán el Grande por una gestión similar.
El diario señala que el domicilio legal de la sociedad civil en Guadalajara –Lago de Pátzcuaro 788, colonia Ladrón de Guevara– no existe. Sin embargo, según Público, en el acta constitutiva de Dextra Holding Gómez Ríos volvió a proporcionar ese domicilio falso.
–¿Por qué eligieron a Dextra, si es de reciente creación? –se le pregunta al tesorero Luis Ramón Esparza Sezate.
–Conocimos a los funcionarios, nos expusieron el proceso en cuanto a tiempo y acciones y convencieron al jurídico, la tesorería, la sindicatura y la contraloría. Vimos otras empresas, como HSBC, pero era más complicado.
Terceros perjudicados
La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Las Rusias Negras S.C. –tercera afectada con la construcción– entregó un oficio y otros “documentales públicos” al rector de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado, el 23 de febrero pasado. En ellos le advierten que gran parte de la superficie que adquirió el ayuntamiento de Tonalá “se encuentra en zona federal”.
El propósito que los mueve, dicen, es evitar que se ponga en riesgo la edificación del Centro Universitario que ya costó por lo menos 115 millones de pesos al municipio.
Además, su representante, Raymundo Franco Pajarito, comenta que en el levantamiento topográfico del polígono de afectación realizado por la Dirección de Obras Públicas en junio de 2010, según el cual en la base para la adquisición del predio, “se observa que la superficie que ocupara el Centro Universitario de 61-45-11 hectáreas se encuentra ubicada entre la superficie de la citadas presas y como se constata con la información obtenida del Registro Agrario”.
En su escrito subrayan los cooperativistas que los vasos lacustres son propiedad de la nación, “no de los ejidatarios, quienes la vendieron con la figura de tierras de uso común, pues la mencionada propiedad es federal y por lo tanto es imprescriptible e inalienable hasta para el ayuntamiento de Tonalá”.
Insisten en que la zona es federal. Muestran incluso su permiso de “pesca comercial para embarcaciones menores” número 31404399813, expedido el 3 de noviembre de 2003 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para la actividad de producción y consumo pesquero dentro de ambas presas.
Para ellos, la Sagarpa “es una dependencia federal y es la única que puede expedir permisos de pesca dentro de embalses de competencia federal, complementando con su actuar lo establecido en el artículo 27 de la Constitución General de la República”, según el cual el mar, lagos, lagunas, esteros y presas son propiedad de la nación.
Los 19 productores de la cooperativa dicen que el ayuntamiento no los toma en cuenta y se quejan porque los 600 kilos de tilapia y carpa que pescaban cada mes en la presa Las Rusias disminuyó.
En su escrito de febrero propusieron la creación de una comisión especial se aboque a investigar la situación jurídica de la zona donde se construiría el Centro Universitario. En ese órgano habría servidores de la administración de Mateos Nuño y de todas las partes involucradas. Y aun cuando la propuesta fue aprobada desde entonces, el síndico decidió que su primera reunión sería el lunes 27.
Construcción sin permiso
En un recorrido por la zona en la que se edificará el nuevo Centro Universitario, Proceso Jalisco observó que se está levantando un muro perimetral, aun cuando las fuentes consultadas aseguran que la UdeG no ha tramitado ningún permiso.
La empresa encargada de la obra es Concrest, S.A. de C.V., según el contrato CGADM/CC-1090/2010 firmado con la UdeG. El monto es de 2 millones 495 mil 676 pesos que amparan la “delimitación con malla, reja y muro de terreno en Tonalá”.
Para el inicio de la obra, Concrest recibió el 12 de enero último 50% del importe total, según la factura 509. Y aun cuando los vecinos relatan que la barda comenzó a construirse por esas fechas, tanto el alcalde como el síndico declararon en la sesión de cabildo del 19 de mayo pasado que la construcción iniciaría a más tardar en julio, pese los litigios aun en curso.
El director Jurídico de Tonalá, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, dijo el 26 de mayo que los trabajos se iniciaron desde hace un mes o mes y medio. Declaró incluso que las primeras bardas van a ser límite perimetral del Centro Universitario. l
