El arquitecto Sergio Zaldívar reacciona con este texto ante los problemas que mantienen hoy en un estado crítico a la Capilla de la Inmaculada Concepción, mejor conocida por La Conchita, según se desprende de un reportaje publicado hace dos semanas en estas páginas. Su larga trayectoria en la restauración, que incluyó los cuidados para evitar el hundimiento de la Catedral Metropolitana y la nivelación del Palacio Nacional, permite al especialista describir concretamente a qué obedece esa mentalidad distorsionada de los funcionarios y políticos ante el sentido del Patrimonio cultural del país.
En el revuelto y lamentable panorama por el que nuestro país transita –o con mayor propiedad, diremos, es arrastrado y sacudido–, pocos funcionarios y políticos consideran importante la triste noticia que la reportera Judith Amador nos da sobre el peligro en que se encuentra La Conchita de Coyoacán. Esa es parte de la tragedia, nuestra educación ha sido tan deplorable que el Patrimonio en el que deberíamos reconocer nuestra pertenencia a una sociedad, a una cultura y a una nación válidas, no llega a ser considerado más que como un montón de lentejuelas y simpáticas curiosidades.
El Patrimonio construido y su conservación es piedra angular de todo proyecto de nación, pero nuestro poder legislativo, cuyo afán prioritario parece ser el autopublicitarse mediante spots de estulticia supina a nuestra costa, está muy lejos de entender el valor y la importancia de una buena gestión del Patrimonio. Sabemos que la Comisión de Cultura es de las menos relevantes en ambas cámaras.
Es natural, pues, que de los funcionarios y oficinas públicas se desprendan errores conceptuales y aberraciones que confunden al ciudadano, dando lugar a protestas e inconformidades originadas en hechos y situaciones reales pero preñadas de inocencias y contradicciones. Se clama y reclama la intervención de la autoridad pero no se tiene claro a cuál de todas acudir, ni ellas mismas acaban de visualizar el rango de sus competencias y responsabilidades en estas pestilentes aguas pudendas de la administración pública: INBA, INAH, Seduvi, Delegación, Conaculta, Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), etc.
Desde luego, tampoco debe aceptarse que una pugna ideológica entre conservacionistas y modernistas sea la causa de la destrucción del Patrimonio. Primero, porque los argumentos carecen de ideología alguna. Llegado a este punto, es necesario dejar como premisa que la conservación del Patrimonio construido es la tarea mas distintiva del urbanismo contemporáneo –aceptemos llamarlo moderno y posmoderno– y que no hay posición más retrógrada que la de algunos gobernantes y autoridades que, presas de una ignorancia propia de otros tiempos, creen y sostienen que el “progreso” consiste en destruirlo, remontándose al desarrollismo de cincuenta años atrás, cuando se creía imperativo hacer camellones con luz fluorescente y concreto.
Pero hoy en día no puede argüirse esa ignorancia; podríamos, en cambio, llamarle un caso más de prevaricación, en tanto que, consciente de las responsabilidades que le han sido confiadas, el funcionario público las rehuye y aun omite su cumplimiento, dando lugar a un vacío de autoridad que es caldo de cultivo para el abandono, la incuria y la destrucción final del bien que por ley estaría obligado a proteger. No es concebible que un funcionario de planeación, desarrollo urbano u obras públicas dicte medidas que dañan al Patrimonio sólo porque el tema “a él no le concierne”; de cualquier forma, tiene obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, aunque ya vimos que en el caso de La Conchita bien a bien no se sabe “quién es la autoridad competente”. ¿Será Foremoba? No, Foremoba (Fondo para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos) es una entelequia creada por Sari Bermudez –entonces “ínclita” presidenta de Conacaulta– en contubernio con la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, a fin de que una gentil persona tuviera pretexto para entretenerse cobrando emolumentos y, sobre todo, para que esa Dirección tuviera menos trabajo.
Algunos amigos recriminaron mi desacuerdo al nombramiento de Xavier Cortés como director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, pero mi inconformidad obedecía a la certeza de que él jamás se había ocupado de este tema, pues su práctica como urbanista y docente estuvo siempre alejada de la restauración, materia que nunca fue objeto de su interés, si bien años mas tarde la investidura del cargo y su largo transitar por los vericuetos de la política universitaria, le permitieron obtener –“fast track”– el doctorado en Restauración, de un jurado constituido por colaboradores y amigos.
El arquitecto Cortés Rocha, miembro distinguido en el gremio de los arquitectos, fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y como tal estuvo en una terna para la Rectoría, a la que resultó electo el doctor Barnés, cuyo espíritu abierto y gentil lo llevó a designar a sus alternantes como sus más cercanos colaboradores, y así Xavier fue nombrado Secretario General. Lo demás se sabe: vino la huelga que duró 10 meses, Xavier duró once como secretario, sólo uno estuvo en su oficina. El Mosh –usted se acuerda– día y noche hizo, deshizo y dijo en todas las tribunas. No recuerdo de aquellos muchos meses una réplica, una palabra que desde su peculiar prosopopeya hubiera pronunciado el Secretario General de nuestra máxima Casa de Estudios, el Mosh le pasó por arriba… lo cual no es óbice para que el arquitecto Cortés Rocha goce de los generosos beneficios que la UNAM brinda en forma vitalicia a sus altos directivos. Después de aquella aventura en la política universitaria, Xavier Cortés se diluyó hasta que Sari Bermudez lo nombró director general de Sitios y Monumentos, nunca se entendió por qué. Era el tiempo en que Guido dell Sasso –esposo de la presidenta de Conaculta– ofertaba, por internet, entrevistas con Fox.
Enarbolando las disposiciones de ley, Sergio Zaldívar –quien esto escribe– siempre sostuvo e hizo valer que la conservación de los edificios de propiedad federal de carácter histórico, fundamentalmente los templos destinados al culto público, eran competencia de la DGSMPC. Con el apoyo de la Presidencia de la República, fue encargada de las obras de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, la Basílica de Guadalupe, el ex Arzobispado y cantidad de edificios a lo ancho y largo del país, con loables esfuerzos y satisfacción del escaso personal, pues había entusiasmo por ese hacer, nos era grato. El INAH se sintió marginado.
No era tal, el INAH es un organismo de carácter académico que debe investigar, desarrollar conocimiento e incrementar el acervo de experiencias que en distintos campos se obtengan, a quien la ley le señala obligaciones y competencias de primer orden, más allá del afán de pretender la dirección de las obras de ejecución y administración, si bien puede dirigir los objetivos y la finalidad cultural del bien. La restauración de monumentos es una tarea de obra pública que debe contar con el apoyo y consejo –dice la ley– del INAH, pero éste no tiene que andar perdiendo tiempo en concursos, presupuestos, contratos, precios unitarios, albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, etc. La gama de especialidades y tecnologías que concurrieron a la obra de catedral lo hizo evidente. Esto, en fin, requiere colaboración y criterio, que no suelen darse.
Ello tiene mucho que ver con La Conchita. Ante el panorama de responsabilidades de la Dirección General de Sitios y Monumentos (15,000 o 20,000 iglesias monumento, un acervo de pintura y escultura, libros de coro y objetos litúrgicos a ellos asociados, edificios públicos y obras artísticas e históricas que adornan oficinas de altos funcionarios y se pierden cada seis años) y el bajo presupuesto, Xavier Cortés encontró una manera de hacerlo más llevadero y de paso terminar con la vieja disputa institucional. Abrumado ante lo que poco le interesaba –¿renunció a su docencia de tiempo completo en la UNAM, durante el periodo de su encargo en Conaculta?– optó por entregar las obras al INAH y supeditó su autoridad a la de ese instituto para que éste le dijera qué hacer cuando así lo considerara pertinente. De ahí entonces que el INAH haya ampliado el rango de sus intervenciones, aun en los bienes de propiedad federal, y ande haciendo cositas por aquí y cositas por allá, sobre todo las que sean o se conviertan en museos. En franca declinación de sus atribuciones y responsabilidades, la DGSMPC ha dejado de ser, aun cuando sus funcionarios siguen cobrando muy altos emolumentos, su director general –que, desde luego, pocos saben quién es– tiene percepciones mensuales del orden de cien mil pesos, haciendo que hacen pero sin realmente hacer nada “porque no hay dinero”.
Desde luego, ningún funcionario de la DGSMPC ha alzado la voz para decir que es ésta la entidad directamente responsable de la conservación de La Conchita. El INAH, por su parte, se percata de que La Conchita está en el centro mismo de Coyoacán y, por lo tanto, ofrece grandes posibilidades de obtener reconocimiento y gratitud de la comunidad sapiente y culta de esa delegación.
Seguirá la confusión; y a río revuelto, ganancia de pescadores. En fin, de denuncia en denuncia y a falta de tareas rutinarias algo se salvará, ojalá no sea tarde para La Conchita.
