Alerta roja en el norte de Jalisco

El jefe de la Policía Rural de Jalisco admite que Los Zetas se asentaron desde hace tres años en la región norte de la entidad, donde hoy se enfrentan a sicarios de su misma organización avecindados en Zacatecas, como ocurrió la semana antepasada. Lo que llama la atención es el sofisticado arsenal utilizado en esa refriega, así como la tanqueta blindada. Ante ese poder de los grupos delincuenciales, el investigador Jorge Enrique Rochaz dice que después de los 40 mil muertos en la guerra contra el narco, es tiempo de que el gobierno cambie de estrategia y abra el diálogo con la sociedad civil.

 

La incursión de bandas del crimen organizado ligadas a Los Zetas y el enfrentamiento suscitado entre la tarde del viernes 20 y las primeras horas del sábado 21 entre sicarios de ese grupo y miembros de la Federación de Cárteles Unidos prendieron la alerta roja en la región norte del estado.

En la refriega que se inició en Zacatecas y terminó en Santa María de los Ángeles, Jalisco, murieron 18 gatilleros; 13 de ellos en la entidad vecina. En Zacatecas, el procurador estatal, Arturo Nahle García, informó que se decomisaron seis vehículos blindados y cinco de lujo. En Jalisco, las autoridades capturaron a varios de los implicados y aseguraron una tanqueta hechiza denominada Monstruo zeta.

En territorio jalisciense, el jefe de la Policía Rural, Rogelio Andrade, comentó que la trifulca se derivó de un pleito en el interior del cártel de Los Zetas: “Los que están asentados en los municipios de Florencia y El Teúl tienen diferencias contra los que radican en los municipios zacatecanos de Fresnillo y Jerez”.

Y aun cuando las autoridades comentan que el operativo fue exitoso gracias a la coordinación entre policías estatales y municipales, el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jorge Enrique Rocha, considera que por las armas y el vehículo blindado, evidencian la gran “capacidad de fuego” de los criminales que utilizan territorio jalisciense como refugio.

A ello se debe, entre otros factores, que la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP) desplegara a un grupo de uniformados en la frontera con Zacatecas para impedir el acceso de maleantes a la entidad.

Rocha insiste en que la balacera del viernes 20 y la magnitud del enfrentamiento entre los propios delincuentes es una muestra irrefutable de que, lejos de desvanecerse, desaparecer o debilitarse, el poder de esos grupos se ha incrementado de manera notable.

Asegura que la tanqueta blindada y el arsenal decomisado a los delincuentes son prueba irrefutable de la falla en la estrategia del presidente Felipe Calderón y de los gobiernos estatales contra las bandas del narcotráfico. 

El investigador asegura que muchas entidades del país, incluido Jalisco, son virtuales territorios en disputa. De ahí que la guerra contra el narco esté dejando un alto costo social, al tiempo que exhibe las graves fallas en estrategia gubernamental contra el crimen organizado.

“Nadie dice que se debe dejar de combatir a los delincuentes. En lo que sí tenemos diferencias es en la estrategia que siguen las autoridades. Lo primordial es recomponer el tejido social, combatir el lavado de dinero y aceptar el cambio de estrategias. Después de más de 40 mil muertos, es necesario escuchar los reclamos y abrir el diálogo con la sociedad civil”, dice Rocha.

Dice estar sorprendido por la “forma inédita” en que los sicarios usaron la tanqueta blindada, similar a las que aparecieron en la cinta Mad Max, para enfrentar a los uniformados.

La tanqueta blindada 

 

El Monstruo zeta es una camioneta Ford modelo 2010 de tres toneladas. El automotor dispone de un blindaje compuesto por una gruesa capa de lámina de acero y doble rodada en la parte trasera. Sus flancos están acondicionados con 12 escotillas para igual número de tiradores.

La coraza permite a sus ocupantes soportar cualquier tipo de agresión armada. Y aun cuando las autoridades de Jalisco detectaron dos impactos de bala en el vehículo, su estructura estaba intacta. En su parte superior del Monstruo se encuentra un dispositivo móvil tipo tanqueta que puede girar 360 grados, lo que le facilita al tirador apuntar y disparar en cualquier dirección.

Tiene un motor de ocho cilindros y su capacidad de desplazamiento va de 110 a 120 kilómetros por hora. En condiciones normales, reconoce una camioneta de tres toneladas puede alcanzar una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora. 

El diseño del Monstruo representa un avance en el desarrollo de ese tipo de artefactos blindados. Un camión similar fue decomisado el año pasado en Tamaulipas pero, según las autoridades apenas lograba un avance de 40 kilómetros por hora. 

Rogelio Andrade asegura que una de las desventajas de la tanqueta confiscada es que carece de ventilación, lo que provoca un sobrecalentamiento en el motor, situación que obligó a los sicarios a abandonarla.

El lunes 23, el Monstruo zeta quedó a disposición del Ministerio Público federal. Lo mismo sucedió con el arsenal decomisado y con dos de los detenidos, los hermanos Osvaldo y Laura Alicia Domínguez Galaviz, originarios de la comunidad de Tepec, en el municipio de Bolaños.

De acuerdo con el reporte de los agentes estatales, a Osvaldo se le ubicó desde un helicóptero de la corporación, en el crucero de Miguelón, municipio de Bolaños, justo cuando trataba de enterrar nueve rifles de asalto, una granada ofensiva MK2, cuatro cargadores para calibre AR-15, 34 cargadores para calibre AK-47, cuatro fornituras, dos chalecos tácticos y una cantidad no cuantificada de cartuchos de diversos calibres.

A su hermana Laura Alicia, enfermera de profesión, se le señala por haber ayudado a escapar a varios de los zetas hacia Mezquitic.

Las autoridades estatales consideran que los hermanos Domínguez Galaviz son sobrinos de Refugio Macías Romero, presunto líder de una célula criminal en Fresnillo. A él se le acusa de falsificación de documentos, uso indebido de sellos y gomas, así como por cohecho. 

Asimismo, informaron que el padre de los detenidos, Miguel Domínguez Olivares, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma de fuego; comentan que incluso estuvo recluido en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande. Otro hermano de los detenidos, Gustavo Domínguez, fue aprehendido en 2006 en Los Amoles, municipio de Bolaños. Se le acusó de portación de arma de fuego.

Las refriegas

 

La balacera se inició la tarde del viernes 20 en el poblado de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas. El primer enfrentamiento murieron 13 personas. Los agentes locales alertaron a sus vecinos de Jalisco que un grupo de sicarios se dirigían hacia la zona norte de la entidad, por lo que efectivos de la SSP y agentes municipales montaron un operativo conjunto para impedirles el paso.

En medio de la fuerte movilización policiaca, un grupo armado logró penetrar a la comunidad de San Juan de los Potreros, en Chimaltitán, donde los agentes municipales estuvieron a punto de interceptarlos. Lograron huir hacia Mezquitic, bloqueando la carretera con su camión blindado. Ahí, se enfrentaron a policías del municipio. El saldo fue de cinco pistoleros muertos.

Hubo un segundo encuentro en Santa María de los Ángeles, donde tres gendarmes resultaron heridos. El jefe de la Policía Rural, Rogelio Andrade, afirma Los Zetas se avecindaron en la zona norte de la entidad desde hace tres año. Según el jefe policiaco, también tienen presencia en parte de Los Altos y en la región limítrofe con Nayarit.

Andrade sostiene que ese grupo criminal es el que más bajas ha causado a la SSP, aunque, dice, también ha sufrido fuertes golpes.

El escalamiento de la violencia en la región es resultado de los reacomodamientos de las bandas criminales que buscan controlar toda la parte occidental del país para el trasiego de drogas.

Ante la inseguridad, las escuelas de la zona decidieron suspender clases, lo que afectó a alrededor de 13 mil estudiantes, así como la prueba Enlace de la SEP.

El jueves 26, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) informó que había 12 detenidos, nueve de los cuales fueron identificados como sicarios y halcones al servicio de Los Zetas, por lo que permanecen bajo arraigo.

Agresión en la sierra

 

Hombres armados que montaron un falso retén le dispararon a la camioneta en la que viajaba el religioso José de Jesús González Hernández, obispo de la Prelatura del Nayar, en la región huichola, comprendida entre Jalisco, Nayarit y Zacatecas, que es jurisdicción de la provincia eclesiástica de Guadalajara.

El atentado se realizó al mediodía del jueves 12, en el tramo carretero  que va de Huajicori a Acaponeta, Nayarit, adonde los religiosos se dirigían para una visita pastoral.

En el vehículo, conducido por el franciscano José Luis Gómez, párroco de Huajicori, quien también se desempeña como vicario pastoral, viajaba una persona más. 

Testigos consultados por este semanario afirman que los pistoleros hicieron señales para que detuvieran la camioneta, pero los tripulantes no se dieron cuenta de nada hasta que el vehículo recibió los balazos de alto calibre. 

Entre insultos, los pistoleros les ordenaron que bajaran con las manos levantadas, y aunque al percatarse de que eran ministros de culto los dejaron en libertad y hasta se disculparon, les advirtieron claramente que no debían denunciar la agresión ante la policía.

Este hecho se enmarca en la ola de violencia que padece esta región serrana. 

Fuentes cercanas a la arquidiócesis tapatía confirmaron la agresión al obispo. Informan que el prelado José de Jesús González se lo comunicó a autoridades eclesiales como la Nunciatura Apostólica, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quienes le recomendaron que no diera a conocer el hecho a los medios de comunicación.

José de Jesús González Hernández, franciscano originario de Ezatlán, Jalisco, cumplió un año como obispo de El Nayar en febrero pasado. Anteriormente fue misionero en Mozambique, África, durante cinco años. 

El silencio de la Iglesia católica al respecto es absoluto. Ni siquiera en el Centro Católico Multimedial (www.ccm.org.mx), en el cual se documentan otras agresiones a sacerdotes, se menciona el caso de González Hernández. El último que registra el Informe de Ataques a templos sagrados es el que se perpetró hace poco más de un año contra la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de la capital de Nayarit. 

En el mencionado sitio electrónico se dice que agentes federales irrumpieron en el recinto religioso cuando se oficiaba una misa de cuerpo presente para dos personas ejecutadas. “El operativo provocó pánico entre los fieles que se encontraban en el acto religioso; más tarde, la Procuraduría General de Justicia de Nayarit informó que personal de la Unidad de Combate al Narcomenudeo y Ejército buscaban a un presunto vendedor de droga”, se afirma.

El 5 de febrero pasado, el diario Zócalo publicó que el obispo Alonso Garza Treviño fue amagado por presuntos zetas cuando viajaba por la carretera ribereña hacia Piedras Negras. El jerarca católico reveló que los agresores decidieron dejarlo con vida cuando se dieron cuenta de su investidura religiosa. 

Después del grave incidente, Garza Treviño declaró: “Doy gracias a Dios por haber tenido esta amarga experiencia de ser amagado en una carretera de la región, porque de esta manera conozco los sucesos que vive mi pueblo y mi diócesis”.

Dos días después el obispo de Saltillo, Raúl Vera, declaró al mismo periódico que él incluso ha sufrido extorsiones del crimen organizado: “Nadie en este país está protegido, nadie; todos estamos expuestos a ser víctimas de lo que se les ocurre a quienes quieren sacar dinero fácil. Este país está abierto a toda impunidad. Sé del peligro en las diócesis de Nuevo León y Matamoros; sé todos los riesgos que hay en la Ribereña, es una de las zonas que están vedadas”.

El Centro de Comunicación Multimedial publicó recientemente, en un documento titulado Creciente agresión contra sacerdotes en México, que desde 2006 se han registrado 13 asesinatos de curas, y que el año pasado más de mil sacerdotes fueron víctimas de intento de extorsión y cerca de 162 fueron amenazados de muerte.

Las entidades con más delitos contra sacerdotes son el Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Aguascalientes, Coahuila y Puebla (Proceso 1798). (Con información de Víctor M. López.)  l