A pesar del repentino incremento de los asaltos a bancos (de entre dos y cinco en años anteriores, a 56 en lo que va de 2011), éstos se niegan a invertir en vigilancia y no quieren pagar el servicio al municipio ni al estado. Por eso Aristóteles Sandoval les retiró a los agentes tapatíos mientras entra en vigor un nuevo reglamento, pero ahora son los usuarios quienes se exponen al mayor peligro.
Con tal de ahorrarse gastos operativos, la mayor parte de las sucursales bancarias carece de medidas de seguridad básicas, como puertas giratorias o dobles, cajas blindadas, detectores de metales, cámaras y vigilancia propia, por lo que son fáciles de atracar.
Por eso, tras el retiro de los policías municipales que custodiaban los bancos, la zona metropolitana, y en particular Guadalajara, se ha convertido en un paraíso para los asaltantes de bancos. A punto de cerrar esta edición, se consumaron dos atracos más, para sumar 56 en lo que va de 2011, 39 de ellos en el municipio tapatío, con un botín de 2 millones de pesos.
Un caso ilustrativo fue el robo de un cajero automático del centro histórico de Jocotepec, la madrugada del 9 de marzo. Una banda cortó las líneas telefónicas, cegó con pintura en aerosol las cámaras de video de una sucursal de HSBC, bloqueó la avenida principal con un autobús y, con un soplete, violó la chapa de una puerta blindada.
Dante Haro Reyes, investigador de la Universidad de Guadalajara, destaca que, al cierre del primer cuatrimestre del año y en los primeros 10 días de mayo, el índice de asaltos bancarios sólo se puede comparar con el que registraban el estado y Guadalajara en los noventa, cuando se notó el repunte de ese tipo de delito al retirarse, también entonces, la vigilancia externa.
Desde principios de este año, el alcalde Jorge Aristóteles Sandoval retiró de las sucursales la vigilancia de la corporación municipal porque los banqueros no pagan. La misma medida adoptó hace 15 años César Coll, el primer panista que gobernó Guadalajara y quien propuso un reglamento al que debían ajustarse los propietarios de instituciones de crédito para brindar seguridad a sus clientes. A consecuencia de esto, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, promovió una controversia constitucional para conseguir que la fuerza pública volviera a custodiar las sucursales, con cargo a la sociedad.
Con la reaparición de la medida, el número de asaltos en la entidad supera con creces al del Distrito Federal, con cuatro veces más sucursales bancarias que Jalisco. Según datos proporcionados por Haro, en la capital del país se registraron 15 asaltos bancarios en el primer trimestre de 2011, a pesar de la mayor densidad de población y de la ubicación de más sucursales por kilómetro cuadrado y por barrio.
Aunque el desbordamiento de los asaltos a bancos también afecta la imagen de la policía de Guadalajara y de la administración de Aristóteles Sandoval, el director de Seguridad Pública de Guadalajara, Servando Sepúlveda Enríquez, afirma que el problema es menos grave de lo que se quiere ver y anuncia que pronto expedirán un nuevo reglamento para que las sucursales bancarias reestructuren sus esquemas de protección.
Para Haro Reyes, especialista en temas de seguridad, las estadísticas demuestran que más de 70% de los asaltos reportados se han cometido en bancos tapatíos. “Con estos hechos pierden el gobierno federal, el estatal y municipal, porque crece la percepción del ciudadano sobre el aumento de la inseguridad y da la idea de un presunto quebranto al estado de derecho, en donde los delincuentes gozan de impunidad”.
El analista asegura que, según los datos del Sistema Nacional de Investigación en Seguridad Pública, de 2006 a 2010 se reportó un aumento de 1,400% en los asaltos. Agrega que el Centro Nacional de Investigación indica que en el territorio nacional ese delito creció 208% en el mismo periodo. Haro aclara que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, lejos de coordinarse para atender el problema, optan por distorsionar la realidad maquillando las cifras.
Añade que en la entidad no se había visto tal incremento desde hace más de 10 años. En 2005 hubo cinco asaltos; en 2006, únicamente dos, y en 2007 subió a cinco, para alcanzar seis en 2008. “Esto que pasa ahora (los 56 asaltos bancarios) desborda el registro histórico”, enfatiza.
Sin embargo, apunta Haro, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) dice que hasta el 30 de abril pasado sólo tenía reporte de 43 asaltos bancarios en la entidad. El dato figura en el resumen de indicadores de desarrollo de Jalisco que se encuentra en la página en internet de la Secretaría de Planeación, que encabeza el exrector de la Universidad de Guadalajara Víctor González Romero.
El propio director de Seguridad de Guadalajara, Sepúlveda Enríquez, admite que el problema ha estado aumentando desde hace 11 meses, pero habla de 35 bancazos en la ciudad en este año hasta el pasado lunes 9. Resalta que ese delito se incrementó a mediados del año pasado, después de que los bancos retiraron su propia vigilancia y cuando la autoridad municipal suspendió el servicio en el exterior de las sucursales.
Sepúlveda explica que la medida municipal tiene como objetivo promover el nuevo reglamento para el funcionamiento de los bancos, ya que de las 385 sucursales que están en la ciudad al menos 50 incumplen la normatividad actual, especialmente las que operan en supermercados y en tiendas como Famsa y Elektra.
“Imagínese: nosotros en cada turno disponemos de 800 elementos; de ellos tendríamos que destinar 400 al cuidado de los bancos, cuando se trata de instituciones privadas”, expone.
Según cálculos extraoficiales, las 385 sucursales bancarias ubicadas en Guadalajara tendrían que destinar en conjunto casi 20 millones de pesos al año para pagar seguridad interna y reforzar sus esquemas de vigilancia.
El presidente del Centro Bancario de Jalisco, José Juan Suárez García, opina con cautela acerca de las nuevas disposiciones que promueve el ayuntamiento sobre la operación de los bancos. Para él, fue erróneo anunciar con bombo y platillos el retiro de la Policía Municipal de las sucursales, y no sabe cuándo sus afiliados podrán aplicar el reglamento anunciado. “Definitivamente, de inmediato no, implica una inversión que tenemos que evaluar. ¿Cómo amortizar y enfrentar ese gasto adicional?”, cuestiona.
Al respecto, el jefe policiaco municipal afirma que la autoridad tiene una buena relación con los banqueros y aclara que la respuesta al cuestionamiento de Suárez García depende de la resolución que tomen los representantes de los bancos a nivel nacional.
Detalla que el nuevo reglamento, a punto de aprobarse, estipula la obligación de los bancos de contratar agentes de seguridad privada para vigilar el interior de los establecimientos y exige la instalación de arcos detectores de metales.
Además, establece que se destinen líneas telefónicas sólo para reportar asaltos y se instalen sistemas automáticos de alarma, ya sea para siniestros o ante la amenaza de asalto. Asimismo se plantea la instalación de videocámaras que estén conectadas con la policía para seguridad de empleados y clientes, ya que actualmente el reporte de asalto tarda entre cinco y 20 minutos en llegar a la corporación municipal.
El director de Seguridad Pública dice que los establecimientos que incumplan estas disposiciones serán multados o incluso podrían ser clausurados.
Desconfianza
En el debate sobre esta situación se ha insinuado que Sepúlveda Enríquez puede tener un interés personal en que se apruebe el nuevo reglamento para los bancos, ya sea para beneficiar la operación de empresas de seguridad privada, entre ellas la suya –Centurión Alta Seguridad–, o bien para promover contratos a favor de algún familiar.
Al respecto, el funcionario aclara que Centurión no tiene autorización para brindar vigilancia con guardias armados, como se dice en la normatividad que promueve el ayuntamiento de Guadalajara.
De hecho, su empresa fue sancionada en diciembre de 2010 por improvisar a estudiantes de la Universidad de Guadalajara como policías privados durante la Feria Internacional del Libro, a la que da servicio anualmente.
El director de Seguridad Pública del estado, Alejandro Solorio, declaró entonces que la clausura temporal de Centurión obedeció a que en una auditoría de la Dirección de Servicios Privados de Seguridad se detectó que le faltaban algunos documentos para amparar su funcionamiento legal.
El primer intento por obligar a los bancos a contratar servicios de vigilancia interna ocurrió en 1977, durante la administración de César Coll Carabias. En ese año retiró a los policías de los bancos, pero la medida duró poco tiempo debido a la mencionada controversia de Zedillo y a que el gobierno del panista Cárdenas Jiménez también acudió al rescate y les puso policías estatales.
El miércoles 4 de mayo, la Comisión de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento solicitó por escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se inspeccionen rigurosamente las 385 sucursales en la ciudad.
Sepúlveda argumenta que existe la sensación general de que es muy fácil robar un banco, por lo que, pese a la buena disposición de los representantes de los bancos, se debe hacer un esfuerzo adicional para reducir los asaltos. “El último joven (asaltante) que detuvimos nos dijo que como llegó, presentó una notita y le dieron el dinero, después siguió haciéndolo”.
Recalca que la intención de la autoridad municipal es que los bancos cuenten con su propia seguridad: “Les hemos recomendado que se pongan de acuerdo con una institución privada que les pueda dar el servicio de vigilancia privada, pero armada. La opción que les hemos dado es que nosotros haríamos el esfuerzo para ofrecer el servicio con personal de descanso”.
En la mayoría de los atracos, dice, el monto robado es ínfimo: “Hemos detectado robos de 2 mil o 5 mil pesos”, por lo que en Guadalajara la cantidad total de las pérdidas por este delito no debe superar el medio millón de pesos, aunque admite que Seguridad y Protección Bancaria (Seproban), organismo de la Asociación de Bancos de México, asevera que esta suma podría ascender a 1 millón 422 mil pesos.
Aún más, acepta que el retiro de la vigilancia externa propicia el aumento de los asaltos y afecta la imagen de la autoridad municipal: “Ello está repercutiendo y desgraciadamente es un costo que estamos pagando… pero habría un mayor costo en la falta de atención a la ciudadanía y en otro tipo de ilícitos que (ahora) estamos atacando”.
El investigador Dante Haro sostiene que el auge de este delito obliga a banqueros y autoridades a colaborar como no lo han hecho. Sobre la seguridad en los bancos “debe entenderse que es un ámbito privado y corresponde a la empresa brindarla para proteger a los cuentahabientes y a sus trabajadores”.
Considera que sí falta revisar los sistemas de resguardo interno de las sucursales: “Hay que ver si tienen arcos detectores de metal, si existen las dobles puertas de seguridad, los sistemas de videocámaras. Lo primero que se descubre es que muchos bancos no cumplen con eso, y uno se pregunta si ello no obedece, quizás, a la búsqueda del beneficio del seguro con que cuenta cada banco. Es la gran duda: ¿por qué las instituciones no se están protegiendo?”.
También cuestiona: “Si una persona paga impuestos, entonces tiene que dotársele de protección para sentirse libre de todo daño, de riesgo o de peligro en sus movimientos dentro de la colectividad, y eso es tarea exclusiva de la federación, de los estados y de los municipios, como lo marca el artículo 21 constitucional. Pero en los alrededores de los bancos no se ofrece seguridad en forma clara”.
Prevé que, de continuar la tendencia actual, en poco tiempo Jalisco rebasará el registro de asalto a bancos de los años noventa, el peor hasta ahora. Pero además señala que junto a los asaltos a los bancos y a sus clientes están aumentando en el estado otros delitos: “El robo a casa habitación ha crecido en más de 100%, y en más de 143% el robo a transeúntes, sin tomar en cuenta el desbordamiento en el robo de autopartes”.
Manifiesta que esta situación es delicada para las instituciones porque además prevalece la idea de que la denuncia no sirve de nada.
“El 74% de los delitos que se cometen en el país no son denunciados ante el Ministerio Público, pero en el estado de Jalisco hablamos de 80%. Eso refleja el poco interés que el ciudadano le otorga a las instituciones. Hay una marcada desconfianza en materia de seguridad y de procuración de justicia.” l
