Ante la denuncia de que se vendió información estratégica de la procuraduría estatal a los cárteles del narco, los diputados federales David Hernández y Salvador Caro promueven una solicitud del Congreso para que la PGR informe si existe una investigación contra funcionarios jaliscienses por vínculos con la delincuencia organizada. Legisladores locales coinciden en que las crecientes bajas en las filas policiacas hacen urgente esta aclaración.
Los diputados federales del PRI David Hernández y Salvador Caro Cabrera –éste vocal de la Comisión de Seguridad Pública– demandan investigar al gobernador Emilio González Márquez, a sus familiares y a miembros de su gabinete por sus presuntos nexos con bandas del crimen organizado y por la fuga de información confidencial.
Salvador Caro asegura que él y Hernández promovieron una solicitud ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que esa institución indique si existe alguna indagatoria contra autoridades de Jalisco: “Que se nos informe si la PGR está investigando al gobernador, a alguno de los funcionarios de primer nivel o a sus familiares por nexos con el crimen organizado”.
En entrevista telefónica desde la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde realiza una visita de trabajo, el legislador aclara que la petición fue turnada a la Comisión de Justicia, que encabeza el diputado Humberto Benítez Treviño, y que en unos días esa instancia atenderá su reclamo.
Destaca que la solicitud se sustenta en la información manejada por diferentes medios de comunicación, en el incremento de muertes de agentes policiacos y empleados de la Procuraduría General de Justicia del estado, en el aumento de homicidios en la zona metropolitana y en datos ofrecidos por integrantes de diferentes cárteles, quienes al momento de ser capturados han denunciado la supuesta protección que les brindan autoridades y agentes de distintas corporaciones.
En su edición 330, Proceso Jalisco informó que se abrió la averiguación previa AP/PGR/JAL/GDL/AGUÑO/292772010 por una querella levantada el 18 de abril del año pasado en la delegación de la PGR, en la cual un particular denuncia la filtración de información estratégica de la PGJ a grupos de criminales, mediante un archivo digital contenido en una memoria USB.
Ese material supuestamente incluye nombres y números telefónicos, celulares y fijos, de los policías investigadores y de escoltas al servicio de diferentes funcionarios de primer nivel. También se dan detalles del tipo de armas de cada elemento así como de sus vehículos, además de que se muestran fotos de los empleados la PGJE, según datos obtenidos por este semanario.
El asunto sale a relucir al mismo tiempo que crece a más de 20 la lista de policías investigadores y empleados de la fiscalía que han caído en diferentes hechos y en el marco de los cuatro años de la gestión del procurador estatal, Tomás Coronado Olmos. Entre los asesinatos se encuentra el de Carlos Alberto Rayas, ocurrido en abril de 2009 en Zapopan, y el de Evaristo Ortega, registrado en noviembre de 2010. Ambos fueron jefes del área de Homicidios Intencionales.
En febrero pasado, Jesús Quirarte Ruvalcaba, responsable del área de Robo de Vehículos, murió junto con su esposa a las afueras de su domicilio. En esa lista está el crimen de decenas de policías investigadores y comandantes que han sido acribillados durante los últimos 48 meses.
Que responda Coronado
El diputado Salvador Caro asegura que los señalamientos a que dan lugar estos datos tendrán que ser respondidos por las autoridades del estado para despejar cualquier sospecha, ante el riesgo de que el hampa se infiltre en la administración estatal.
Indica que la supuesta entrega de información confidencial de la PGJ a bandas de criminales no se puede dejar pasar: “Esa información es un elemento adicional que se va acumulando contra funcionarios del gobierno del estado de Jalisco, en términos de una vinculación con agrupaciones del crimen organizado; una cuestión en que la ciudadanía y los generadores de opinión pública de nuestro estado han querido cerrar los ojos… ante la posibilidad de la conformación de un narcogobierno”.
Como resultado de señalamientos como estos, dice el legislador, se percibe un desgaste de las instituciones encargadas de procurar la justicia o de luchar contra la inseguridad, y en contraparte surgen actos de violencia nunca antes registrados en la entidad, como los narcobloqueos de enero y febrero pasados.
Reconoce que las acusaciones de los empleados de la PGJ contra los jefes, la supuesta venta de justicia al mejor postor y la muerte de funcionarios y policías investigadores sumieron a Jalisco en “un deterioro franco del esquema institucional en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
“Esto llega a un punto insostenible –agrega–; pero no sólo debemos culpar a los titulares de esas áreas, lo que necesitamos es conocer qué hay más arriba; quiénes son los que tienen vínculos con el narcotráfico y qué poder tienen, por eso urge la intervención de la PGR para detener la impunidad.”
Y cuestiona: “Es altamente probable que funcionarios estatales… tengan una vinculación directa con organizaciones criminales, y el caso más emblemático es el de Ignacio Coronel. ¿Cómo pudo manejar un mercado de droga y ser punto de referencia en las relaciones comerciales con el narcotráfico en toda la región? ¿Y cómo pudo vivir pacíficamente e integrarse a la sociedad sin recibir ningún señalamiento?”.
También se pronuncian sobre el tema los legisladores locales. El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López, dice que, por el bien de las instituciones y de la sociedad, se deben investigar los señalamientos sobre una probable filtración de información a los criminales:
“Es una situación que tiene que despejar cualquier duda o cualquier sospecha: (el gobierno del estado) está obligado a aclarar cualquier señalamiento de esta naturaleza. La función del Ministerio Público está sujeta a este tipo de señalamientos y esto no puede ser parte del anecdotario, de una denuncia más; está obligado a aclarar una denuncia de esta naturaleza.”
Aunque niega tener elementos para acusar al gobierno de Jalisco de tener nexos con el crimen organizado, Vargas cuestiona los resultados obtenidos por la PGJ.
Según el contrainforme El desgobierno en Jalisco 2010, firmado por el propio legislador y por la otra diputada de su partido, Olga Araceli Gómez Flores, que dicen sustentar con cifras del gobierno jalisciense, la entidad ocupa el tercer lugar en delitos federales. Tan sólo los homicidios dolosos aumentaron más de 40%.
En esas estadísticas Jalisco aparece como líder en extorsiones y robo a transeúntes, 60% de la población mayor de 18 años dice sentirse insegura en la entidad, y de 2009 a 2010 los asesinatos con características de ejecución se incrementaron 700%. Asimismo, en un cuadro comparativo se registra que el robo de carros creció más de 71% entre 2007 y 2010; los secuestros 66%, el robo a personas 500% y la extorsión telefónica 174%.
El diputado Vargas asegura que 95 de cada 100 ilícitos quedan impunes, y que es necesario aclarar lo que sucede con la procuración de justicia y la seguridad pública: “Yo le dije (al procurador), en el marco de la glosa (del informe de gobierno), que la muerte de tanto funcionario era un hecho que ya obligaba a un pronunciamiento, y se lo mencioné cuando acababan de asesinar a una secretaria de Juzgado de Distrito en Materia Penal”.
Afirma que ni Coronado Olmos en la PGJ ni Luis Carlos Nájera en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tienen logros que presumir: “Muchos ciudadanos no estamos conformes con su trabajo ni con su actuación… Reconocemos que hay un esfuerzo de ellos… pero si no se cambia de estrategia, lo peor está por venir”.
Por su parte, el priista Sergio Chávez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, considera que la presunta venta de información de la PGJ “es prueba de que falta la aprobación de la ley de control de confianza”. Añade que la falta de trabajo en esa materia tiene un costo político para los integrantes de la LIX Legislatura, y propone despedir a quien se le compruebe responsabilidad en la fuga de información.
Por su parte, el diputado local Carlos Alberto Briseño Becerra, presidente de la Comisión de Responsabilidades, asegura que no existen señalamientos vigentes contra Coronado Olmos en esa instancia. No obstante, informa que el 21 de diciembre pasado el litigante Rodolfo González Navarro presentó una solicitud de juicio político contra el procurador por la presunta protección a la familia Hemuda en un pleito por un predio, pero ésta fue desechada.
Capotea señalamientos
El viernes 11, el procurador Coronado Olmos compareció ante el Congreso local como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Emilio González. Apenas si habló sobre las denuncias de fuga de información y repartió entre los municipios la responsabilidad por las fallas en la lucha contra la delincuencia:
“Hay funcionarios buenos, regulares y malos, y los que nada más hacen como que trabajan y se van, y que son gente que sacan información valiosa para los que se dedican a delinquir; de ahí la importancia de la certificación de sus procesos, de los cuales llevamos a la fecha 51”, dijo.
Sólo al final reconoció que la delincuencia organizada recibe protección de malos elementos de la procuraduría, al igual que de policías municipales y federales corruptos. Por eso, añadió:
“A mí sí me molesta que no hagan correctivos si no está funcionando un comandante o los elementos en algunas zonas. Ahí es donde debemos sumarnos; y los ciudadanos que están sufriendo delitos en las colonias deben exigir que haya más seguridad. Es una responsabilidad de todos: de los municipios, del gobierno del estado y del gobierno federal.”
Coronado se concentró en presentar proyectos para reforzar a su dependencia, con iniciativas como el Centro de Operaciones Estratégicas, la Unidad Antisecuestros, el Centro de Devolución de Vehículos Robados y la Sala de Juicios Orales.
De igual forma, anunció la compra de más armamento –incluidos vehículos blindados– y municiones, pero no se refirió a la muerte de policías investigadores ni de mandos de su dependencia. Tampoco habló de la denuncia que se presentó en la PGR contra su dependencia por la filtración de información confidencial.
En cambio, se justificó: le ha tocado trabajar en “años difíciles” por el aumento de la violencia, además de que “muchos criminales quedan libres por errores, deficiencias en la integración de las averiguaciones o por la no ratificación de la querellas”. Aseguró que sí se ha sancionado a elementos de la procuraduría por incurrir en irregularidades, aunque no dijo a cuántos.
Durante la comparecencia, el diputado priista y presidente de la Comisión de Justicia, Luis Armando Córdova Díaz, ironizó: “Dicen que hay mentiras grandes, mentiras chicas, estadísticas y el informe de gobierno”, pero al final felicitó a Coronado Olmos por “el éxito” de su trabajo.
Otro que lo aplaudió fue el panista Héctor Álvarez Contreras, quien dijo que antes de que Coronado llegara al mando, había verdaderas mafias en la procuraduría. l
