La policía de Jocotepec no evita el allanamiento de residencias, sino que ayuda a los invasores a apoderarse de ellas; y el ayuntamiento trata de legalizar los despojos contra residentes mexicanos y extranjeros. Diversos indicios apuntan a que funcionarios del municipio, incluido el alcalde panista Mario Guadalupe Chávez, están en contubernio con los infractores y cuentan con apoyo en niveles superiores de poder, pues ni siquiera instancias estatales se atreven a intervenir.
J
OCOTEPEC.- Un grupo de sujetos armados, con el apoyo de litigantes y del propio presidente municipal –el panista Mario Guadalupe Chávez Morales– se está apoderando por la fuerza de varias residencias ubicadas en esta ribera de la laguna de Chapala, sede de la comunidad extrajera más grande del país.
Se trata de la banda de los Huerta, que se dedica a amedrentar y despojar a jubilados y está integrada por Arturo Huerta, Ramón Huerta, el abogado Ramón Garibay, Raúl Gutiérrez, José Guadalupe Huerta Torres, Salvador Morales y otro individuo conocido sólo como El Mudo.
Ellos actúan con el respaldo del presidente municipal y cinco integrantes de su gabinete: el secretario de Desarrollo Urbano, el director de Catastro, el jurídico, el secretario general y el jefe de la policía.
Las fincas más codiciadas hasta ahora –varias de ellas ya usurpadas– se encuentran principalmente en la comunidad de Nextipac, a las orillas de esta cabecera municipal. El médico Juan Manuel Andrade Zúñiga, quien el 22 de agosto de 1986 compró un predio de 7 mil 165 metros cuadrados en la calle Rico 200 (escritura pública 3520), fue despojado el 14 de mayo.
Como consta en la averiguación previa 629/2010, Andrade Zúñiga denunció que el 13 de febrero a las 10 horas se introdujeron a su propiedad Arturo Huerta, Raúl Gutiérrez, Guadalupe Torres y El Mudo con el fin de robar los muebles. “Al ser avisado de ello por mis jardineros, llegué junto con unidades de la Policía Municipal de Jocotepec y procedieron a sacarlos”, agrega.
Alrededor de las 13:00 horas el médico regresó a su vivienda y encontró la entrada obstaculizada con una cerca de tubo galvanizado y alambre de púas. Sobre ésta había una manta con el reto de que “todo reclamo se hiciera con el licenciado Raúl Gutiérrez, quien fue ayudado por los demás denunciados a poner el alambrado”, dice Andrade en su querella.
El 14 de mayo pasado, antes del mediodía, al llegar a la casa “uno de mis hijos y sus amigos se encontraron con la sorpresa de que al interior se encontraban dos personas tratando de tumbar las chapas de acceso, por lo que de inmediato llamó al 066, levantándose el reporte 1665”. A los pocos minutos acudieron dos patrullas y seis agentes de la Policía Municipal bajo el mando del director de Seguridad Pública, Osvaldo García Cisneros, quienes detuvieron a los infractores.
A las15:00 horas su hijo le informó por teléfono que si bien habían llevado a los detenidos a los separos, García Cisneros regresó a la casa con ellos y con dos abogados para sacar a los ocupantes. Cuando el hijo del médico preguntó por qué, el jefe policiaco respondió que acataba órdenes superiores.
El joven Andrade y sus amigos escucharon cuando “uno de los abogados de los detenidos le dijo a su acompañante: ‘Comunícate con Ricardo Cervera (secretario general del ayuntamiento) y me lo pasas. Finalmente le dijo el abogado al funcionario por celular: ‘Ricardo, quedamos que con el permiso de bardeo nos ibas a entregar la propiedad y ya no nos iban a molestar, y ahora estás deteniendo a mi gente. ¿Qué pasó con eso? Quiero que aquí mismo les entregues a mi gente la posesión de la casa del doctor; te voy a pasar al director de Seguridad para que le des instrucciones’”.
Prosigue: “Le dio el teléfono celular al director de Seguridad Pública. Se escuchó que el secretario general le dijo: ‘Ahorita mismo los pones en posesión de la casa del doctor y te vas, ya no los molestes más”, a lo que Osvaldo García le respondió: “Me estás metiendo en un pedototote y vete preparando lápiz y pluma porque tú vas a ser mi abogado y me vas a tener que sacar de esta bronca”.
Una vez que concluyó esa llamada, dice el médico, “sacó a mi hijo y sus compañeros de mi propiedad y entregó mi casa con todos mis muebles. Cuando le reclamaron insistió en que él había recibido órdenes del presidente municipal, del secretario del ayuntamiento, del director de Desarrollo Urbano y del jefe del Departamento Jurídico”. El despojo se hizo “sin mediar una orden escrita en mi contra y sin juicio previo alguno”.
Al asalto
Supuestamente amparados en la escritura 9557, fechada el 20 de diciembre de 2007 y a nombre de José Guadalupe Huerta, campesinos encabezados por él invadieron la vivienda de Virginia Ann McLachland Rolland, una mujer mayor de nacionalidad austriaca que, según la escritura pública 5297, desde el 25 de febrero de 1988 es propietaria de un predio de 2 mil 965 metros en la calle Rico 193.
McLachland narra que el 18 de noviembre de 2009, “a las 12 del día, pretendieron invadir mi propiedad aproximadamente 15 personas, entre ellas campesinos y profesionistas de diversas edades, armados y comandados por Ramón Ramos Garibay, Ramón Huerta, Raúl Gutiérrez, José Guadalupe Huerta Torres y Salvador Morales, todos diciéndose ser los dueños del terreno”.
Querían “meterse por la fuerza, amenazando a punta de pistola a mis jardineros, y poner candados en el ingreso principal del inmueble, alegando que el agente del Ministerio Público de Jocotepec les iba a entregar la posesión del predio”.
La señora pidió apoyo a la Dirección de Seguridad Pública municipal, pero “antes de retirarse, las personas (que cometieron el allanamiento) amenazaron con regresar con más gente”. De todas formas los policías municipales le advirtieron que esos tipos “eran de alta peligrosidad y ellos no tenían los elementos activos necesarios para hacer frente a tal grupo”.
El mismo día la ciudadana austriaca presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público adscrito a este municipio (averiguación previa 3660/2009) por tentativa de despojo, portación de armas de fuego, asociación delictuosa y amenazas. Aseguró que los delincuentes tienen su domicilio en la calle Aldama 130, 139 y 139-1 de Jocotepec.
Aproximadamente a las 11:00 horas del 18 de enero de 2010, Ramón Huerta, Arturo Huerta, Raúl Gutiérrez, Guadalupe Huerta, Salvador Morales y un sujeto apodado El Mudo regresaron a la casa de la agraviada. Iban armados en una camioneta con placas JN 23566, e instalaron alambre de púas y postes galvanizados a la entrada de la casa con el fin de tapar el acceso por la calle Rico, explicó McLachland en una ampliación de su denuncia.
Pidió auxilio a la Policía Municipal y llegaron dos patrullas: la unidad 089 J17, placas JN 54966, y otra patrulla sin número, pero los agentes eran conocidos de los infractores: “Les dieron un trato muy familiar y cordial, e incluso procedieron a decirle a mis empleados que no debían estar dentro de la finca, que se salieran y que mejor presentaran una denuncia”, dice la afectada.
Los invasores les dijeron a los trabajadores Mario Alberto Vega Bizarro e Ignacio González Reyes, así como a sus esposas, que la dueña de la casa “por las buenas o por las malas se tiene que ir, porque no quiere entregar dinero para que dejen de molestarla, y que aunque denuncien no los van a parar, ya que el abogado Ramón Garibay es familiar del personal de esta agencia del Ministerio Público”.
Desde el 19 de noviembre de 2009, McLachland informó de estos delitos al presidente municipal y al director de Seguridad Pública. Lo hizo por escrito pero no obtuvo respuesta. El 21 de enero siguiente volvió a solicitarles auxilio, pues para entonces la señora y sus empleados ya habían sido amenazados de muerte por “la banda de Los Huerta, que se dedica al secuestro, extorsión y despojo, andan armados y actúan con el contubernio de diversas instancias policiales”, como refiere en la denuncia. Las autoridades municipales volvieron a ignorarla.
Otra víctima del grupo fue la estadunidense Berverly Jane Evans Hamton de Hunt, quien desde el 4 de mayo de 1973 es fideicomisaria de un inmueble de 11 mil 352 metros de la calle Porvenir 199 y se convirtió en su propietaria en marzo de 2000 (escritura pública 32506).
La mañana del 4 de agosto de 2010, Salvador Morales y José Plasencia, por una orden de Huerta Torres, se presentaron en su casa: “Con el fin de evitar que ingresara a mi domicilio, pusieron postes de tubo galvanizado con un portón de malla ciclónica, que al mismo tiempo impiden el paso vehicular y peatonal sobre la calle Porvenir”, narra en la querella que presentó ante el MP el mismo día (averiguación previa 97/10).
Ella y su esposo Hugh Allyn Hunt refieren que hace más de 40 años decidieron dejar su hogar en Estados Unidos para disfrutar de la tranquilidad que ofrecía la ribera de Chapala. En contraste, hoy, a sus 75 años y con una rodilla operada, Beverly Hunt tiene que brincar la valla metálica colocada por los “comuneros” para entrar en su casa, que está totalmente cercada. Al frente cuelga un letrero: “Propiedad privada. No pasar. Samuel Morales 33-11-44-07-25”.
Los Hunt aseguran que ese sujeto los ha amenazado. Ante la evidente colusión de las autoridades municipales, recurrieron al consulado de Estados Unidos, pero ahí les dicen que consigan un defensor mexicano que lleve su caso.
“El problema es que llevamos siete abogados y todos le tienen miedo al presidente municipal. Yo mismo hablé a la policía para que me ayudaran a quitar las cercas y no hicieron nada. ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Quién está detrás de todo esto?”, pregunta Allyn Hunt en castellano, casi sin acento.
En Jocotepec, Ajijic y Chapala radican más de 20 mil extranjeros, en su mayoría estadunidenses y canadienses pensionados. En 2009 la Secretaría de Turismo de Jalisco reportó una derrama económica superior a los 237 millones de pesos en la ribera de la laguna. Pero la inseguridad podría afectar esta fuente de ingresos.
“Amigos nuestros se han visto obligados a regresar a su país de origen porque saben que sus derechos no van a ser válidos aquí por no ser mexicanos, como nos pasa a nosotros”, dice Allyn Hunt. Y su esposa advierte: “Tengo 75 años pero soy más fuerte que ellos. No me voy a rendir porque este es mi hogar y no tengo otro a dónde ir”.
Gobierno complaciente
Tanto el médico como el matrimonio estadunidense y la ciudadana austriaca denunciaron en otras instancias la parcialidad de las autoridades municipales. En agosto pasado interpusieron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) una queja que se registró en la Tercera Visitaduría General con el número 4737.
En esos documentos solicitan que se les permita el libre acceso a sus domicilios mientras “se resuelven los trámites legales de denuncias y amparos correspondientes; asimismo, que se nos otorgue vigilancia en la zona para evitar la comisión de ilícitos y las amenazas”.
La CEDHJ le pidió al presidente municipal y a los directores de las áreas involucradas un informe “pormenorizado en el que se consignen los antecedentes, fundamentos y motivaciones de los actos que se les imputan”, así como una narración de los hechos.
También deberán enviar a la CEDHJ una copia certificada del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en específico de la parte correspondiente al terreno en conflicto y la licencia de construcción de la barda en las inmediaciones del predio.
Particularmente al director de Desarrollo Urbano, Ramiro Rodríguez Ponce, la comisión le pidió que suspendiera la obra de bardeo, para permitir el libre acceso de los residentes.
El 3 de junio de 2010 la autoridad municipal sólo se comprometió a que en un término de tres días se desbloquearían las calles, pero ni siquiera esto cumplió. Al contrario, el ayuntamiento expidió el permiso número 3362 para que los invasores construyeran una barda perimetral y cerraran la vialidad.
El 4 de marzo de 2010 los agraviados entregaron otro escrito para informar de los hechos al director de Seguridad Pública del estado, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, y otro más el 11 de agosto pasado al subsecretario de Asuntos del Interior, Salvador Ávila Loreto, así como al procurador general, Tomás Coronado Olmos. Ninguna de esas autoridades estatales ha hecho nada para que se respeten los derechos de los propietarios.
El presidente municipal Mario Guadalupe Chávez Morales, del PAN, no accedió a dar su punto de vista a Proceso Jalisco. Su director de Comunicación Social, Felipe Antonio Morales Velázquez, y su secretario particular, Sergio Olmeda Zúñiga, se limitaron a excusarlo por su “apretada agenda”.
Sólo declaró el secretario general, Ricardo Cervera García: “El ayuntamiento nunca se ha visto inmiscuidos en escándalos de despojos. Ninguna dependencia a nuestro cargo está en contubernio con alguna de las partes”.
Admite que conoce las dos recomendaciones de la CEDHJ, a las cuales el ayuntamiento no ha respondido, dice, por falta de tiempo y resoluciones.
“A la comisión no le hemos contestado –dice–, pero en cuanto a las denuncias en contra del ayuntamiento, ya tenemos la resolución del tribunal a nuestro favor, el cual nos deslinda de cualquier responsabilidad. De los cinco juicios en contra, dos están totalmente agotados y tres siguen en curso. No tenemos nada más qué decir.” l
