Ante el anuncio de que en las próximas semanas se lanzará la licitación para la ampliación a cuatro carriles de la carretera federal 200, ejidatarios y ambientalistas se quejan porque las autoridades se muestran benévolas con los inversionistas, como el exbanquero Roberto Hernández, impulsor del megaproyecto Zafiro, el más lujoso en la región de Costalegre. Poco les importan, dicen, los litigios por el despojo de tierras y los daños al entorno ecológico.
En los próximos meses, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inicie las obras de ampliación de la carretera federal número 200 de dos a cuatro carriles, uno de los más beneficiados será Roberto Hernández Ramírez, el empresario consentido durante el sexenio de Vicente Fox.
La modernización de esa vía –que une a Puerto Vallarta con Manzanillo, Colima, atraviesa media docena de pueblos en la región Costalegre, en la cual Hernández tiene fuertes inversiones en el mercado inmobiliario y donde enfrenta varias denuncias por despojo de tierras interpuestas por un grupo de campesinos– detonará el desarrollo de los complejos turísticos asentados en ese entorno y la creación de nuevos proyectos.
Los inversionistas ya pusieron el ojo en Costalegre y proyectan la creación de centros de recreación similares al Nuevo Cancún o Chalacatepec, el complejo Zafiro y el hotel El Tamarindo, ubicado en el municipio de La Huerta, propiedad del exbanquero Roberto Hernández. Su propósito es atraer al turismo de clase mundial.
Esa visión empresarial contrasta con el entorno de los pueblos aledaños que carecen de servicios, comenta Pedro León Corrales, ambientalista y abogado del ejido José María Morelos. Indignado, expone que la obra carretera no sólo afectará la ecología, sino que activará los litigios por tierras ejidales.
Detrás de todo están los nuevos dueños del litoral del Pacífico jalisciense, dice León Corrales, y cita a la familia de Hernández Ramírez y a los dueños de Rasaland, la constructora que promueve el complejo turístico de Chalacatepec, en el que se invirtieron 183 millones de dólares.
León Corrales, adscrito también al Instituto de Desarrollo Ambiental, insiste en que esa ruta pasará por encima de 80 hectáreas de propiedad ejidal en Tomatlán, lo que desatará un nuevo conflicto legal entre los inversionistas y los campesinos, que ya se aprestan a defender sus tierras.
Hoy, la carretera federal, de 240 kilómetros de extensión, luce en mal estado. Y aunque la SCT confía en que, una vez concluida su ampliación, se transforme en una autopista interestatal que enlace las playas de Jalisco y Colima y fomente el turismo, el asesor en asuntos ambientales Martín Gómez ve serios riesgos ecológicos si se realiza la obra.
Él critica a las autoridades porque, dice, sólo se preocupan por el trazo de una línea corta entre dos puntos, pero no consideran el entorno ecológico, lo que representa una estupidez. En este caso, varios ecosistemas sufrirán daños severos, aun cuando el flujo vehicular sea óptimo.
Gómez hace un comparativo entre la reserva de la biosfera de Manantlán, que concentra 40% de la biodiversidad de Jalisco, con los recursos naturales en los municipios por donde atraviesa la carretera 200. Explica que esta ruta federal atesora 60% de la biodiversidad del estado, por lo que las modificaciones al entorno (ríos y cañadas) “debe ser estudiado con mucho cuidado”.
El ambientalista reconoce que aun cuando el empresario Roberto Hernández es de los pocos que conoce las ventajas de preservar el entorno ecológico, no puede limitarse a defender sólo los intereses en un predio privado. Por ello critica el proyecto de Chalacatepec, conocido como Nuevo Cancún, porque, arguye, sus promotores “ni siquiera se preocupan por preservar la zona”.
León Corrales habla también de otros daños colaterales, sobre todo los litigios por las tierras, pues hasta ahora los ejidatarios de Morelos, Campo Acosta y José María Morelos que perdieron sus tierras “desde hace varias décadas” aún no reciben su indemnización.
Al principio se les dijo que la carretera era del gobierno, por lo que fueron despojados de sus terrenos, pero resulta que ahora se pretende ampliar esta vía y son grupos empresariales los que intentan apropiarse de más hectáreas, sobre todo las que están pegadas al mar, dice el abogado.
El cabildeo
La delegación de la SCT en el estado asegura que el reacondicionamiento de la ruta 200 tendrá avances importantes para este año. De hecho, ya inició el proceso de licitación para la construcción de varios tramos. El año pasado, según la dependencia, se ejerció 10% de los 200 millones de pesos destinados a la obra debido, entre otros factores, al incumplimiento con estudios de impacto ambiental y trámites relacionados con el cambio en el uso de suelo.
Aun así, se avanzó en el tramo del kilómetro 167.8 al 170 en el municipio de Melaque, donde se invirtieron 20 millones de pesos. Además, según empleados de Comunicaciones y Transportes consultados por Proceso Jalisco, el gobierno estatal desarrolló el proyecto ejecutivo de la vía Chamela-Barra de Navidad, aunque no supieron explicar cuánto se invirtión en esos estudios.
Para este año, la administración de Emilio González Márquez aún no define el monto exacto de los recursos que canalizará a las obras, pues los integrantes de la LIX Legislatura se negaron a aprobar la iniciativa de presupuesto para 2011, por lo que se está ejerciendo una cantidad similar a la del año pasado, comenta Ramón Guerrero, diputado por el distrito V con sede en Puerto Vallarta.
La SCT asegura que están listos los trabajos para iniciar la ampliación de 12 kilómetros de la citada carretera, aunque admite que el diferendo entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el presupuesto provocó que las obras programadas no se licitaran a tiempo.
De acuerdo con los ejidatarios consultados por Proceso Jalisco, los nuevos dueños de la costa usan a autoridades municipales para lograr sus fines, pero se niegan a hablar del despojo de tierras y de las intimidaciones a sus compañeros que se resisten a cederlas.
Ellos dicen, por ejemplo, que en octubre de 2009 María Hernández, hija de Roberto Hernández, y uno de los colaboradores más cercanos del empresario cabildearon con los alcaldes de los municipios costeros salientes y entrantes para agilizar el proyecto de ampliación de la citada carretera a cuatro carriles.
Varios testigos relatan que los alcaldes fueron invitados a un encuentro en la Ciudad de México con diputados federales y senadores del PAN y el PRI; sólo fue excluido el petista Enrique Ibarra Pedroza fue excluido por su “incompatibilidad de intereses”. Los anfitriones pagaron incluso los viáticos de sus invitados.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México los alcaldes fueron recibidos por un empleado de Roberto Hernández, quien los trasladó a un hotel cercano al recinto de San Lázaro. Ahí, en una reunión a puerta cerrada, la hija del exbanquero les comentó que ella había sido funcionaria del gobierno federal y que la Fundación Costa de Jalisco estaba interesada en apoyar el desarrollo de la infraestructura en la zona.
María Hernández les comentó también que los senadores y diputados federales por Jalisco sabían ya del proyecto para ampliar la carretera costera; incluso pidió a los alcaldes su respaldo. De no hacerlo, les advirtió, los recursos serían destinados a otras iniciativas, aseguran a Proceso Jalisco los testigos de ese encuentro.
En ningún momento habló de las bondades que la modernización carretera traería a los complejos turísticos que su familia y otros inversionistas tenían en mente. Uno de los alcaldes convocados, Óscar Castillón Romero, de Cabo Corrientes, recuerda que la reunión fue fructífera.
En conversación con el reportero, Castillón asegura que la obra “va a beneficiar a todos. Como le comenté, nos han informado de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya iniciaron las primeras licitaciones”. Dice que con el monto de recursos disponibles se comenzará a trabajar en las próximas semanas en el tramo carretero de 25 kilómetros que va de Boca de Tomatlán a El Tuito.
Castillón explica que la cinta asfáltica tendrá 12 metros de ancho, además del área de acotamiento. “Eso –insiste– nos pone contentos porque esa es la manera de reactivar la Costalegre”. Ahora sólo falta la aportación de empresarios, hoteleros, así como de los municipios y del gobierno del estado para los trabajos del tramo que enlaza Boca de Tomatlán con Puerto Vallarta.
El encuentro de octubre de 2009 fue convocado por el Fideicomiso de la Costalegre, dice el alcalde de Cabo Corrientes, aunque en realidad la iniciativa fue de la Fundación Costa de Jalisco, que dirige la familia de Roberto Hernández, ubicada en el kilómetro 7.5 de la carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta.
En esa ocasión participaron los presidentes electos de La Huerta, Carlos Román Ramírez Núñez; de Tomatlán, Juventino Sahagún; de Cabo Corrientes, Óscar Castillón, y el de Talpa de Allende, Salvador Martín Uribe. También estuvieron Rafael González, hijo del dirigente del PRI Jalisco, Rafael González Pimienta, en representación del alcalde electo de Puerto Vallarta, así como una regidora a nombre del presidente saliente de Cihuatlán, Enrique González Gómez.
Al término de la reunión, Ari Nieto Vélez, representante legal de la Impulsora Chamela, S.A., empresa que promueve el desarrollo turístico Zafiro, en el que también está involucrado Roberto Hernández, condujo a los alcaldes a su destino.
Los proyectos
El abogado Pedro León Corrales afirma que el complejo Zafiro, incluido el proyecto denominado Rancho San Andrés, ha sido cuestionado porque el hotel El Tamarindo fue construido sobre tierras que reclaman los habitantes del ejido Emiliano Zapata, municipio de Cihuatlán. Ellos se amparan en una resolución expedida en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas en la que los reconoce como dueños legítimos de 800 hectáreas.
Considerado uno de los hoteles más lujosos del Pacífico mexicano, El Tamarindo es parte de la red de clubes privados en el mundo en el que suelen hospedarse personajes como Bill Gates o Nicolas Sarkozy, presidente de Francia. Su campo de golf es uno de los cinco mejores del país; además, cuenta con servicio de casa club, salón para los socios, spa y muelle propio, todo ello dentro de una espléndida bahía de decenas de kilómetros de playa.
En 2010, la revista Forbes incluyó a Roberto Hernández entre los multimillonarios al ubicarlo en el sitio 828, con una fortuna calculada en mil 200 millones de dólares. A su vez, la revista Expansión lo ubicó en el lugar 28 entre los hombres más ricos de México.
A pesar de todo ello, el empresario se negó a pagar el predial de la isla Pajaritos, una de sus propiedades en el municipio de Carrillo Puerto, en Quintana Roo, uno de los más marginados de esa entidad.
En Jalisco, los inversionistas destinarán 450 millones de dólares en el proyecto Zafiro. El complejo turístico tendrá su campo de golf, un hotel con 175 habitaciones y 276 residencias para uso exclusivo de extranjeros.
El diputado federal petista Enrique Ibarra asegura que en el caso Zafiro los inversionistas negociaron con varios campesinos afectados la entrega de lotes de 300 metros cuadrados cercanos a la parte afectada; también les prometieron construir una cancha de futbol, así como la reconstrucción del templo local y otras obras de beneficio colectivo.
El legislador asegura que Roberto Hernández es ajeno a esa propuesta inmobiliaria, aunque varios ejidatarios comentan que el principal cabildero del exbanquero, Ari Nieto, fue el que negoció con los ejidatarios de Chamela que se oponían a ese desarrollo turístico. l
