El dictamen de la Segunda Sala de la SCJN sobre las 129 hectáreas del predio La Coronilla a favor de los ejidatarios de San Juan de Ocotán, Zapopan, es definitivo. Ahora, la universidad de Los Tecos, que despojó de sus tierras a los propietarios originales en 1983, está obligada a devolver esa superficie, dice el abogado Rubén Ávila Marín y comenta que aun cuando la familia Leaño pretenda torcer la ley no podrá revertir la sentencia. E insiste: el fallo es inapelable.
Con su fallo del pasado 17 de noviembre, que obliga a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) a devolver a los ejidatarios de San Juan de Ocotán las 129 hectáreas que reclamaban, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pone fin a un largo litigio que data de hace varias décadas, cuando la familia Leaño despojó de sus tierras a los propietarios originales del predio llamado La Coronilla.
Hace tres años, el 22 de noviembre de 2007, el Tribunal Superior Agrario (TSA) emitió una sentencia en la que ordenaba a la institución restituir las tierras a los 256 ejidatarios. Sin embargo, los Leaño interpusieron un amparo ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (expediente 138/2008) y se negaron a entregarlas.
Agotada esa instancia y tras el dictamen definitivo de los ministros, la universidad de Los Tecos está emplazada a devolver las tierras que colindan con fraccionamientos de lujo y en cuyo entorno han proliferado centros comerciales, sobre todo en Zapopan, al poniente de Guadalajara.
Rubén Ávila Marín, abogado de los campesinos comenta que pese a la campaña de desprestigio instrumentada por Los Tecos y las argucias pseudolegales de la familia Leaño en los últimos años, la ley se impuso finalmente.
Aunque advierte: “Los Tecos aún pueden echar mano de otra componenda, del recurso de la revisión de amparo para dilatar el fallo uno o dos años más. Pero ya no hay modo de revertir la sentencia de la SCJN. La UAG tendrá que restituir al ejido esas tierras que invadió”.
Relata que durante décadas los directivos de la UAG fueron inflexibles, incluido por don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, quien murió el 3 de julio de 2010. Ellos hacían alarde de sus influencias y en varias ocasiones incluso alargaron el proceso legal agrario en su afán por retener las tierras.
Así lo hicieron luego de que el TSA emitió su fallo. Ante la indefinición por parte de la UAG, en abril de 2009, la Segunda Sala de la SCJN atrajo el caso (expediente 9/2009). Año y medio después, los ministros resolvieron a favor de los ejidatarios, cuenta Ávila Marín. Dice que sólo espera la copia certificada de la resolución del 17 de noviembre.
De acuerdo con el acta de la sesión, cuya copia tiene este semanario, los ministros rechazaron por unanimidad el amparo directo 9/2009 presentado por “Universidad Autónoma de Guadalajara, Asociación Civil, contra actos del Tribunal Superior Agrario y otra Autoridad” (sic); también expone: “Se niega el amparo a la quejosa (la UAG)”. El ministro ponente fue José Fernando Franco González Salas.
Según el abogado Ávila Marín, es probable que la UAG intente presentar un último recurso, incluso puede hacerlo a través del actual rector Antonio Leaño Reyes. Pero eso “no cambiará nada”, dice.
Y aun cuando la institución alegó que la resolución del TSA de 2007 es inconstitucional, los ministros de la corte respondieron que en esa sentencia “jamás se trataron términos de inconstitucionalidad”. Ávila insiste en que si la UAG promueve la revisión de amparo, “sería el pleno de la Corte el que discutiría si los artículos 217 de la Ley de Amparo o el 49 de la Ley Agraria son constitucionales o no”.
Y plantea: “Esos artículos que te mencionó fueron los fundamentos legales de la sentencia que nos dio la razón en 2007. Si la corte determina que son inconstitucionales, ese criterio se aplicará en otros conflictos ejidales, pero no para este caso, pues no hay retroactividad… La propiedad del ejido está firme, ya no la pueden echar para atrás”.
–¿Los Tecos podrían recuperar las tierras pagándole a los ejidatarios? –pregunta el reportero.
–Sí. Pero eso dependerá de si la asamblea ejidal decide vender el predio a los Leaño o a cualquier otro particular. Lo cierto es que la propiedad es de los ejidatarios.
El abogado lamenta que aun cuando la UAG publicó desplegados en 2009 en los que se jactaba de ser respetuosa de la ley y del estado de derecho. Hasta ahora, dice, no lo ha demostrado.
Una historia convulsa
La lucha de los ejidatarios de San Juan de Ocotán con la familia Leaño data de la década de los setenta, dice el abogado Rubén Ávila Marín. Desde entonces, los propietarios de las tierras han sufrido innumerables atropellos, intentos de soborno, desalojos violentos, como el de 1983, y hasta cárcel (Proceso 1704).
“Originalmente –cuenta– La Coronilla tenía 250 hectáreas. Sin embargo, el ejido se fue fragmentando y, mediante argucias legales, algunos particulares se apropiaron de pequeñas extensiones. De hecho, las 129 hectáreas cuya restitución ratificó la SCJN el 17 de noviembre último, son sólo una parte del predio, por lo que aún están pendientes otros litigios.”
Estos terrenos son codiciados por su plusvalía, pues colindan con los fraccionamientos más lujosos de la zona metropolitana, como Royal Country y Puerta de Hierro, así como con el pomposo centro comercial Andares, con ostentosas torres de departamentos y con las propias instalaciones de la UAG.
La Coronilla estuvo en manos de los ejidatarios desde 1928 hasta agosto 1983, cuando la UAG se apropió de 129 hectáreas y expulsó a los propietarios. Con el pretexto de un deslinde, personal de la institución y policías del estado irrumpieron en el predio. La invasión fue avalada por el gobernador Enrique Álvarez del Castillo, pariente de los Leaño (Proceso Jalisco 249).
Meses después, los ejidatarios presentaron el amparo directo 16/84 ante el juzgado de distrito en materia agraria de Guadalajara. Los Leaño lograron dilatarlo durante 10 años, hasta que en 1994 los afectados interpusieron un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado, que a su vez solicitó a la SCJN la facultad de atracción.
“Sin embargo, como a la Corte no le compete resolver cuestiones de propiedad, los ministros dejaron en claro que los tribunales agrarios debían resolver el asunto. Eso abrió la puerta para que en 1995 solicitáramos ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV la acción de restitución de los terrenos que ocupaba la UAG y otros tres particulares”, relata el abogado.
En septiembre de ese año, los ejidatarios de San Juan de Ocotán interpusieron el juicio agrario 135/95, que se prolongó durante seis años. El 12 de julio de 2001 ese tribunal, con sede en Guadalajara, emitió una sentencia favorable a los ejidatarios. La lucha legal siguió debido a los recursos interpuestos por la UAG.
El 22 de abril de 2007, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el expediente 66/2007 y ordenó al TSA condenar a la UAG y a los particulares Cristóbal Avelar Castro, Reynaldo Gutiérrez Correa y José de la Torre Grillot para que restituyan “al ejido las superficies que ilegalmente mantienen en posesión (129 hectáreas)”. El 22 de noviembre siguiente el TSA emitió su sentencia definitiva (Proceso Jalisco 250).
La UAG interpuso un juicio de amparo directo ante el Noveno Tribunal Colegiado (expediente 138/2008). Ello motivó que el TSA solicitara a la SCJN ejercer la facultad de atracción del caso. Por su trascendencia, los integrantes de la segunda sala asumieron el asunto y el 17 de noviembre resolvieron a favor del ejido, con el voto unánime de los ministros Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna, Luis María Aguilar, Sergio Armando Valls y José Fernando Franco González.
Ávila Marín señala que aún quedan algunas piedritas en el camino. Y aprovecha para comentar que “también hay 11 hectáreas escrituradas a 11 personas de Guadalajara. A ellos ya los vencimos en el expediente 75/96 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV y ya había una orden de ejecución, pero la UAG intentó aplazar la ejecución con el amparo directo 183/09, presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco. Son triquiñuelas –dice el experto en derecho agrario–, pero estamos por resolverlo”.
Explica que hay otras 7.5 hectáreas que también se disputan en los tribunales contra la empresa Hacienda del Campanario, S.A. de C.V., y Patricia Lorena Gómez Cantú.
“Dicen que ella es pariente de los Leaño, pero por lo pronto a la compañía se le concedió el amparo indirecto 959/06 para que, al ejecutarse la sentencia de restituir las tierras, no se incluyan sus siete hectáreas; y también interpusieron un recurso de revisión que nos alargaría seis meses y que estará viéndose en un tribunal colegiado por definirse”, explica Ávila Marín.
Litigios pendientes
Otros asuntos en trámite son los de los predios El Prado y Mesa de los Guayabos, que también forman parte de La Coronilla, y actualmente están en manos de la UAG y de Gonzalo Sandoval Salcedo. Según Ávila Marín, “este reclamo es muy independiente del litigio de los ejidatarios de San Juan de Ocotán. Sin embargo, debe quedar claro que esos terrenos tampoco son de Sandoval ni de Los Tecos, sino del ejido San Juan de Ocotán”.
Recuerda que, en julio y agosto de 2009, la UAG publicó en su periódico Ocho Columnas y en otros de circulación nacional desplegados en los que atacó a Sandoval –un “invasor profesional”, decía la institución– y a la policía zapopana por solapar el “atraco contra la Universidad Autónoma de Guadalajara” (Proceso Jalisco 249).
El 15 de julio de ese año, Sandoval y su esposa, María de Lourdes Trejo Aguilar, ganaron un litigio y lograron que Filemón Beltrán Hernández les devolviera El Prado, un predio de 5.4 hectáreas. La orden la dio el juez noveno en materia penal, Alberto Montes Cerrillos, como consta en el expediente 174/09-B.
Los abogados de Sandoval, Antonio Rivera y Gustavo Cerda, comentan que ahora sólo está pendiente el caso de Mesa de los Guayabos, que posee Sixto Antonio Garduño y que, según ellos, también pertenece a Sandoval.
En el desplegado del 31 de julio de 2009, la UAG expuso que 150 personas armadas con palos, machetes y armas de fuego despojaron a Los Tecos de los dos predios, que colindan con las exclusivas colonias de la ciudad y edificios de Antonio Leaño Álvarez del Castillo y su familia, los dueños de la universidad privada más antigua del país.
La campaña siguió hasta el 20 de agosto siguiente. Ese día la institución publicó el suplemento especial titulado “Despojo”, en el que incluyó fotografías de los supuestos “invasores” y aludió al “clima de descomposición social en Zapopan”. Los abogados de Sandoval negaron la versión (Proceso Jalisco 250).
Rubén Ávila Marín recuerda: “Cuando se dio esa supuesta invasión, nosotros pensamos que era gente de la UAG y ellos pensaban que era de nosotros. Lo cierto es que El Prado y la Mesa de los Guayabos no son de Sandoval ni de la UAG ni de Garduño, pues pertenecen al ejido de San Juan de Ocotán”.
Asegura que Jaime González Ramírez, dueño del desaparecido periódico El Diario, adquirió esos predios en 1971 de manera irregular. A partir de entonces fueron revendidos a varios particulares, hasta que cayeron en manos de Sandoval y de Garduño.
“Por ahora no podemos hacer nada hasta que ellos (Sandoval, Garduño y la UAG) diriman sus conflictos. Sólo entonces el ejido reclamará lo que legítimamente les pertenece, como lo demuestra la resolución de la Corte en noviembre pasado”, finaliza Ávila Marín.
El litigio de La Coronilla no es el único que implica a los Leaño. A principios de los ochenta, la UAG fue obligada por el Poder Judicial a devolver 50 hectáreas a Enrique Vizcaíno de Aguinaga, Jesús Bernardo y Victoria Hernández Urtiz después de dos décadas de conflicto.
En 2004 también tuvieron que regresar 20 hectáreas adquiridas de manera ilegal a sus propietarios originales Gregorio Sánchez Barba y Aurora Franco Camberos, luego de que el Segundo Tribunal del Primer Circuito en Materia Administrativa concedió un amparo definitivo a favor de la pareja de ejidatarios (Proceso Jalisco 17 y 142).
Asimismo, este semanario documentó que el clan de los Leaño se apoderó de la Isla Navidad, que pertenecía al ejido La Culebra, municipio de Cihuatlán, para desarrollar ahí un complejo turístico bajo el cobijo del presidente Miguel de la Madrid, así como de la hacienda de la Providencia, donde se construyó Puerta de Hierro (Proceso Jalisco 4).
Los Leaño, además de poseer la UAG, han destacado en la región por su participación en desarrollos inmobiliarios; también poseen hospitales y equipos de futbol como Estudiantes-Tecos y sus filiales en divisiones de ascenso, agencias de automóviles y publicaciones como el diario Ocho Columnas. l
