México, D F (apro)- El 27 de diciembre de 2002, en la madrugada, empezó el calvario para CNI Canal 40 en el cerro del Chiquihuite Ese día la ciudadanía amaneció con la noticia de que ya no había trasmisión por XHTVM Canal 40, ya que Televisión Azteca había abrogado la ley al tomar por asalto las instalaciones de trasmisión de la Televisora del Valle de México bajo el argumento de que la resolución de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional le daba la razón en el conflicto mercantil
Casi de inmediato distintos grupos sociales se hicieron sentir, no en las calles, sino a través de los medios de comunicación que hacían eco a la demanda de la restauración del marco legal Pero el gobierno de Vicente Fox estaba de vacaciones y las voces de escritores, intelectuales y agrupaciones civiles se confundieron con el intercambio de acusaciones entre los representantes de las dos empresas televisoras
Más allá del conflicto mercantil, lo que la opinión pública cuestionaba asombrada era la manera impune con que Televisión Azteca había actuado bajo el argumento de que una ley extranjera –la resolución de la Cámara de Comercio Internacional— le daba la razón de tomarse la autoridad en sus manos, tomando bajo su tutela la señal que le pertenece al Estado mexicano Es decir, la manera en que Ricardo Salinas Pliego se pasaba por el Arco del Triunfo la soberanía de las leyes nacionales
A pesar de la gravedad del hecho denunciado en distintos foros, el gobierno de Fox no reaccionó, como tampoco lo hizo a las protestas de los trabajadores de CNI Canal 40 que pedían la restitución de su centro de trabajo
A su regreso de vacaciones, a las nueve de la mañana del 6 de enero, el presidente Fox reinauguró la sala de prensa de Los Pinos Ahí le reventó en la cara el conflicto cuando el subdirector de noticias de CNI Canal 40, Roberto López Agustín, desplegó una manta a escasos metros de donde pasaba “¿Y la ley? Fuera TV Azteca”, decía
La reacción del presidente fue memorable, dijo lo que podría ser el epitafio de su gobierno: “¿Y yo por qué?”, resbalando su función de ejercer la autoridad en caso de conflicto en la sociedad
Fue la reacción del presidente Fox y la impunidad de Televisión Azteca lo que motivaron aún más las protestas de la sociedad civil expresadas en cartas firmadas por distintas agrupaciones artísticas, sindicales, políticas y, con mayor denuedo, de las declaraciones de los dirigentes de los partidos políticos y sus legisladores, sobre todo los del PAN, que demandaban la restauración del estado de derecho
La noche de ese mismo 6 de enero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un comunicado comprometiéndose a restablecer la legalidad, pero el titular, Pedro Cerisola, canceló una conferencia de prensa en Los Pinos, dando una señal de la manera tan ineficaz con la que operó el conflicto de las televisoras
La Secretaría de Gobernación, por su parte, trató de articular una mesa de negociación para resolver, lo que llamó su titular, “un conflicto entre particulares” Sin embargo, de acuerdo con lo publicado en los días de negociación, la prepotencia de Salinas Pliego salió a relucir y, ninguneando a su exsocio, Javier Moreno Valle, se paró de la mesa exigiendo el pago de 54 millones de dólares
Tras el fracaso de las negociaciones, el 9 de enero el titular de Comunicaciones ordenó el aseguramiento de las instalaciones del Cerro del Chiquihuite bajo el artículo 104 bis de la Ley de Radio y Televisión, que lo permite en caso de conflictos con el concesionario Vino entonces un impasse de diez días marcados por la misma ley en la cual se blandieron sendas denuncias a las dos televisoras
Sin resolver el problema, Cerisola fue llamado a comparecer ante el Senado Ahí el amigo de Fox fue criticado duramente por propios y extraños, especialmente por el legislador panista Javier Corral, quien aseguró que la SCT no estaba aplicando la ley y actuaba en favor de TV Azteca
En los días subsecuentes se dio un conflicto sui generis entre los panistas y algunos de ellos con el presidente Fox Diego Fernández de Cavallos, abogado interesado en el conflicto, pues su socio Fernando Gómez Mont era el defensor de CNI Canal 40, fue el más duro Y mientras el presidente Fox salía a su gira por Europa, declaró que si el gobierno no restituía la señal a CNI, “quedaría en entredicho” su autoridad
Así, a las protestas sociales, de articulistas y representantes de diversos sectores, se unieron las de los panistas En medio de este mar embravecido, el jueves 23 la jueza Luz María Díaz Barriga de Silva ordenó a la SCT devolver las instalaciones de trasmisión al concesionario que legalmente le fueron otorgadas, es decir, CNI Canal 40 No obstante, todavía el secretario Cerisola tardó en contestar y, al final, se lavó las manos aduciendo que le correspondía a los tribunales resolver el conflicto
Ante la nueva ola de críticas de los sectores sociales y de algunos articulistas en radio y prensa escrita, Cerisola tuvo que aceptar el dictamen de la jueza y ordenó la devolución de la señal a CNI No había otra salida, la presión social, más que los hombres del gobierno, permitieron la restitución de la justicia 27/01/03
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