Las denuncias
Según los documentos en poder de Proceso, el 14 de marzo de 2001 la diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, Olga Patricia Chozas Chozas, presentó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la denuncia 0103/074/02, solicitando la investigación y eventual sanción a las empresas y personas físicas que se dedican a la extracción de arena en arroyos de jurisdicción federal en Baja California para su exportación a Estados Unidos, pues lo hacen sin contar con los estudios y autorizaciones de impacto ambiental requeridos por la LEGEEPA
El 8 de agosto del 2001, casi cinco meses después, la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Profepa, en el oficio DG/003/RN/2479/2001, respondió que “la empresa Amaya Curiel y Compañía tiene en trámite una transmisión parcial de derechos de un título de concesión en el cauce del arroyo El Barbón, pero no explica si cuenta con la autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría del Medio Ambiente De acuerdo con información obtenida por Proceso, la solicitud respectiva la presentó Amaya Curiel hasta noviembre del 2001
El 12 de septiembre, en un documento dirigido a José Alberto Gómez Rodríguez, director de Denuncias Ambientales en Materia de Recursos Materiales de la Profepa, la diputada Chozas subrayó que los concesionarios de extracción de arena en Baja California no contaban con la autorización de impacto ambiental, lo que fue confirmado por el Instituto Nacional de Ecología en el oficio DOO DEGOEIA- 0058
También solicitó que se le informara qué sanciones administrativas o penales se aplicaron a los concesionarios por violar la ley ecológica
El 17 septiembre, la Profepa respondió que “es la Comisión Nacional del Agua la autoridad competente para aplicar la observancia tanto de la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento, y además la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”
Ante esa situación, la diputada presentó otra queja el 26 de septiembre de 2001, en la que le entregó a la Profepa una lista con los nombres y domicilios de los que tienen las concesiones
Finalmente presentó denuncias ante la PGR, sin que hasta ahora hayan derivado en la detención de funcionarios o de particulares
Los expertos
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en septiembre del 2000, elaboró un informe técnico sobre los posibles cambios que se pueden registrar en los recursos hidráulicos subterráneos debido a la extracción de materiales pétreos, como la arena, en los cauces de arroyos
Se subraya que uno de los efectos sería que “los escurrimientos se producirían en condiciones de flujo superficial, a mayor velocidad, y con menor oportunidad para la infiltración y recarga de los mantos acuíferos” Agrega que “no todos los arroyos pueden ser aprovechados como banco de extracción de materiales, algunos de estos deben ser preservados para los recursos naturales y el medio ambiente”
Enrique Ongay, especialista en asuntos ecológicos, evaluó en junio de este año los resúmenes de cuatro manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de aprovechamientos pétreos en Baja California En sus conclusiones señala que existen elementos suficientes para que en tres de los proyectos se “justifique la solicitud de información adicional para su evaluación” Sostiene además que ninguno de estos tres proyectos presenta información geofísica y biológica que permita evaluar de manera adecuada su viabilidad ambiental y los efectos ambientales que pudiesen tener
“En el caso de la información geofísica, y por la magnitud de los proyectos, es imprescindible un análisis de la hidrología superficial y subterránea de la totalidad de las subcuencas involucradas y no sólo de la porción de la cuenca donde se va a llevar a cabo la explotación Para el caso biológico, son necesarios trabajos de campo que apoyen las conclusiones La relevancia de esto estriba en la función de corredores biológicos que tienen los bosques riparios que se distribuyen en estos arroyos”
Ongay señala también la falta de vigencia de algunas de las reglamentaciones utilizadas en las manifestaciones de impacto ambiental, como la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL-1994
No obstante la ilegalidad con la que se extrae la arena para exportación que la misma Semarnat conoció al dar respuesta a las denuncias, el gobierno de Fox, en un estado gobernado por el PAN, dejo pasar siete meses y hasta que surgió una “denuncia penal”, que exigía, primero clausurar todas las zonas extracción de arena y amenazar con sanciones penales a los dueños, y además castigar penalmente a los funcionarios públicos federales que dieron las concesiones -a la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) no ha ejercido acción penal en contra de ninguna persona relacionada con la extracción de la arena en Baja California-
Irónicamente, entre noviembre de 2001 y julio de 2002, la Profepa levantó las clausuras a los bancos de arena Previamente la Semarnat ya les había autorizado “las manifestaciones de impacto ambiental” a varios de los concesionarios que cometieron la ilegalidad de extraer arena sin cumplir con la ley ambiental durante varios años
El desprecio de Lichtinger
El 12 de julio de este año se le solicitó oficial y formalmente al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, realizar una consulta publica “de las manifestaciones de impacto ambiental con respecto a los proyectos de extracción de materiales pétreos” en Baja California de 19 personas físicas y morales ligadas a la extracción de arena
A través del oficio SGPA/DGIRA/DG/00319, con fecha del 17 de julio de 2002, pese a que fue entregado hasta el 2 de agosto a la Cámara de Diputados del Congreso Federal, como lo constata el sello de recibido que se puso al documento, Martín Quijano Pouiman, director de impacto ambiental de la Secretaria a cargo de Lichtinger, acordó “no llevar a cabo la consulta publica para los proyectos de referencia, ya que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable”
Agrega además que “la consulta de la manifestación de impacto ambiental de los proyectos en comento, podrán llevarla a cabo en horas y días hábiles en las oficinas centrales de esta dirección general de impacto y riesgo ambiental” En este periodo, la Semanart otorgo autorizaciones de impacto ambiental a aproximadamente 15 concesionarios ubicados en los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana
Las cartas a Fox
Frente al peligro ecológico que corre el estado de Baja California por el desmesurado e ilegal negocio de la arena de exportación y la negligencia de la autoridades estatales y federales, el 12 de septiembre la comunidad afectada entrego 900 cartas a Los Pinos solicitando la intervención del presidente Fox “para que la SEMARNAT tome en cuenta, mediante consulta publica formal, la opinión de nuestra comunidad antes de autorizar las manifestaciones de impacto ambiental para la extracción de arena en los arroyos de Ensenada” A la fecha, la Semarnat no ha realizado ninguna consulta publica para informar a la población bajacaliforniana sobre el impacto ambiental de la extracción de arena en la entidad
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