* Al menos nueve comunidades se declaran en resistencia
Tuxtla Gutiérrez, Chis , 19 de marzo (apro)- Indígenas de nueve comunidades asentadas en territorios de la selva Lacandona y agremiados en la Unión de Comunidades Indígenas de la Selva Chiapaneca (Ucisech-Xi´nich), se declararon en resistencia y advirtieron que no abandonarán las tierras que les pertenecen
En un extenso comunicado, rechazaron todo intento del gobierno por desalojarlos o ser reubicados en otra región del estado, pues estas tierras vieron nacer a muchos de sus hijos en los últimos 20 años y “estas tierras los verán morir”
Representantes de las comunidades de Nueva Reforma, Nuevo Betel, Nuevo Progreso, Nuevo Tumbalá, Lázaro Cárdenas, Nuevo Jerusalén, Nuevo Tila, Nuevo Pedregal y Nuevo Mariscal, se reunieron para acordar estrategias que impidan los intentos del gobierno por desalojarlos de la selva Lacandona
Estas comunidades están amenazadas de ser desalojadas por indígenas lacandones beneficiarios de un decreto presidencial que les dio más de 600 mil hectáreas de tierras
Ahora, los indígenas señalan que durante más de 20 años de estar en posesión de la tierra y varios intentos de negociación, las autoridades federales y estatales no han ofrecido garantías jurídicas sobre la tenencia de sus parcelas, a pesar de que tienen, desde entonces, el legítimo derecho
“A lo largo de estos 32 años –se quejaron–, desde el decreto de Echeverría hasta hoy, sólo hemos recibido de las autoridades federales, estatales y locales: limosnas, migajas, desalojos, reubicación, burlas, engaños y amenazas”
Precisaron que son pueblos originarios mayas: “Aquí nacimos y aquí moriremos; no aceptamos que nos sigan llamando comunidades ‘irregulares’, tampoco somos pueblos invasores, y no aceptaremos diálogos que no se concreticen en compromisos y acuerdos serios”
Exigieron a la representante especial de la Secretaría de la Reforma Agraria, Martha Cecilia Díaz Gordillo, que asuma su responsabilidad y compromiso de agilizar los trámites pertinentes, que tome en cuenta los antecedentes de este conflicto y los datos recabados recientemente por las brigadas, para lograr la tenencia de la tierra mediante una resolución presidencial
Solicitaron a las autoridades federales y estatales una solución inmediata a su demanda, ya que de no hacerlo “estarían propiciando situaciones que podrían desembocar en conflictos intercomunitarios lamentables”, de lo cual responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal
“No más amenazas ni presión tanto de los comuneros, como los subcomuneros de Palestina y Frontera Corozal; queremos que nos traten como personas y nos respeten como iguales, tenemos los mismos derechos como pueblos indígenas, merecemos justicia y dignidad Queremos vivir en paz y armonía en nuestras comunidades”, solicitaron los campesinos
Para rematar declararon tajantemente: “Nos declaramos en resistencia y seguiremos en posesión de la misma cantidad de tierra que solicitamos desde hace más de 20 años Reivindicamos nuestro derecho a la tierra Por antigüedad y posesión dejan de ser de los bienes comunales, porque así lo determinan los resultados realizados del mismo convenio, arriba mencionado”
Apelaron a respetar el Convenio 169 de la OIT ratificado por el gobierno mexicano en 1990, que en su artículo 14, párrafos 1 y 2 dice:
“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre sus tierras que tradicionalmente ocupan”
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