Bogotá, 27 de noviembre (apro) – El 6 de noviembre de 1985 a las 11:40 de la mañana, cerca de 35 guerrilleros del M-19, comandados por Andrés Almarales, irrumpieron en la más importante sede de administración de justicia en Colombia: la Corte Suprema; allí se encontraban alrededor de 500 personas entre magistrados, funcionarios y visitantes ocasionales Los primeros en morir por las balas del grupo subversivo fueron los vigilantes Eulogio Blanco y Gerardo Díaz, así como el administrador Jorge Tadeo Mayo, quien de manera infructuosa trató de buscar refugio
En ese momento se llevaba a cabo un debate sobre la constitucionalidad de la Ley Aprobatoria del Tratado de Extradición con Estados Unidos Los ponentes eran los magistrados Manuel Gaona, Carlos Medellín y Alfonso Patiño Aunque la ley había sido sancionada en 1981, hasta el 30 de abril de 1984, luego del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el presidente Belisario Betancur decidió poner en práctica la extradición de narcotraficantes
Después de matar a los celadores y al administrador, los guerrilleros se dirigieron al costado oriental del cuarto piso, donde funcionaban las salas Penal y Constitucional (que sesionaba en ese momento con los debates de Gaona, Medellín y Patiño), ambas relacionadas con el tema de la extradición Allí llamaron por sus nombres a los magistrados a quienes el grupo guerrillero denominó “rehenes fundamentales”
A raíz de la decisión presidencial de extraditar a los narcotraficantes, los magistrados de la Corte Suprema habían comenzado a recibir amenazas de capos conocidos como Los extraditables, en ellas condicionaban la vida de los altos funcionarios de la justicia a la declaración de inconstitucionalidad de la ley que aprobaba la extradición Incluso, días antes de la toma del Palacio, los medios de comunicación habían advertido sobre la posibilidad de que el M-19 realizara un operativo de esas características
La Comisión de la Verdad delegada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, asegura en su informe del pasado 15 de noviembre que sí hubo complicidad entre el M-19 y el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar
“En los años de 1984 y 1985 miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, lo que no fue compartido por otros miembros del grupo subversivo”, dice en el informe
No es casualidad entonces que los “rehenes fundamentales” fueran precisamente quienes tendrían incidencia sobre la declaración de constitucionalidad de la Ley de Extradición: “Tanto en la proclama del M-19, como en la demanda armada, al producirse la toma uno de los puntos principales que se mencionan es el tratado de extradición con Estados Unidos”, explica el documento
Ésta era una sospecha que había dejado abierta el lugarteniente de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, quien declaró a la justicia, hace un año, que el capo pagó dos millones de dólares para que el M-19 tomara el Palacio y quemara los expedientes de los denominados “extraditables” También lo aseguró el asesinado líder paramilitar Carlos Castaño, en su libro Mi confesión
“El holocausto”
A las 13:00 horas el M-19 tenía un total de 30 rehenes en el cuarto piso Los escoltas habían agotado sus municiones en el cruce de balas con la guerrilla En la Sala Penal se hallaban en sus despachos los magistrados Fabio Calderón Botero, Alfonso Reyes Echandía (presidente de la Corte Suprema de Justicia), Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria Al otro costado, en la Sala Laboral, Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco Correa y Nemesio Camacho Rodríguez
El M-19 no accedió a la entrega voluntaria que le propuso el gobierno nacional por vía telefónica, a través del director general de la Policía Nacional, el general Víctor Alberto Delgado Mallarino
“El júbilo fue mayúsculo entre los guerrilleros cuando encontraron al presidente de la Corte, y con vivas al M-19 y al comando “Iván Marino Ospina”, lo llevaron a la oficina del doctor Pedro Elías Serrano Abadía, junto con otros siete magistrados y otras personas Para ese momento la fuerza pública ya había penetrado por la carretera octava con los tanques y por la puerta principal se hacía lo mismo, por lo que en los primeros pisos había un impresionante cruce de disparos y estallido de cañones y granadas”, describe el informe
El presidente Belisario Betancur decidió que la Fuerza Pública recuperara a sangre y fuego el Palacio de Justicia con el objetivo de aniquilar al enemigo Al mando del coronel Alfonso Plazas Vega, tres de los nueve tanques de guerra dispuestos por el Ejército ingresaron de manera abrupta al recinto Se utilizaron subametralladoras MP-5, granadas de fragmentación y fusiles G-3, todos ellos, según el informe de investigación, de gran poder letal e inusual en combates urbanos similares
Los magistrados que habían logrado esconderse en sus oficinas tuvieron que salir agobiados por las llamas y el humo, y fueron obligados a unirse al grupo de rehenes
Betancur ya no estaba dispuesto a negociar, y esto se hizo evidente ante las súplicas no escuchadas del presidente de la Corte, Reyes Echandía, quien, tal como lo relata el documento de la Comisión de la Verdad, intentó comunicarse por teléfono desde el Palacio con el primer mandatario; pero este último delegó al comandante de la Policía, Víctor Alberto Delgado Mallarino, amigo personal del magistrado, para que contestara el llamado: “Nos van a matar Víctor Alberto Ustedes no pueden permitir que nos maten”, le dijo Reyes al alto oficial
Según los testigos consultados por la Comisión, Reyes Echandía gritaba de manera insistente: “Por favor, no disparen, somos rehenes, les habla el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenemos heridos, necesitamos a la Cruz Roja” Sin embargo, sus ruegos fueron respondidos con ráfagas de ametralladoras y rockets por parte de la fuerza pública
El magistrado se comunicó también con el diario El Tiempo y de manera angustiosa dijo: “Estamos en un trance de muerte, ustedes tienen que ayudarnos Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan
Ellos no entienden Nos apuntan con sus armas Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo
Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes
He tratado de hablar con todas las autoridades He intentado comunicarme con el señor presidente pero él no está No he podido hablar con él”
Un testigo relató: “El doctor Gaona (Manuel Gaona Cruz, magistrado de la Sala Constitucional) pedía hablar con Almarales (quien comandaba al grupo del M-19) le pide en varias oportunidades que se rindan que él quiere ver a su hijo o hija, era un bebé, y le pedía por favor que le permitiera ver crecer a su hijo Almarales gritaba y le decía cállese magistrado Luego recuerdo, cuando nos tienen a todos sentados en el piso, el doctor Gaona vuelve a decir lo mismo y vuelve a pedirle pero sentado en el piso, y luego, no sé, me decía un compañero que le había disparado Almarales, y que la sangre que brotó le había caído en la camisa”
Excesos militares
Según el informe de la Comisión de la Verdad: “Al final no se supo cómo murieron los rehenes y guerrilleros del cuarto piso: se desconoce quiénes fallecieron antes de que las llamas lo consumieran todo, porque de este grupo no sobrevivió una sola persona La gran mayoría de los cuerpos se encontraron desmembrados, mutilados, calcinados y por lo menos tres de los magistrados: los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”
Según el concepto del juez 30 de Instrucción Criminal: “se deja entrever que las muertes de algunos rehenes fue provocada en forma directa por la acción de las fuerzas armadas Se denota, de acuerdo con el contenido procesal, que no hubo un ánimo de proteger las vidas de los rehenes y civiles indefensos ajenos al conflicto, ni mucho menos de sobreponer su seguridad física por encima del afán de sometimiento de las fuerzas rebeldes que resistían”
Pero la peor incertidumbre la han tenido durante 21 años las familias de 11 víctimas que habrían salido ilesas del holocausto, pero que nunca llegaron a sus casas Según declaró a los medios el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, después de escuchar testimonios, practicar inspecciones a los antiguos procesos, examinar videos y fotografías, concluyó que varias personas salieron vivas, entre ellas el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera (quien fue visto en un video) y 10 de sus empleados
Incluso figura la desaparición de la guerrillera Irma Franco, quien logró salir camuflada entre varios civiles Franco fue identificada por rehenes y hasta fotografiada No obstante, después de subirse a una patrulla militar, nunca volvió a aparecer
René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, también desaparecida y quien trabajaba temporalmente como cajera de la cafetería, asegura que hay un video y fotos de su hermana saliendo con vida del Palacio y custodiada por miembros del Ejército
Según Guarín, por la desaparición no sólo debe responder el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, entonces jefe del Servicio de Inteligencia de la Decimatercera Brigada del Ejército, quien ya fue capturado y deberá rendir indagatoria ante el fiscal investigador, sino también los altos mandos que dirigieron la operación como el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Decimatercera Brigada y el coronel en retiro Alfonso Plazas, quien se desempeñaba como comandante de la Escuela de Caballería del Ejército y dirigió la operación
La investigación muestra que muchos de los civiles que salieron del Palacio fueron conducidos al Cantón Norte del Ejército “Los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matzon, fueron sometidos a tratos crueles en instalaciones militares La primera a actos gravemente degradantes de la libertad y dignidad de cualquier mujer”, señala el texto
También concluye que militares incineraron algunos cadáveres, otros fueron lavados con mangueras y cambiados de lugar, se les quitó la ropa, destruyeron huellas y eliminaron valiosas pruebas: “Los cadáveres fueron conducidos de manera desordenada y apartada de elementales normas técnicas a medicina legal, donde tampoco se permitió realizar la totalidad de las necropsias, ya que se impartió la orden de trasladarlos a fosas comunes”
Sobre la responsabilidad que le cabe al entonces presidente Belisario Betancur, la Comisión dice que no mostró intención real ni efectiva de tratar de salvar la vida de los rehenes Además, que estuvo ausente y al margen de los operativos de la Fuerzas Militares, contrario a lo que debió hacer en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares
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