México, D F, 16 de julio (apro)- Solamente hasta que pasaron los comicios presidenciales del 2 de julio fueron reactivadas las investigaciones en torno al avión DC9 detenido hace tres meses en Campeche con un cargamento de cocaína De acuerdo con fuentes cercanas a la averiguación, ese compás de espera formó parte de una estrategia del gobierno federal para ocultar la presunta implicación de altos mandos de la PFP en el narcotráfico, revela la revista Proceso en su edición 1550 que circula a partir de hoy, domingo 16
Altos mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) podrían estar implicados en una de las más grandes operaciones de narcotráfico en este sexenio: el cargamento de cinco toneladas de cocaína que llegó el pasado 9 de abril al aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, a bordo de un avión DC-9, procedente de Venezuela, y que puso en evidencia la utilización de la red aeroportuaria del país al servicio de los carteles de la droga
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/071/2006, agentes de la PFP realizaron diversas maniobras al menos en los aeropuertos de Toluca, Estado de México, y de Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de sobornar a efectivos militares, policías fiscales y autoridades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a fin de que a su arribo el avión cargado con droga no fuera revisado
De acuerdo con datos del expediente, dicha aeronave ya había realizado otros vuelos de Sudamérica hacia México con cuantiosos cargamentos de droga que, presuntamente, pertenecían al cártel de Sinaloa, la poderosa organización que encabeza el llamado “capo del sexenio”, Joaquín El Chapo Guzmán
En vísperas de las elecciones del 2 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) cerró todos los caminos a los abogados que pretendieron conocer la averiguación previa y el contenido de las acusaciones contra sus clientes arraigados
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