La baja de cientos de militares durante el gobierno de Vicente Fox por ser portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) amenaza con revertírsele a las Fuerzas Armadas y tener efectos en toda la administración pública, así como en el resto de los empleados mexicanos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó recientemente que, salvo en casos graves, quien tiene el virus no está imposibilitado de trabajar, dice el reportaje que publica Proceso este domingo 19 de marzo
El Ejército, que maneja dobles cifras sobre los militares despedidos por ser portadores del VIH, por lo pronto ya tomó provisiones y, en una comunicación interna de apenas el mes pasado, ordenó a los responsables de sus unidades militares mantener la ayuda médica y reubicar en labores administrativas a los elementos que padecen el síndrome, en tanto se define si la baja procede
La decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se derivó del acatamiento a una resolución de la Segunda Sala de la SCJN, adoptada en una sesión privada el pasado 20 de enero El criterio, que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, establece que se concederá la suspensión temporal de la declaratoria de procedencia de retiro cuando algún miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se ampare contra la baja por ese motivo
La resolución es apenas un primer aviso de la Corte ante la violación a los derechos humanos que representa la baja de uniformados por estar infectados con el virus El máximo tribunal del país está por resolver siete amparos de elementos del Ejército que alegan la inconstitucionalidad de la actual y anterior Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), en las cuales se estipula la baja por ese motivo La ley anterior, vigente entre 1976 y 2003, no se refería en particular al VIH, pero sí a las deficiencias del sistema inmunológico
La baja es considerada como violatoria de las garantías individuales por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la cual elementos del Ejército y la Marina han interpuesto 48 quejas Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha abierto cuatro investigaciones por discriminación, tanto en el Ejército como en la Marina, destaca Proceso en su edición de este domingo 19 de marzo
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