Chihuahua, Chih , 30 de agosto (apro-cimac)- Desesperada, sin recursos ni conocimiento del laberinto legal, la familia de Lupita, la adolescente de trece años que fue embarazada por la violación el pasado 5 de agosto, se encuentra atada de manos para interrumpir legalmente el embarazo de la joven, debido al vacío legal que existe en la legislación estatal
Aun cuando la interrupción legal del embarazo en casos de violación está prevista en el Código Penal de Chihuahua, no hay un reglamento que indique a qué instancia le corresponde realizar el trámite y, por lo tanto, ni la Procuraduría de Justicia del estado ni el Poder Judicial se atreven a autorizarlo
El delito ocurrió en Meoqui, cuando Lupita –nombre ficticio– cuidaba a sus hermanos más pequeños Según lo que la pequeña narró a su mamá y a un tío, el hombre que la agredió no es de la región, es uno de los que llegan de fuera y se dedican a traer trabajadores inmigrantes del sur del país
De acuerdo con la declaración ministerial que hizo la familia, el hombre llegó a la casa de Lupita y ella salió a ver qué se le ofrecía, pero el sujeto la agarró del cabello, la arrastró y la llevó hasta una bodega que está cerca, le quitó la ropa y la violó
Debido a que se le dificultaba interponer la denuncia, la familia solicitó la intervención de la regidora Chayito Ruiz, quien la canalizó al Centro de Derechos Humanos de la Mujer en la ciudad de Chihuahua
Además de la atención psicológica que brinda a la pequeña, el Centro asesora legalmente a la familia Lucha Castro, directora del Centro, acudió ayer a la Procuraduría de Justicia del estado y al Supremo Tribunal de Justicia a plantear el caso y a solicitar ayuda urgente, pero ninguna de las dos instancias le resolvió
“Se echan la pelotita y nadie resuelve nada”, criticó molesta la abogada después que habló con Edith Garza, quien la atendió en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, y con José Chávez Aragón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia
Edith Garza le dijo que sólo un juez puede autorizar la interrupción del embarazo, pero Chávez Aragón le aclaró que no es así y le indicó que, en todo caso, le corresponde al Ministerio Público
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia explicó a Lucha Castro que el Código Penal sí contempla el aborto legal en caso de violación, pero no hay un reglamento que indique a qué instancia le corresponde el trámite, por lo tanto nadie se atreve a autorizarlo
Lucha Castro asegura que el Ministerio Público ha sido negligente desde que la familia interpuso la denuncia Dice que el agente que entrevistó a la niña lo hizo en tono amenazante, preguntándole si estaba segura que la violaron, haciéndole la advertencia que si mentía, iría a la cárcel
“Esa no es forma de tratar a una niña y menos que acaba de ser violada, no se vale tanta prepotencia”, señaló la abogada
Agregó que cuando el tío reclamó el mal trato al agente ministerial, éste le contestó que con el nuevo sistema de justicia penal no importa la edad de las víctimas
Además, el Ministerio Público no le hizo caso a la familia cuando ésta suplicó que detuvieran al agresor antes que pasara el término de la flagrancia
Prepotencia e imprecisión
Por si fuera poco, Lucha Castro informó que el médico legista Moisés Silva Rangel, de Delicias, hizo mal el certificado Le cambió el nombre y la edad a Lupita, de manera que ahora el Ministerio Público tiene problemas para consignar el caso
Según la versión de la regidora, Chayito Ruiz, el médico no quería trasladarse de Delicias a Meoqui para revisar a la pequeña Dijo que lo hizo prácticamente a fuerza y sólo cuando sus superiores se lo ordenaron En el certificado, el médico indica que la niña sí tuvo penetración vaginal, pero no puede precisar cuándo
“Lástima que esos profesionistas son los que están en el Ministerio Público, que además de prepotentes son negligentes”, denunció Castro
La abogada acusó al galeno de no informar debidamente al sector salud, como lo indica la Norma Oficial Mexicana 190 Según ésta, todos los casos de violación deben remitirse al sector salud para que hagan tres pruebas inmediatas: Para detectar VIH, infecciones de transmisión sexual y embarazo
Si Lupita hubiera sido canalizada al sector salud de inmediato, le hubieran dado la píldora del día después y hubiera evitado el embarazo, dijo Castro
Ante las trabas que está encontrando, la abogada contempla trasladar a la niña al Distrito Federal para que le practiquen allá la interrupción legal del embarazo
El problema son los recursos, porque la familia de Lupita es muy pobre y no tiene dinero para cubrir el pasaje
A Lucha Castro le parece inaudito que por el vacío legal que existe, ni la Procuraduría de Justicia ni el Supremo Tribunal de Justicia se responsabilicen de un caso tan grave
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