Monclova, Coah , 13 de julio (apro-cimac)- Las mujeres de Castaños violadas por elementos del Ejército Mexicano suspendieron dos días 10 y 11– sus labores en la zona de tolerancia donde trabajan, en demanda de justicia al cumplirse un año del ataque del que fueron víctimas
En agosto del año pasado, ocho soldados de los 12 reconocidos por las víctimas de agresión sexual fueron entregados por la Procuraduría Militar y recluidos en el penal de Monclava El proceso concluirá cuando el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, dicte la sentencia entre el 12 y 19 de agosto próximo, luego de analizar las 19 mil fojas que conforman los expedientes contra los exsoldados
Luego de la agresión sexual la madrugada del 11 de julio del 2006, que las autoridades municipales y estatales “confundieron” con un posible “ataque de Los Zetas” –lo que habría impedido la intervención policíaca–, las mujeres agredidas han enfrentado la presión social, miedo, crisis nerviosas, persecución y amenazas; afectaciones físicas como lesiones, infecciones, un aborto y el nacimiento de una niña en febrero pasado
Han pasado casi 365 días de una violación que marcó sus vidas para siempre, afirman las mujeres agredidas
Sandra de Luna González, representante legal de las víctimas, sostiene que si el juez Huerta Rodríguez ha planteado a la opinión pública la posibilidad de una sentencia condenatoria, “es porque tiene los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad en los hechos”
Recuerda que el mismo juez ha dictado sentencias en delitos de violación donde no hay testigos “Ahora cuenta con pruebas y los testigos que presenciaron este delito de aberrante hecho contra las trabajadoras de Castaños”, por lo que tiene los medios suficientes para dictar las sentencias condenatorios para los ocho exsoldados
La abogada considera las confrontaciones de las mujeres con sus agresores, la ampliación de declaraciones testimoniales y los careos favorecieron a sus defendidas
Explica que cada una de las víctimas identificó a su agresor de manera directa de entre seis personas más, las cuales reunían características físicas parecidas “Las muchachas no duraron en ningún momento en hacer el señalamiento directo”, afirma
La ampliación de declaraciones, agrega la abogada, permitió a las mujeres de Castaños incluir las omisiones de algún detalle que se les hubiera pasado durante la averiguación previa; pero “lo más determinante” fueron los careos, donde las víctimas “sostuvieron cara a cara con sus agresores que efectivamente existió abuso de autoridad”
Errores y amenazas
Sandra de Luna afirma que durante el proceso se cometieron varios errores, como la liberación de Héctor Méndez de la Cruz, quien fue detenido el 25 de enero y liberado en menos de una semana Éste habría sido el militar número nueve detenido por las autoridades, por lo que otros tres permanecen prófugos
Explica que el juez Huerta Rodríguez no aplicó todas las medidas de apremio para la afectada, quien no se presentó a la diligencia correspondiente debido a su estado emocional crítico, situación que la representación legal informó mediante un dictamen psicológico, pero el juez ya había dictado auto de libertad a Héctor Méndez de la Cruz, tras escuchar el testimonio de un superior jerárquico, quien “lógicamente beneficiaría al militar”
Tras un amparo, la magistrada del Tribunal Unitario de Distrito con residencia en Monclova, Martha Elena Aguilar Durón, determinó que, efectivamente, el cuerpo del delito sí estaba acreditado, pero era necesario acreditar la responsabilidad penal, es decir establecer si efectivamente Héctor Méndez de la Cruz había estado en la zona de tolerancia de Castaños la madrugada del 11 de julio
Cuando la representación legal solicitó de nueva cuenta la confrontación entre la agredida y Méndez de la Cruz, así como otros testigos, ésta “había desertado del Ejército el mismo día que lo habían dejado en libertad”
La vida de las 14 mujeres cambió de manera radical desde que fueron agredidas sexualmente Por un lado, dice la abogada De Luna González, estas mujeres se sujetaron al escrutinio público y a una sociedad que, en un principio, cuestionó la responsabilidad de ellas en el ataque de los militares, pero a lo largo del año las cosas fueron cambiando Hoy la sociedad “aplaude” su valor y decisión para denunciar los hechos el mismo día en que ocurrieron, agrega
“A lo largo del camino –dice refiriéndose a 365 días del ataque sexual–, hemos enfrentado amenazas, no sólo las afectadas, sino también en mi persona Hemos visto con tristeza cómo estas amenazas provocaron que en marzo pasado al menos dos de las afectadas se retractaran, pero, sobre todo, hemos visto crecer a esas mujeres que siguen demandando justicia
Tres de las mujeres violadas han sufrido en mayor medida esta persecución y amenazas Primero unos desconocidos se presentaron a sus casas para ofrecerles dinero, hasta 30 mil pesos para que otorgaran el perdón a los soldados involucrados
Cuando ellas se negaron empezaron las persecuciones, las medidas de presión y hasta los insultos, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas precautorias para una de ellas
Incluso hace tres semanas se repitieron los actos intimidatorios, cuando una camioneta color rojo, tipo Range”, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, estuvo varias horas en la calle frente a la casa de una de las víctimas, pero “cuando la policía llegó, ya se habían ido”
La denuncia interpuesta por esta persona es clave en el desenlace de algunos de los expedientes, explica la representante legal, ya que se trata de una de las mujeres violadas por seis militares y que implica a dos soldados que ninguna otra ha señalado: Ángel Niño y Casimiro Hernández
Una mañana, Sandra de Luna fue visitada por dos hombres quienes le advirtieron que tuviera cuidado, porque como ella “salía mucho a carretera le podía pasar algo”; con una sonrisa en el rostro se concretó a contestar: “No se preocupen, si salgo a carretera les aviso para que me pasen los viáticos”
El 8 de marzo pasado, la vocera del obispado de Saltillo, Jackie Campbell Dávila, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado, luego de que una de las víctimas que se retractó de sus declaraciones, habría declarado ante el juez que la comunicadora le había dado dinero para que acusara a los soldados
Cuatro meses después, Campbell señala que nada ha sabido de su denuncia, que las autoridades no han llamado a declarar a la ahora supuesta “no” víctima de los soldados, pero apunta que nadie ha investigado cuáles son las razones que llevaron a esa mujer a retractarse de los hechos
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